La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga la presunta malversación multimillonaria en la desaladora de Escombreras, considera que el Gobierno de la Región de Murcia y dos empresas, entre ellas Cobra, filial de ACS que preside Florentino Pérez, planificaron un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones, según aparece en un informe del ministerio público del 13 de julio al que ha accedido Vozpópuli.
Dicho informe ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que investiga el caso `La Sal´. “Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después”, señala Neira en su escrito.
Basándose en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de 29 de enero de 2018, en la cronología de los hechos y en las declaraciones de los investigados, la fiscal concluye que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.
“Apuntan a que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, aunque en realidad parecen obedecer a un diseño único, para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras”, se puede leer en el documento del pasado 13 de julio.
En el caso de`La Sal´se investigan delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.
No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añade la fiscal, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros.
Antiguos altos funcionarios imputados
Antiguos altos funcionarios imputadosEn el escrito, la fiscal pide también a la juez que investiga los hechos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que llame a declarar como imputados al director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hidromanagement S.L, Cristóbal González Wiedmaier.
El ministerio público también solicita la citación como imputados de los integrantes de la empresa pública murciana Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como del empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL, y a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A.