La Fiscalía ha solicitado penas de 13 años y medio de prisión y 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de multa, al expresidente popular de la Región de Murcia y antiguo alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez (PAS) por el 'caso Guardería' por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y de ordenación contra el territorio a raíz de la construcción de una guardería y un centro de la mujer en su época como primer edil del municipio murciano.
El pasado marzo Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” las obras del auditorio municipal siendo también alcalde de Puerto Lumbreras. En aquella ocasión la pena fue de 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El fiscal Juan Pablo Lozano solicita penas de prisión e inhabilitación para otros diez acusados, entre quienes se encuentran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios responsables de la empresa Urdecon, en el momento en el que ocurrieron los hechos entre 2007 y 2010.
“Puzle de proyectos”
En el escrito de acusación enviado por el fiscal al juzgado de Lorca se acusa a los procesados de construir entonces un solo edificio con dos usos diferentes: por una parte, una escuela infantil de 0 a 3 años y, por otro, un centro de la mujer. Este edificación había sido concebida “de modo fraudulento mediante siete proyectos, algunos inicialmente incompletos, que de entiende fueron adaptándose sucesiva e independientemente a las subvenciones disponibles (concedidas entre los años 2005 y 2010)”, según reza el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. “En realidad, parece lógico que tuvo que existir un único proyecto constructivo en el que se diera forma a todo el puzle de proyectos presentados a distintas subvenciones, proyecto ocultado por los acusados”, prosigue el escrito.
En el documento presentado por Fiscalía se refleja que los acusados presuntamente trataron de conseguir “ilícitamente” dinero de distintas subvenciones con el propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público, “si bien, para ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables per se, simular licitaciones públicas, certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención, y aceptar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo destino real, más allá de ser percibido por CONSTRUCCIONES URDECON SA, resulta incierto”.
La utilización de ese “puzle de proyectos” motivó desajustes “evidentes” en cuanto a las partidas que se acometieron, la obra verdaderamente ejecutada, y la “imposibilidad manifiesta” en cuanto a su fiscalización económica, “finalidad que se pretendía, llegando a certificar como terminadas obras inexistentes como las del Centro de Conciliación”, según reza el escrito.
Por otro lado, el documento también recoge que los acusados deberán responder al sobrecoste “intencionado” de 499.110 euros -también la empresa Urdecón como responsable civil- que se ejecutó “utilizando diversas partidas fraudulentas de los proyectos objeto de acusación”.
Cinco edificios inacabados en Puerto Lumbreras
No se trata de la única obra pública sin terminar de Sánchez en el municipio murciano. El expresidente de Murcia dilapidó 12 millones de euros en cinco edificios inacabados durante su etapa como alcalde de esta localidad de 14.000 habitantes.
Tras dejar la Región de Murcia el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, adquirió una vivienda por valor de 540.000 dólares en un complejo residencial en Miami. Tan solo medio año antes, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) le concedió a Sánchez una ayuda por valor de 26.412,28 euros. Una subvención del programa de ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la COVID-19, a fondo perdido.
Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
De otro proceso, el 'caso Pasarelas', PAS fue absuelto porque el juez dejó pasar el plazo de seis meses de instrucción en procesos penales interpuesto por el gobierno del Partido Popular en 2015, en contra del criterio de jueces y fiscales. Fue el primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por su propio partido. 'Pasarelas' era una división del caso 'Auditorio', donde se investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también fue absuelto. El Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa.
Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.