El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha imputado hoy a siete cargos de la Consejería de Agricultura, 24 agricultores y empresas agrícolas y seis miembros de la Confederación Hidrográfica del Segura por el caso de la contaminación del Mar Menor.
Entre los investigados (antes imputados) se encuentran el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente –Antonio Cerdá-, y los expresidentes de la CHS Fuentes Zorita y Rosario Quesada.
Se les acusa de un delito contra el Medio Ambiente, con un agravante por el riesgo de deterioro irreversible de la laguna salada. Además, también se les investiga por varios delitos de prevaricación.
Según señala la denuncia, la realidad a la que se enfrenta la justicia murciana “se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medio ambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero, y, por ende para todo el ecosistema”.
Esta situación sería consecuencia, según señala el escrito, de “una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde”.
Según señala la denuncia, la realidad a la que se enfrenta la justicia murciana “se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medio ambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero, y, por ende para todo el ecosistema”. En el escrito presentado se hace constar la numerosa normativa, tanto a nivel nacional como autonómica, que debe proteger en materia ambiental al Mar Menor y su entorno.
Pese a ello, se indica que “sorprendentemente y de forma reiterada a lo largo de los al menos últimos 15 años, ni se ha protegido el Mar Menor en los términos exigidos, ni se ha cumplido la normativa descrita en muchos supuestos”. La denuncia señala tanto a los que han ejercido “la principal actividad agrícola contaminante”, como a las máximas autoridades “competentes en velar por su correcta aplicación”.
Campo de Cartagena: desmesura y falta de control
En la documentación expuesta por el Fiscal Superior se reflejan los factores del estado de contaminación del Mar Menor: la incontrolada roturación del Campo de Cartagena para fines agrícolas y la consecuente ampliación de regadíos, más de 20.000 hectáreas sobre las previstas, en situación de ilegalidad. A esto se suma a la ausencia de recursos hídricos, que hizo a los agricultores extraer agua de pozos, en la mayoría igualmente ilegales y sin licencia, del acuífero denominado Cuaternario.
Por otra parte, en el escrito se hace constar el conocimiento de que la masa de agua subterránea estaba ya contaminada por la sobreexplotación agrícola y la filtración al subsuelo y al Cuaternario de los restos del agua de riego sobrante. Al extraer recursos hídricos se fueron instalando desalobradoras (aproximadamente mil, y casi todas ilegales al carecer de licencia y sin Declaración de Impacto Ambiental), con el fin de “limpiar” esa agua.
Este proceso generaba una parte de agua no útil para el cultivo (por tener nitratos, fostatos, salmuera, etc.) que se expulsaba a través de una tubería ilegal instalada que la enviaba al mismo subsuelo y/o pozos. También la expulsaban a través de las ramblas allí existentes, fundamentalmente la del Albujón, o la echaban en unas tuberías que se instalaron por la CHS en la década de 2000. La estructura dispuesta por la Hidrográfica habitualmente no funcionaba, por lo que se echaba directamente al Mar Menor, principalmente a través de la rambla del Albujón.
Esta situación, según consta en la denuncia, ha sido conocida y consentida a lo largo de los últimos años por todos los agricultores y por los responsables públicos que son objeto de esta denuncia, haciéndose caso omiso a la situación sin poner medidas, hasta que en el año 2013 en adelante empezó a actuar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
La Fiscalía Superior murciana aboga por la aplicación de medidas cautelares, en orden a evitar que se cause un perjuicio “irreparable” al bien jurídico protegido, el Medio Ambiente y la Salud de las personas.
De esta forma, el órgano solicita “a la mayor urgencia” que los agricultores denunciados se abstengan a verter el “rechazo” de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en Delito de desobediencia. También solicitan el afianzamiento de la cantidad en que se valore los daños sufridos por el ecosistema, a abonar por los denunciados, una vez que se concreten los mismos.
“Por fin se empieza a hacer justicia”
María Giménez, diputada regional de Podemos, ha asegurado que “ya era hora” de que la Justicia pusiese “nombres y apellidos a los responsables de uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. En este sentido, Giménez señala que ”Partido Popular y Confederación han sido cómplices, también en la etapa del PSOE en la CHS, de que el campo de Cartagena se convirtiese en un territorio sin ley“.
“Lo que deja claro Fiscalía”, ha dicho la diputada de Podemos, “es que confirma lo que decimos desde hace dos años. El Partido Popular ha permitido que en la Región campase a sus anchas un modelo agrario insostenible, de descontrol absoluto e impunidad”.
Asimismo, Giménez ha destacado la presencia de 24 empresas entre los señalados como responsables por la Fiscalía, porque “han utilizado el Mar Menor como vertedero. La ilegalidad y la piratería de estas empresas, bajo el paraguas del PP, ha campado a sus anchas. Esperemos que quiénes han convertido al Mar Menor en una sopa verde acaben pagando ante la justicia”.