El PP de la Región de Murcia se ha mostrado muy escueto ante la condena al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel, 17 de inhabilitación especial para cargo o empleo público y una multa de 3.600 euros por prevaricación y falsedad en el 'caso Auditorio': “No es afiliado del Partido Popular” y “cabe recurso ante el Supremo”, manifestaron en un comunicado.
Cuando el entonces fiscal superior Manuel López Bernal presentó la querella en febrero de 2015 por las presuntas irregularidades en la construcción del teatro-auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras siendo Sánchez alcalde de la localidad a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que aspiraba a la presidencia del Ejecutivo murciano, el dirigente popular lo despachó con un “no es serio que esto llegue en un momento decisivo para la escena política regional”, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de ánimo de sus compañeros de partido. López Bernal denunció entonces “presiones” y calificó de “vergonzoso fraude” el proceso de adjudicación del complejo cultural.
Ginés Ruiz Maciá, uno de los abogados de la acusación popular, considera que se ha tratado de “trabajo bastante arduo y complejo” por el que “se recibieron en su día muchas críticas, con todo un movimiento político de apoyo al entonces presidente y de señalamiento a quienes ejercíamos la acusación”.
La obra del auditorio del municipio murciano de Puerto Lumbreras quedó “inacabada” con un 38% de las obras por concluir. Fue recepcionada en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto-, faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos. El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros tras pedirle el ex dirigente popular al arquitecto Martín Lejarraga “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” la realización del proyecto.
El delfín de Valcárcel
“En su pueblo no lo quieren nada porque lo ha llevado a la ruina”, apunta una fuente cercana a elDiario.es. El auditorio fue uno de los cinco edificios que dejó Sánchez inacabados en su etapa como alcalde lumbrerense. “Los auditorios estaban entonces de moda y era una manera de proyectarse a la presidencia de la Región”, añade.
“El dinero para esas obras salía de los remanentes que le quedaban a Hacienda en los años buenos y Pedro Antonio tenía preferencia” puesto que era el delfín de Valcárcel, quien había presidido la Región durante 20 años con cinco mayorías absolutas, a pesar de que Alberto Garre le relevó en la presidencia de la comunidad en abril de 2014 cuando se marchó al Parlamento Europeo al estar en esos momentos Pedro Antonio Sánchez imputado por una presunta irregularidad en la compra de su vivienda.
El propio Garre se daría de baja del PP en 2017 tras más de 30 años de militancia al considerar que Mariano Rajoy “enterraba la corrupción” y había permitido que Sánchez fuera reelegido presidente del PP regional mientras era investigado por el 'caso Auditorio'.
El expresidente murciano pudo hacer campaña en mayo de 2015 sin el escollo de este caso de corrupción, puesto que la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia decidió, en contra del criterio de la Fiscalía, que la querella se tramitara en el juzgado de instrucción de Lorca y al ser aforado, el antiguo dirigente popular no resultó imputado. Ganó las elecciones con 22 escaños, a falta de uno para la mayoría absoluta, por lo que pactó con Ciudadanos con el compromiso de “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.
“Aclarar” como “investigado”
Sin embargo, cuando un año y medio después la jueza de Lorca elevó el 'caso Auditorio' al TSJ al encontrar “indicios de responsabilidad penal” y el ex presidente murciano fue llamado a declarar en marzo de 2017 los populares de la Región afirmaron al unísono que se trataba de “declarar para aclarar” y que estaba siendo “investigado” y no “imputado”, lo cual se trataba de un mero cambio en la nomenclatura judicial. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo incondicional al dirigente con el hashtag #YoConPedroAntonio, entre ellos el del actual presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras,
La tensión política iba en aumento al abrir la Audiencia Nacional una pieza contra el expresidente murciano por el 'caso Púnica' por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación -de la que sería finalmente exculpado por falta de pruebas-, pero Sánchez seguía parapetado en la presidencia de la Comunidad.
Por otro lado, el 24 de marzo el PSOE de la Región presentó una moción de censura que tenía pocos visos de salir adelante ya que no contaba con el apoyo de Ciudadanos, pero la presión doblegó al líder popular, quien finalmente convocó el 4 de abril una rueda de prensa en el Palacio de San Esteban anunciando su dimisión para evitar un “tripartito” en Murcia.
Le sucedería al frente del Gobierno regional Fernando López Miras, su mano derecha, quien afirmó que “este va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez”. El jefe del Ejecutivo murciano también reconoció haber llorado al conocer la decisión de su mentor de renunciar a la Presidencia autonómica, y proclamó que “esas lágrimas se convertirán en fortaleza”. López Miras afirmó que se dejaría la piel para llevar a cabo su cometido: “Reparar una injusticia y reponer la voluntad de todos los murcianos”
Otra causa pendiente: el caso Guardería
El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.
Sánchez también resultó absuelto del denominado 'caso Pasarelas' al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.