El Gobierno regional responde sobre la tierra contaminada de El Lirio: “Es la mayor restauración minera de España”

“Ni a la Consejería que represento ni a mí nos consta que se haya utilizado ninguna tierra contaminada para los trabajos de restauración de la balsa”. El Gobierno regional ha dado este viernes las primeras explicaciones públicas sobre el sellado de El Lirio después de que este periódico desvelara el miércoles que la tierra vegetal vertida en el depósito minero está contaminada por metales pesados. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha respondido a una pregunta formulada al respecto por Podemos en el pleno de control al Ejecutivo de la Asamblea. Lo ha hecho de forma breve, escueta, sin entrar en detalles.

En un primer momento, “no nos consta” habían sido las únicas palabras de Vázquez tras la cuestión planteada por la portavoz del Grupo Mixto, María Marín. “Nos hubiésemos quedado bastante más tranquilos si en lugar de comentarnos, como siempre, que todo está bien o que no tienen conocimiento, nos hubiese mostrado usted informes, análisis, documentos técnicos que demuestren, efectivamente, de manera fehaciente, que la recuperación y el sellado de la balsa de El Lirio se ha hecho conforme a los protocolos establecidos”, ha señalado en su turno de réplica Marín.

“No da la sensación de que se haya cubierto -el depósito minero- con la tierra vegetal reglamentaria, sino con escombros y excavaciones de solares abandonados. Y con escorias o gachas, que desprenden gran cantidad de contaminantes. Estamos hablando de un posible delito ambiental, contra la salud pública y de otro atentado más contra el Mar Menor. Esto ya sucedió con el sellado de la balsa Jenny y el vertedero Los Blancos. Ahora está pasando de nuevo. Le aseguro que la justicia llegará a buen destino”, ha proseguido la portavoz morada.

Entonces sí ha encontrado una respuesta algo más extensa de Vázquez, aunque no una excesivamente detallada. El consejero de Medio Ambiente ha sacado pecho en nombre del Gobierno autonómico por el proyecto llevado a cabo en El Lirio. Lo ha calificado como “la mayor obra de restauración de una balsa de minería metálica de España”. Vázquez ha incidido en que la obra todavía no está “recepcionada”, a pesar de que los trabajos de sellado concluyeron a finales de 2024. 

Acto seguido, el consejero ha apuntado a Tragsa, la mercantil ejecutora, “una empresa pública con más de un 99% participada por el Gobierno de España”. “No vamos a recepcionar la obra hasta que tengamos la certeza absoluta de que los trabajos cumplen estrictamente con las exigencias del contrato, del encargo y la normativa ambiental vigente”. Vázquez ha asegurado, para concluir, que desde el Ejecutivo regional han “exigido a Tragsa” que ésta haga “tres auditorías por tres organismos independientes con el objeto de conocer el estado de los suelos de la cubierta”.

Juan María Vázquez ha obviado en su contestación que la Consejería de Medio Ambiente, y en concreto la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, ostentó la dirección técnica y la supervisión de las obras durante todo el desarrollo de los trabajos de El Lirio.

De hecho, ya hay una denuncia depositada en dependencias judiciales contra el Ejecutivo regional que alude precisamente a esta circunstancia. La interpuso Ecologistas en Acción en el juzgado de Cartagena en la tarde del jueves. La confederación ambientalista solicita la apertura de una investigación judicial y señala, como responsables máximos, precisamente, al Consejo de Gobierno autonómico y a la Dirección General adscrita a Medio Ambiente. Asimismo, pide que se cite como investigados a varias personas dependientes de la Consejería, entre ellas el mismo director de las obras, un técnico de Minas.

En el escrito de la denuncia, la organización ecologista hace referencia, además, y entre otras muchas cosas, a la responsabilidad que tiene la Comunidad Autónoma de autorizar que las tierras contaminadas por metales pesados que hoy yacen sobre El Lirio, que deberían estar catalogadas como material peligroso, se hayan excavado y transportado hacia el depósito minero sin cumplir la ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ni la Directiva 2008/98/CE.

La de este viernes no será la única comparecencia del consejero que tendrá lugar en la Asamblea regional para abordar esta controversia, pues el jueves el PSOE reclamó que Vázquez comparezca durante una sesión plenaria completa, de modo que éste, explicó el principal partido de la oposición, “dé explicaciones a la ciudadanía”. La formación socialista reclamó, asimismo “todos los informes técnicos relativos a la actuación que se ha realizado” en la instalación minera.

Otras asociaciones en defensa del Mar Menor, como Por Un Mar Menor Vivo, interpondrán también denuncias en el juzgado de la ciudad portuaria en los próximos días, aprovechando la personalidad jurídica de la laguna salada.

Metales pesados por encima de los niveles de referencia

La capa de tierra vegetal que fue depositada en El Lirio durante las obras, que se prolongaron durante 18 meses hasta finales de 2024, y que se encuentra en realidad contaminada por metales pesados y abarrotada de elementos tales como escorias de la fundición del plomo, trozos de asfalto, hormigón, plásticos, metales oxidados, losas o ladrillos se adquirió, según los contratos oficiales a los que ha tenido acceso esta redacción, como “tierra vegetal de primera calidad” a la mercantil González Soto S.A. Se pagó por ella un total de 313.950 euros. Dicho contrato fue sometido a un incremento económico, la única modificación contractual ocurrida en el acopio de áridos, de más de 100.000 euros a petición, precisamente, de la dirección de obras. El proyecto costó 6,2 millones de euros.

El material que ahora está en la superficie restaurada del depósito presenta valores como 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 46,4 de arsénico, 743 de zinc, 76 de cobre y 2.720 de manganeso, según los resultados obtenidos en un análisis de fluorescencia de rayos X y termogravimetría. La tierra iría a parar, cada día de lluvia y viento, de nuevo, a la rambla de la Carrasquilla y, en última instancia, al Mar Menor. El objetivo principal de las obras era evitar esa escorrentía. Los baremos superan con creces -en el caso del plomo los multiplica por diez- los Niveles Genéricos de Referencia establecidos en un estudio de la propia Comunidad Autónoma en el año 2007 para el sureste de la Región de Murcia en base al decreto 09/2005.