La exconsejera Martínez-Cachá, investigada por la tubería de la Marina del Carmolí

Adela Martínez-Cachá, exconsejera de Agricultura y Medio Ambiente y posteriormente de Educación de la Región, tendrá que declarar ante el juez como investigada por firmar unas obras hidraúlicas que se llevaron a cabo de forma presuntamente irregular en 2016 en el Mar Menor.

Fuentes cercanas confirmaron a este periódico que el juez Ángel Garrote llamará a declarar a la exconsejera del Partido Popular en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia en los próximos días.

Martínez-Cachá impulsó la construcción de una tubería desde la estación de bombeo de la desembocadura de la rambla Albujón y que atraviesa el espacio protegido de la Marina del Carmolí hasta otra tubería de la Comunidad de Regantes de Arco Sur situada cerca de Los Urrutias. La intención del Gobierno regional con esta tubería era llevar los vertidos de salmueras contaminadas de nitratos hasta la desaladora de los regantes de Arco Sur situada en Cabo de Palos, en lugar de que fueran a parar al Mar Menor. De este modo, esta comunidad de regantes se quedaría con el caudal desalinizado, mientras que la salmuera se vertería al mar Mediterráneo, que es Red Natura también.

Esto se hizo sin el necesario procedimiento de declaración de impacto ambiental, a pesar de que así lo hizo constar la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad en un informe técnico. Tampoco se tuvo en cuenta las posibles repercusiones que pudieran afectar a este espacio protegido de la Marina del Carmolí por la Red Natura 2000.

“El Gobierno regional decidió hacer un parche y decidió llevarse este caudal por esta tubería hasta que llegara a Cabo de Palos, donde se supone que se haría un tratamiento de desalación eficiente para tirar al mar el agua sobrante, mientras que el agua desalada iría a parar a la Comunidad de Regantes del Arco Sur”, señaló a eldiariomurcia Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, organización que denunció este tema ante Fiscalía.

“Las pequeñas desaladoras que emitían la salmuera a la rambla del Albujón tendrían que haber estado autorizadas y legalizadas para meterla en ese tubo. Y, a su vez, esos vertidos de salmuera al mar Mediterráneo también eran ilegales”, dijo Luengo. “Además, el agua que se desalaba tenía que ir a unos regadíos que también tenían que ser legales y que, en cambio, habían sido construidos sin evaluación de impacto ambiental. Todo el objeto de esa tubería era para actividades irregulares”, añadió Luengo.

El proyecto hidraúlico nunca llegó a funcionar y costó 1,7 millones de euros. “Se gastó ese dinero en construir una infraestructura inútil, que además no se invirtió en resolver problemas del Mar Menor y que, para nosotros, es una prueba de la política de palos de ciego de la administración regional con respecto a la laguna”, añadieron desde Ecologistas en Acción.