A comienzos de noviembre, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) hizo pública la regulación de la organización, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Vivienda de la Región de Murcia. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado “la incomprensible exclusión que en el mismo se ha hecho de las organizaciones sindicales más representativas”.
El Consejo de Vivienda es un órgano colaborador de la Administración regional que surge para facilitar la coordinación entre los distintos agentes relacionados con el sector de la vivienda. Entre sus funciones entran la del estudio y análisis de la evolución de este ámbito en la Región de Murcia. Sus conclusiones podrán ser utilizadas por el Consejo de Gobierno, para la planificación de su política pública en materia de vivienda.
A finales de diciembre de 2016, el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) aprobó un dictamen en el que recomendaba la inclusión de las organizaciones sindicales en el Consejo de Vivienda en función del “relevante papel que vienen desempeñando en el desarrollo de la política social de la Administración regional, como pone de relieve su participación en los consejos asesores de este ámbito”.
De esta forma, el CES también recordó que “las Organizaciones Sindicales forman parte de la Comisión Regional de la Vivienda, conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 54/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la actuación del Instituto de Vivienda y Suelo en materia de promoción pública de vivienda”.
En este sentido, UGT considera que “no está justificado que no se haya atendido esta consideración”. Por otra parte desde el sindicato critican que se hayan hecho otras inclusiones de entidades en base a las peticiones del CES que “que no ostentan ni mayor legitimidad, ni mejores razones jurídicas o de interés general que las organizaciones sindicales para participar en este órgano”.
El Secretario general de UGT de la Región de Murcia, Antonio Jiménez, considera que “la representación en dicho órgano es de suma importancia para salvaguardar los intereses y derechos de los trabajadores en un ámbito tan sensible como éste de la vivienda, cardinal para la política social de la Región”.
Antonio Jiménez recuerda “que nos asiste un cualificado derecho a la participación institucional que las organizaciones sindicales tenemos constitucionalmente reconocido y que recientemente, con la aprobación de la Ley 5/2017, de 5 de julio de Participación Institucional, encontró un reforzado respaldo legal en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma”.
UGT traslada al Gobierno Regional su “preocupación y malestar por esta indebida e ilegítima exclusión que, además, desoye tan deliberadamente una observación formulada desde el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y ha instado que se reconsidere el contenido del Decreto aprobado”.