Gloria Alarcón y María Marín, diputadas en la Asamblea Regional: “El activismo LGTBI es un aliado natural del movimiento feminista”

Los partidos que sustentan al Gobierno de la Nación, PSOE y UP, cierran filas con el paquete legislativo que se encuentra en tramitación parlamentaria o pendiente de los informes preceptivos. Hablamos de bajar la edad de voto a los 16 años, de la ley contra la lgtbifobia en el deporte o de las reformas que afectan a las personas con discapacidad, incluida una reforma constitucional que cambie el término “minusválido” por “discapacitado”.

Este paquete de medidas, cuyos promotores denominan como “segunda ola de leyes de la igualdad” en referencia a la primera que condujo el Gobierno del ex-presidente Zapatero, tiene como respaldo el bloque parlamentario de la investidura de Pedro Sánchez, hace tan sólo seis meses, y forma parte de la marca que la izquierda quiere exhibir para toda la legislatura.

El buque insignia de esta ampliación de derechos civiles es la llamada “Ley Trans”, un texto que nace de la redacción y el acuerdo con el activismo LGTBI y el mundo sindical y que pretende incorporar el reconocimiento legal del género sin que para ello deba concurrir la reasignación genital ni la asistencia psicológica o clínica. Un posicionamiento que deriva de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para despatologizar el tratamiento institucional a las personas transexuales. El Ejecutivo central, preguntado a este respecto durante los últimos días, ha declarado que asume como propia la totalidad del proyecto y que busca solventar las posibles lagunas de seguridad jurídica que, sobre todo, pudieran afectar a menores y a la tutela legal que sobre ellos tienen sus padres y madres.

Mientras se solventan estos aspectos, la izquierda política sí saca músculo a la hora de concluir que el activismo LGTBI es un aliado natural del movimiento feminista, y que sus caminos siempre paralelos se seguirán cruzando en el futuro porque atienden casi los mismos retos. Diputadas de primera línea, como la socialista Gloria Alarcón o la parlamentaria de Unidas Podemos, María Marín, dejan claro que en ningún momento el feminismo dejará de ocupar el protagonismo que merece en las agendas de sus partidos y que, con la misma contundencia, no cederán a los ataques que, desde la derecha, las califican como asesinas por la asistencia a las manifestaciones del 8 de Marzo.

Las reformas que salgan de las Cortes en los próximos meses tendrán su traslación a las comunidades autónomas en la medida que afectan a competencias compartidas o exclusivas de los Gobiernos regionales, como lo son la sanidad o las políticas sociales. Y es ahí donde los partidos del Gobierno estiman que vendrán los problemas para su aplicación en comunidades que, como la Región de Murcia, están gobernadas con el apoyo del fascismo. La habilitación de organismos que velen por la dignidad y los derechos civiles, como el Observatorio LGTBI, que en la Región está paralizado por la amenaza de VOX de tumbar los presupuestos regionales del PP/Cs, es una de las preocupaciones que manifiestan PSOE y UP, porque si en materia social el Gobierno está secuestrado se estaría fallando a la mayor parte de la población.

En este contexto y en plena semana de celebraciones por el Orgullo 2020, la opinión de los políticos consultados es que la mayor parte de las cuestiones que contiene el paquete de medidas mencionado han de aprobarse sí o sí y sin mayores esperas, porque tienen un retraso histórico que ya no se puede mantener. Sería así con las ya citadas cuestiones de discapacidad, pero también con la rebaja en la edad del voto, aunque desde el resto de partidos se enfríe esta posibilidad “hay que estudiarlo más”, dicen liberales y conservadores.

La hoja de ruta seguirá avanzando en cuestiones como la reparación a la víctimas de la dictadura franquista, olvidadas a juicio de las asociaciones de memoria histórica, y cuyos familiares aspiran a contar con los medios oficiales para encontrar a los desaparecidos y enterrados en las cunetas que se reparten por casi toda España, también en la Región de Murcia. Según el Ministerio de Justicia, existen seis fosas en nuestra comunidad, en las localidades de Murcia, Cartagena, Calasparra, Mazarrón, Ceutí y Totana.

Todas las fuentes consultadas a ambos lados del hemiciclo dan por seguro que la legislatura se completará y que las elecciones vascas y gallegas del 12 de Julio, y las catalanas que se esperan a lo largo de 2020, no cambiarán la relación de poder entre el Gobierno y sus socios, por tanto, tampoco cambiarán en exceso los discursos en los parlamentos autonómicos, como la Asamblea Regional. Cuestión distinta es el posicionamiento de Ciudadanos, que desde la llegada de Arrimadas a su presidencia, ha virado hacia el encuentro y apoya, aunque no decisoriamente algunas de las medidas del Ejecutivo. En los resultados de los comicios que están por venir, la formación naranja espera una catástrofe porque, según afirman, el relevo de Rivera y la situación de la pandemia han producido que no les dé tiempo material a reaccionar y cambiar el rumbo de las encuestas de voto.

En otro ámbito se sitúa el PP, que caerá en Cataluña y Euskadi y que se enfrentará a un problema de su estructura nacional con el casi seguro triunfo de Feijoó en Galicia. Abiertamente contrario a las tesis aznaristas de Pablo Casado, el presidente gallego prepara la sucesión (es su cuarta legislatura) para su comunidad y precisa el cronograma para dar el salto a la política nacional, probablemente justo después de las generales de 2023. Aislados en el discurso social, los populares ya solo votan con la ultraderecha en el hemiciclo y esto tiene un alto coste para la imagen pública de sus dirigentes, también los regionales, cuando se afanan en presentar planes de reconstrucción y campañas de reactivación que dependen como en la Región, casi en exclusiva, de los fondos que envía el Gobierno central.

Los próximos días, inmersos en el reconocimiento de la lucha por la diversidad, veremos una exhibición de fuerza y claridad en los mensajes por parte de la izquierda, aupados en el éxito de haber aprobado el Ingreso Mínimo Vital sin ningún voto en contra, con lo que podrán continuar con la agenda social. Mientras, el PP, seguirá instalado en el discurso del enfrentamiento, como prueba la publicación de los argumentarios destinados a sus cargos públicos y desvelados por eldiario.es para que azucen las muertes del covid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.