El breve paso de Alberto Garre por la presidencia del Gobierno popular de la Región de Murcia entre abril de 2014 y julio de 2015 dejó unas cuantas ‘patatas calientes’ de lucha contra la corrupción a sus sucesores. Una de ellas fue la limitación a dos mandatos para los presidentes regionales y otra fue la ley para aprobar el Consejo de Transparencia de la Región. José Molina (Murcia, 1937), consejero de Economía y Hacienda entre 1983 y 1986, auditor, sociólogo y miembro de Economistas Frente a la Crisis fue la persona elegida entonces por los grupos de oposición en la Asamblea: PSOE, Ciudadanos y Podemos como presidente de la nueva institución hasta el pasado septiembre, cuando fue relevado por el magistrado Julián Pérez-Templado.
Pepe, como es conocido en la Región, es un hombre incansable. Cordial, luchador e idealista ha atravesado momentos muy amargos durante las presidencias de los populares Pedro Antonio Sánchez (PAS), quien se vio obligado a dimitir por el caso Púnica y el Auditorio, y, posteriormente, con el actual presidente regional, Fernando López Miras.
Molina fue procesado durante el franquismo por el Tribunal de Orden Público por la publicación de un libro con CCOO y sancionado con una multa de 50.000 pesetas de entonces. Más de 50 años después, el economista se ha tenido que enfrentar, de otra manera, a múltiples trabas para llevar a cabo su labor en el Consejo de Transparencia de la Región. Su correspondencia fue violada, no consiguió hasta prácticamente al final de su mandato un local al margen de las dependencias del Gobierno regional, le quitaron su equipo de trabajadores y lo sustituyeron por dos funcionarios que tardaron 249 días en terminar un expediente y hasta sufrió un ictus y perdió un oído. “Si mi mandato no hubiera estado blindado no habría durado más que un bizcocho en la puerta de un colegio”, afirma.
¿Cómo es posible que tardara casi cinco años en encontrar un espacio para el Consejo de Transparencia de la Región?
Desde el primer momento he luchado por la independencia y no estaba dispuesto a entrar por la misma puerta que las personas a las que tenía que controlar, como me sugirieron. Pedí reunirnos en instituciones independientes, lo cual se me negó. Estuvimos durante meses encontrándonos en un café, luego en un final de pasillo que daba a un patio interior hasta que pudimos instalarnos en la actual sede el pasado mayo. Ese concepto de independencia era el que más rabia le daba al Gobierno regional porque en realidad querían que el Consejo de Transparencia fuera un órgano más de la Comunidad Autónoma.
La transparencia no estaba en el ADN del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, sino que la inicia el Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia, y al final la sacó Garre para significarse como opción diferente. Es como si una criatura viene al mundo con muchos deseos de la familia, pero con dificultades porque es un niño no deseado por el padre. Si hubieran podido lo habrían abortado.
¿Cuáles han sido las demandas más comunes que los ciudadanos de la Región le han puesto sobre la mesa?
Llegaron muchas preguntas sobre el Servicio Murciano de Salud (SMS) en lo que respecta a las listas, el funcionamiento de la atención primaria y las concertaciones con la sanidad privada. Esas preguntas empezaron a no responderse y llegaron al Consejo para que fueran a los tribunales. La última mañana allí me dirigí a la Fiscalía para ver cómo iba la apertura de expediente del gerente del SMS en 2017, Franciso Agullo.
Entiendo que el Gobierno regional, ocupado 25 años por el Partido Popular, no estará muy acostumbrado a verse cuestionado.
Esta Región tiene las cosas más corruptas sin haber salido a flote. El problema es que es necesario que los registros se abran. No se puede gobernar durante 25 años seguidos, seguir con el clientelismo y tapar la corrupción. Es verdad que hay una ley deficiente de financiación autonómica, pero nos podíamos haber administrado mucho mejor. El SMS cierra todos los años con más 300 millones de déficit. El Tribunal de Cuentas ya le ha dicho que está en quiebra y que está incumpliendo la ley de contabilidad pública porque la lleva como si fuera una empresa privada. Cuantos menos medios tenga el Consejo de Transparencia, menos posibilidades habrá de que estas cosas afloren.
¿Se va del Consejo de Transparencia con una sensación de frustración o de satisfacción?
Tengo la satisfacción de haber hecho un recorrido muy complicado con muchísimas trampas e inconvenientes, pero hemos llegado a la meta y vivos porque entre medias tuve un ictus en julio de 2016.
Me voy con un oído menos, pero con una visión mayor porque nos tenemos que unir mucho más porque esto no es sencillo. De hecho, organizamos el programa Iris para llevar la transparencia a los colegios. Incluso un niño si pregunta una cosa tres veces ya le dicen que es demasiado preguntón. Como sociedad no nos cuestionamos las cosas y nos han educado para no incordiar a quien tiene el poder.
¿Cree que no pedimos cuentas de forma suficiente a nuestros gobernantes?
Seguimos en el siglo XIX con una forma despótica de gobernar y con el clientelismo, dando los cargos a dedo, y no solo en el ámbito político, sino en muchas otras instituciones. ¿Quién ha pedido en esta Región responsabilidades por el aeropuerto y lo que nos va a costar el aeropuerto? ¿Cuántos titulares han dicho que el aeropuerto no nos va a costar un euro? Pues no es así. Nos va a costar muchísimo dinero, como otras cosas que se hacen, se critican y pasan.
Después de sacrificarnos por la COVID deberíamos pedir una contrapartida que es el control de la política. Si hubiéramos puesto en marcha la asignatura de Educación para la Ciudadanía ahora podríamos ver la pandemia de otra forma, por ejemplo.
¿Qué ámbitos le parecen más opacos en la Región?
Esta Región tiene una opacidad sistémica en la gestión del agua porque la distribución de la cuantía no se da con suficiente transparencia por parte de las comunidades de regantes. También pasa lo mismo en el sector agrícola con las subvenciones.
Por otro lado, hay una deficiencia enorme de permisividad, por así decirlo. No se inspecciona lo suficiente la cadena alimentaria o los nitratos que se vierten al Mar Menor, al igual que no ha habido control en todo el desarrollo urbanístico que ha sido un peso muerto para todo el entorno del litoral. Si solo sabemos traer a gente a tomar el sol y plantar lechugas y mandarlas a Europa, pues esta Región no tiene mucho futuro porque vamos a mandar menos lechugas y los turistas ya no van a venir.
También ha criticado en otras ocasiones cómo está organizada la función pública en España.
Es un tema numérico: un tercio de los puestos de los funcionarios están en comisión de servicio, con lo cual le deben un favor a alguien. En cualquier otro país más avanzado, el funcionario que se va a la política ya no puede volver porque consideran que está contaminado. En este país hemos tenido 40 años de dictadura, luego ha venido una democracia muy a empujones y no hicimos la reforma de la función pública que se tenía que haber hecho. Aquí convertimos de la noche a la mañana en funcionarios a todo el sindicalismo vertical y eso fueron vicios que se fueron alimentando y nos han traído vicios muchos peores. Hace falta abordar de verdad una reforma de la función pública en profundidad.
Todo eso influye en la transparencia porque llegas a un funcionario que ha estado supeditado al capricho de un político y es ése el que no quiere dar la información. Lo estamos viendo en los escándalos que están saliendo.
¿Habría que pedir más transparencia a los partidos políticos?
Los derechos no se regalan, se conquistan. Así pasó con la esclavitud, la igualdad de género o el matrimonio homosexual. Los partidos políticos también se tienen que mirar y dar más libertad no solo al militante, sino al votante. Por otro lado, uno tiene que ir temporalmente a la política y luego regresar. Yo fui consejero del 83 al 86 y luego regresé a mi vida profesional. Esas personas que están 20 años en la política, mire usted, pues no. Es que hay mucha gente que vale y tenemos que oxigenar esto. Hay que entusiasmar a la ciudadanía para que exija un cambio dentro de un sistema más democrático.
¿Y qué le parece el nombramiento como nuevo presidente del Consejo de Transparencia de la Región al magistrado Julián Pérez-Templado a quien se le vio de cañas con altos cargos del PP mientras tenía una causa abierta contra el exjefe del Ejecutivo y fue apartado de la Púnica al revelarse en una fotografía su relación cercana con uno de los imputados?
A la persona hay que darle los 100 días de gracia, aunque no viene con la mejor etiqueta. Pero el problema es el que el procedimiento de elección ha sido aberrante porque la Asamblea nunca debió permitir que quien tiene que ser controlado proponga a su controlador: que el propio Gobierno diga quiero que sea éste quien me vigile parece como si nombras al catedrático que te va a examinar. Debería ser una figura elegida por dos tercios de la Cámara porque así se fuerza el consenso.