El dossier del veto parental se está convirtiendo en la Región de Murcia en un auténtico galimatías. A pesar de que hace menos de una semana el presidente del Ejecutivo murciano aseguraba que “si hay que reformar decretos, se hará, en aras de una mayor coordinación”, ha matizado sus palabras este martes por la mañana y ha asegurado a la Cadena Ser que el veto parental no terminará en la forma jurídica de un decreto ley. No ha negado la posibilidad de que la instrucción evolucione como decreto de la Consejería de Educación o como una orden.
Fuentes de presidencia han confirmado a eldiario.es Región de Murcia que no se va a producir ninguna modificación del decreto ley de currículo de 2014, tal y como ha exigido Vox para la aprobación de los presupuestos regionales al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. “No tiene sentido hacer ninguna reforma legal. Entendemos que Vox quería asegurarse la garantía de que los padres pueden autorizar que sus hijos no asistan a determinadas actividades y ya lo tienen con la instrucción. Ahora sencillamente se va a homogeneizar el contenido de la autorización para que no haya diferentes versiones en los centros educativos de la Región”, han apuntado.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, lanzaba un mensaje este lunes al Gobierno murciano y le daba un mes de plazo para “restaurar la legalidad”, lo que se traduciría según la ministra en retirar el veto parental. En caso contrario, ha amenazado con recurrir la medida ante los tribunales.
Desde presidencia del Gobierno murciano han hecho hincapié en la libertad de los padres para decidir sobre el contenido educativo que sus hijos reciben en los colegios e institutos. “Por ejemplo, si hay un padre musulmán que no quiere que su hijo asista a una actividad que explique la historia de la Semana Santa en España, lo puede hacer o, también, si otro progenitor no quiere que su hijo asista a una charla sobre la caza como elemento para regular las especies”, han señalado.
El presidente murciano ha insistido en la Cadena Ser en que no tiene intención de retirar 'pin parental'. “No vamos a retirar la autorización familiar que es como lo llamamos. Sánchez está acostumbrado a negociar hasta la ruptura de España, pero nosotros no vamos a negociar la libertad de los padres”. Y aunque ha querido atribuirlo como uno de sus compromisos electorales, lo cierto es que aparece en el primer punto de las exigencias que planteó Vox al Gobierno de Murcia para darle su apoyo y poder sacar adelante las cuentas de la Comunidad.
El dirigente murciano ha reconocido, sin embargo, que la medida no se sustenta en denuncias previas por parte de los padres de los alumnos y ha dicho que no tiene constancia de que se hayan producido estas denuncias ni que se haya producido “adoctrinamiento” en las aulas de la Región de Murcia. “Ahora no sabría decirle, que a mí me conste no hay ninguna denuncia”.
La instrucción actual de la Consejería de Educación y sobre la que ha emitido un requerimiento el Ministerio establece que se dará conocimiento a las familias sobre las actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo “además de por las vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos en las mismas”.
A principio de curso, Raimundo de Los Reyes, representante de la Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria de la Región, presentó recurso ante esta instrucción a la Consejería de Educación. “Pedimos que se derogase porque entraba en contradicción con el decreto del currículo, pero interpretaron que no es así y no admitieron el recurso; en cualquier caso esta es una instancia muy primaria y parece que los servicios jurídicos del Ministerio lo han visto de otra manera”.
La instrucción “se ajusta a la normativa vigente”
En su respuesta al recurso de la Asociación de Directores de Secundaria, el Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional consideró que las instrucciones de la Consejería se ajustaban a la normativa vigente. Y el Servicio Jurídico de la Secretaria General refirió que los órganos administrativos superiores pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes, y que las instrucciones no se insertan en el ordenamiento jurídico por lo que sus efectos se reconducen a la esfera interna de la administración.
Raimundo de los Reyes insiste en que la instrucción de septiembre “solo habla de que los tutores informarán a los padres y no se especifica en un sentido imperativo, sino en que los padres mostrarán su acuerdo o no; otra cosa es hacia donde han querido redirigirlo, yo creo que son conscientes de que hay unas normas en contradicción con otras”.
Siempre ha existido, reclama, el derecho de los padres a expresar su queja, reclamar o denunciar “si alguna actividad les ha parecido aberrante o ilegal; pero ahora se quiere hacer a priori”.
La Plataforma Cívica Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia anunciará este miércoles movilizaciones de protesta “por el ataque al cuerpo docente por la imposición del veto parental”.