El Gobierno de Murcia tiene un problema con que le monitoricen su actividad. Prueba de ello son las malas relaciones que se ha granjeado con los dos presidentes del Consejo de Transparencia que ha habido desde la creación de dicho organismo, en 2015. Como su propio nombre sugiere, esta entidad tiene el objetivo de fiscalizar la actividad de la Administración regional en su relación con personas, colectivos u otras instituciones, ya sean públicas o privadas. Una labor que ha resultado un quebradero de cabeza para las dos personas que, hasta ahora, lo han presidido.
El primero, José Molina, ostentó la presidencia del Consejo entre 2015 y 2020. Se fue del puesto dando un portazo, y acusando al Gobierno de Murcia de “torpedear” toda su actividad. En su rueda de prensa de despedida, Molina criticó las “malas excusas legales” frente al plan estratégico que diseñó, la intención de “laminar” su independencia y el haberle suministrado dos empleados públicos con la misión de “obstaculizar” su labor desde el interior del organismo.
La incomodidad del Gobierno regional pareció llegar a su fin con el advenimiento del nuevo presidente, el exmagistrado Julián Pérez-Templado, que fue propuesto por Ciudadanos en el parlamentos autonómico y respaldado junto a PP y Vox. Juez ya retirado, parecía un candidato afable para el gobierno conservador, dada su relación con miembros del Partido Popular: durante su etapa como magistrado fue puesta en duda su imparcialidad en diversas ocasiones por dichos vínculos, y fue apartado de la trama Púnica tras un posado robado en el que salía hablando con uno de los acusados.
Con 46 años de trayectoria profesional en la magistratura, Pérez-Templado creció en torno a la vieja guardia del PP, la que gobernó con mayoría absolutas durante 20 años (1995-2015) bajo el mandato del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, con quien guarda una estrecha relación: es íntimo amigo de su hermana y su cuñado. Un vínculo que el propio Pérez-Templado admitió hace diez años, cuando le pusieron una denuncia -que tampoco prosperó- por archivar una querella interpuesta contra Valcárcel, una decisión en la que podían haber influido los lazos personales que los unían.
La amistad entre el magistrado retirado y el propio Ramón Luis, no ha sido obstáculo para que Pérez-Templado se enfrente al Gobierno de Fernando López Miras desde su puesto como presidente de Transparencia. El magistrado jubilado ha llevado al Ejecutivo a los tribunales por no permitirle contratar a sus empleados y mantener así su “independencia orgánica y funcional”. La pasada semana, exigió públicamente que se cree un canal telemático directo entre la sociedad murciana y el organismo que dirige, y que se eviten 'filtros' a través de la Administración. Desde la Comunidad aseguran que crear esa vía de comunicación “no es legal”. No obstante, consejos de transparencia como el de Andalucía o Canarias sí tienen registro propio. “A toda institución pública le molesta que entren a controlarle. He sido juez cerca de 50 años, dejaré de saberlo” cuenta Templado en una entrevista concedida a un canal local, en la que también advierte que “hay reacciones humanas que se deben someter a la legalidad”.
Recusaciones por su estrecho contacto con cargos del Partido Popular
Pérez-Templado vio discutida su imparcialidad para juzgar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -que ostentó el cargo entre 2015 y 2017- en dos ocasiones. La primera fue en 2014, cuando la Fiscalía quería saber si al anterior jefe del Ejecutivo murciano le habían regalado parte de una vivienda que había adquirido en Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde. El exjuez decidió, en un primer momento, aplazar el asunto indefinidamente. Tuvo que interceder el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para instarle a continuar con las pesquisas, en contra del criterio del propio magistrado.
La segunda ocasión en la que se cuestionó su imparcialidad fue en marzo de 2017. Nuevamente Pérez-Templado se encontró con Pedro Antonio Sánchez imputado, esta vez en el caso Auditorio. Una fotografía desveló cómo el exjuez se tomaba unas cañas en el centro de Murcia con el político Cosme Ruiz, que había sido incorporado a la junta directiva del PP de Murcia, presidida por Sánchez. La imagen se tomó solo un día después de la declaración judicial del expresidente murciano. La nueva recusación también fue archivada, según señaló el magistrado a cargo debido a que los argumentos expuestos eran “artificiosos, infundados y carentes de rigor”.