El 'caso Pasarela' sobre presunta corrupción en la Región de Murcia ha sido archivado al expirar el plazo de investigación establecido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP en junio de 2015. Dicha pieza fue abierta a raíz de una denuncia de Podemos que investigaba la adjudicación en 2006 por parte del actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, entonces alcalde de Puerto de Lumbreras, de la construcción de una pasarela cerca de la rambla de Nogalte al arquitecto Martín Lejarraga.
En la pieza se investigaban los indicios de prevaricación por el fraccionamiento del importe del proyecto en cinco facturas para evitar la concurrencia pública y otorgar el proyecto a dicho arquitecto.
Con la reforma de ley se han establecido límites a las instrucciones judiciales: un máximo de seis meses para aquellos casos tipificados como sencillos y dieciocho para los complejos. El auto, firmado por el juez el 23 de enero, señala que “se deniega la declaración de complejidad de las presentes actuaciones al trascurrir más de seis meses desde el auto de incoación”.
En el auto se especifica que durante el plazo de seis meses ni se solicitó la declaración de la casusa como de instrucción compleja, ya que se presentó fuera de plazo por parte de la Fiscalía, ni se acordaron diligencias. “Hasta el 17 de enero de 2017 no se recibió la contestación por parte del Ministerio Fiscal, no proponiendo diligencias, sino solicitando la declaración de complejidad de las actuaciones”, señala el auto.
“Por dicho motivo, contando solamente con un testimonio, no practicándose declaración de investigados en el plazo de seis meses, ni otra prueba, lo que impide el hipotético dictado de un auto acordando la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, puesto que no puede dictarse el mismo sin que el investigado sea escuchado en declaración, solo procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones”, añade.
Antes de ser aprobada dicha reforma de ley, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales -Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales- pidieron al Gobierno que la ley no entrara en vigor y calificaron al nuevo texto como “una ley de punto y final”.
Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Óscar Urralburu, dijo ayer que “es muy llamativo que lo que parece ser el primer archivo de un caso de corrupción por la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parezca un traje hecho a medida para que se escape de la Justicia el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez”.
Para el dirigente socialista de la Región, Rafael Tovar, el Partido Popular “se dedica a poner piedras en el camino de la justicia. Hicieron una ley para protegerse y este es el primer ejemplo”. “La única aspiración del presidente regional es retrasar los procedimientos judiciales que se siguen contra él”, añadió Tovar.
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, respondió que “la estrategia del continuo uso de las denuncias judiciales como instrumento de acoso político no puede dar frutos, si detrás de esas denuncias no hay nada, como ha ocurrido en el presente caso”.
El portavoz popular consideró que “seis meses son plazo suficiente para aportar la más mínima o elemental prueba de la veracidad de aquello que se denuncia. El PSOE de Puerto Lumbreras y Podemos, ambos personados en la causa principal, han tenido tiempo más que suficiente para acreditar las supuestas irregularidades que denuncian”.