La portavoz de Grupo Parlamentario Mixto y diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha intervenido durante el último pleno de la Asamblea Regional, en el que se ha debatido la aprobación de la tercera Ley de Simplificación Administrativa que el Partido Popular ha propuesto. Una norma contra la que Martínez Vidal ha arremetido: “Desde nuestro partido siempre se ha defendido la libertad de mercado y la simplificación administrativa, pero sin ambages con la defensa y protección del medio ambiente”, ha indicado.
La portavoz ha señalado que la supresión de “trabas innecesarias” no puede pasar por “erradicar la tramitación ambiental”, ni ser contrario a las directivas europeas o la legislación nacional.
Martínez Vidal ha puesto en duda la forma jurídica de la norma, y ha acusado al Partido Popular de escoger la vía del Decreto Ley: “No es otra que la del rodillo con el apoyo de sus tránsfugas”. La diputada ha criticado la falta de “consenso” con el resto de fuerzas políticas y sociales, y contando con “la única participación de la patronal”.
La portavoz del Grupo Mixto ha indicado que no aumentará el ritmo en la tramitación de expedientes si no crece la plantilla. “Más personal funcionarial fijo, y no temporal como contempla el Decreto”. Martínez Vidal ha lamentado que en la propuesta del PP no se encuentren ventajas para los autónomos o pequeñas y medianas empresas. “Solo tienen privilegios en el acceso a subvenciones y ayudas públicas las grandes empresas con más de 50 trabajadores”.
La diputada liberal ha apuntado a otros aspectos del Decreto Ley que le generan “dudas” a su grupo parlamentario. Por ejemplo, el de eximir de declaración de impacto ambiental a determinados proyectos “sin conocer qué criterios se seguirán”.
“Estocada de muerte” contra el Consejo de la Transparencia
Martínez Vidal ha destacado que uno de los puntos que más les ha llamado la atención ha sido la “estocada de muerte” que se le da al Consejo de la Transparencia con este decreto. “Un organismo que les ha resultado incómodo desde el principio y por el que ya han pasado tres presidentes que dimitieron entre acusaciones de obstaculizar su labor”.
Con la aprobación de este decreto, ha asegurado la portavoz, “se cargan de un plumazo la independencia del Consejo”, ya que las quejas o consultas de los ciudadanos deberán pasar antes “por la Consejería de la tránsfuga Isabel Franco; ni siquiera son capaces de cuidar un poco la estética”.
Martínez Vidal ha indicado que el voto de sus diputados será favorable si se mantiene el registro del Consejo de la Transparencia y si se aclaran las dudas legales que pudieran surgir al contravenir la legislación ambiental europea y estatal. “Propondremos por tanto que la norma se tramite como Proyecto de Ley”.