La defensa de la unidad de España cuesta 100.000 euros. Al menos ese es el precio que le han puesto PP y Vox en los Presupuestos para la Región de Murcia de 2024. Una partida de cinco ceros, pero “simbólica”, según el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado. “La realidad es tozuda y Pedro Sánchez se ha empeñado en poner en jaque el orden constitucional”, ha explicado. La estrategia del PP y Vox para afrontar el independentismo catalán desde la Región consiste en “acciones judiciales, manifestaciones pacíficas, conocimiento de la historia de España y promoción de nuestra cultura y tradiciones”: “Se trata, en definitiva, de fomentar el amor a la patria”, ha resumido el vicepresidente del Gobierno Regional, de Vox, José Ángel Antelo.
El vicepresidente querrá evitar un efecto contagio, espantar al independentismo catalán y evitar la segunda venida del Cantón de Cartagena. “Es cierto que tiene una connotación simbólica tanto interna como externamente”, señala a elDiario.es Región de Murcia el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia (UMU), Ismael Crespo. “Externa porque es un titular llamativo para moverlo en los medios de comunicación y las redes sociales, e internamente como una muestra en el seno del Gobierno de la defensa de Vox de la ultranacionalidad; es una forma de tensar la cuerda”. El PP, “sabiendo que es una partida muy menor no entra en la batalla, pero sirve para consolidar en cierta medida una posición institucional”.
Ismael Crespo, que también es codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), analiza que esta forma de “posicionarse con los temas nacionales y agrandar los enfrentamientos”, se debe en parte a que “los presupuestos son muy ajustados, no hay mucho de donde rascar, y no se pueden llevar a cabo muchas políticas activas”.
En este sentido, “la Región de Murcia no tiene un sentido regionalista pero sí españolista y se tiende a buscar un enemigo más externo como el independentismo, que está muy lejos y va muy bien alimentar ese tipo de fogatas y de crispación, de polarizaciones; y además es algo que viene bien a todos los partidos: es una tendencia desde 2015”.
López Miras también se ha querido subir al carro de la defensa de lo español, y ha anunciado una asignatura optativa en 3º de la ESO el próximo curso dedicada al estudio y conocimiento de la Constitución Española: “López Miras representa al ala más moderada del PP; y aunque no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial de la asignatura, sí que creo que sería positivo preparar a los jóvenes en valores democráticos y el funcionamiento de nuestras instituciones”, relata Crespo, quien advierte que hay alumnos y alumnas que aterrizan en la universidad “sin entender cómo funciona el sistema parlamentario o, peor, sin saber que hay una asamblea general en Cartagena, o cómo se eligen los diputados y diputadas”. La implantación de la asignatura, puntualiza, es algo que se ha impulsado desde hace cinco años desde la Facultad de Derecho, “aunque ha coincidido en el tiempo con una reclamación en el espacio político”.
No hay libretas para el Colectivo LGTBI
Antelo no solo va a “defender a España” del secesionismo catalán, también ha presumido de dejar sin presupuesto al Colectivo LGTBI. No habrá “partidas LGTBI”, anunció en un encuentro a medios. La cosa es que ese colectivo sí que permanece en las cuentas: en los presupuestos regionales habrá una consignación de 4.500 euros para el Observatorio Regional contra la Discriminación, que tiene por finalidad “la realización de estudios, identificación de necesidades, elaboración de propuestas y recomendaciones en relación a la promoción de la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI”, y la lucha contra la “homofobia, bifobia, lesbofobia y/o transfobia”: “Antelo no ha recortado nada porque nunca ha habido, los presupuestos para el colectivo siempre han sido una ridiculez en la Región de Murcia”, ha apuntado la presidenta de Galáctyco, Mar Tornero.
“El PP nunca dotó de un presupuesto digno al colectivo LGTBI. Tienen una ley de 2016 que contemplaba la creación del Observatorio contra la LGTBIfobia en la Región. Se dotó al Observatorio de una cantidad ridícula de dinero, nunca ha funcionado”, ha recordado.
Se prevé un importe de 60.000 euros para una subvención al Ayuntamiento de Cartagena para consolidar el punto arco iris de ámbito regional y así “prestar atención integral real y efectiva a las personas víctimas de violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia”, entre las que se incluye asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria –incluida la psicológica–, y las medidas sociales que puedan adoptarse.
“En 2023 también estaba consignada una partida para el colectivo, aunque no aparece como LGTBI, sino con otros términos como atención a la diversidad u observatorio de igualdad”, ha apuntado una fuente parlamentaria.
Lo que sí ha logrado retirar Antelo del borrador es una partida de cuatro mil euros. Una cuantía que servía para sufragar algunos gastos de la propia Consejería de Igualdad, como los materiales fungibles de reuniones y del punto de apoyo a personas LGTBI que está ubicado en Cartagena. En otras palabras, la zancadilla que el vicepresidente de la Región ha anunciado contra el colectivo consiste en dejar a las organizaciones públicas que los representan sin bolígrafos y grapadoras: “Creo que lo que ha habido, en general, es una presión simbólica para retirar al menos formalmente todo lo relacionado con el colectivo LGTBI, o con el cambio climático y el desarrollo sostenible, por ejemplo; pero que se ha disfrazado bajo otros epígrafes en algunos casos”.
Sin dotaciones a sindicatos
Ambas formaciones también han acordado recortar en un 45% las subvenciones nominativas que concede cada año a la patronal Croem y a los sindicatos UGT y CCOO para desarrollar estudios y trabajos de colaboración en materia de planificación económica y prevención de riesgos. “Me parece una desfachatez, una una incongruencia enorme”, denuncia el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia, Santiago Navarro, que recuerda que la Comunidad ya ha lamentado un total de 32 trabajadores fallecidos este año durante un accidente laboral; y en 2022 fue la Comunidad donde más personas perdieron la vida en el trabajo, con 51 muertos.
“El presupuesto ha crecido, lo que tendríamos que haber hecho era revisarlo, pero al alza”, apunta el sindicalista, que recuerda que solo este año desde los sindicatos se ha trabajado en la Estrategia de Reactivación para el Empleo de Calidad o el Pacto contra la Economía Sumergida.
Rebajar las subvenciones a sindicatos era una de las exigencias de Vox para formar Gobierno con el PP. Ya en el acuerdo programático de ambas formaciones figuraba modificar la Ley de Participación institucional para hacer que se concedieran las ayudas a través de concurso, en lugar de por concesión directa.
Rubén Martínez Alpáñez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, ha adelantado que recortar las ayudas a través de los Presupuestos es una media que toman hasta que no se apruebe su nueva Ley de Participación Social. De acuerdo con el portavoz, el objetivo final de la formación es eliminar las dotaciones a sindicatos por completo.