La transparencia en Murcia está viviendo, a día de hoy, sus tiempos más oscuros. El Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad ha dado este miércoles una última estocada al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) y ha aprobado, aprovechando su mayoría parlamentaria -26 votos a favor, por 12 en contra de PSOE y Grupo Mixto-, su eliminación definitiva y su sustitución por la figura de una única persona, un comisionado, que será puesto a dedo por Vox y que deberá ser ratificado a lo largo del mes de julio por populares y ultraderechistas en un pleno extraordinario de la Asamblea.
Con esta reforma de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana regional, el Ejecutivo de López Miras materializa uno de los puntos rubricados el pasado septiembre en el pacto de gobierno que lo vinculó a la formación de Santiago Abascal. Vox ostentará, de ahora en adelante, las competencias en materia de Transparencia en la Comunidad y dirigirá desde dentro el órgano encargado de la fiscalización del propio Gobierno: la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos al libre acceso a información pública pasarán, así, en todo momento, por el filtro de los ultraderechistas.
El CTRM estaba, hasta hoy, conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían sueldo alguno por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en el año 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre, más de 800 resoluciones y requerimientos a los gobiernos regionales de turno.
Con la nueva ley, el nuevo comisionado, que será de la confianza del Ejecutivo y que sí dispondrá de un preceptivo sueldo, tendrá a su servicio a una Comisión de Transparencia, también remunerada, compuesta por cuatro funcionarios de la propia Administración regional -uno de ellos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad-. El comisionado, además, podrá contratar a más personal de manera arbitraria si así lo requiere. Fuentes parlamentarias aseguran que Vox ya ha decidido quién ocupará el cargo. Su nombre, relatan, se hará público en los próximos días.
El único organismo en la Región capaz de supervisar el adecuado desempeño de los poderes públicos murcianos será, por tanto, completamente dependiente de esos mismos poderes.
Se trata de una jugada política que no ha contado con apenas debate ni deliberación y que, aunque estuviese primero fraguada en el pacto que permitió a López Miras renovar su mandato en San Esteban y haya sido finalmente ejecutada este miércoles en la sede de la soberanía regional, comenzó, sin embargo, varios años antes.
Hay vocales del CTRM que expresan resignados a elDiario.es que su trabajo por el control del buen hacer de la administración en Murcia siempre ha estado “acorralado y asediado por el Gobierno del PP”. Los mandatarios regionales populares, a tenor de lo que cuentan los vocales, han visto en todo momento al órgano con recelo y han ido cubriendo con altas dosis de opacidad los requerimientos que les instaban a hacer públicos datos incómodos para el Ejecutivo. Hay algunos casos de consumada gravedad que marcaron un antes y un después en la salud de la transparencia murciana.
“Una pantomima”
Uno de esos vocales del CTRM que expresan su hartazgo a este periódico es José Luis Sánchez. Lo es, en representación de Comisiones Obreras (CCOO), desde el mismo nacimiento del organismo, en 2014. Sánchez cuenta, vía conversación telefónica, que el PP “ha estado torpedeando la labor del Consejo” desde el primer día. Afirma que hubo una resolución y un suceso trascendental que puso en marcha “toda su maquinaria destructiva”: la vacunación masiva e irregular de altos cargos y empleados de la Consejería de Salud en enero de 2021, incluido del propio consejero, Manuel Villegas.
“Hemos tenido de todo, bloqueos institucionales, procedimientos judiciales”, enumera José Luis Sánchez, “pero el síntoma más evidente es que el Gobierno no cumplía las resoluciones del Consejo. Se le requería información y documentación para resolver ciertas solicitudes, pero no la proporcionaban. Era su forma más común de obstruir nuestra actuación”, explica.
“Nunca dieron la información que les exigimos sobre el tema de las vacunas del COVID, para saber qué nombres figuraban en las listas”, incide. “A raíz de ese hecho llegaron a quitar la sede electrónica, vía decreto-ley, para que los ciudadanos no pudieran hacer requerimientos al Consejo por el canal telemático”, asevera el vocal sindicalista.
José Luis Sánchez dice estar agotado ante la voluntad finalmente consumada del Ejecutivo. “No se puede hacer nada contra ellos”. “Con la nueva ley, los asesores del comisionado van a ser los propios trabajadores de la Comunidad Autónoma”. “Cuando un ciudadano haga una reclamación que vaya en contra de la Comunidad, tendrás ahí al jefe viendo el resultado del paripé”, subraya.
La transparencia por la que Sánchez y el resto de vocales del Consejo recién fulminado han trabajado todos estos años se transforma, bajo su punto de vista, de hoy en adelante, en “un chiringuito”. “Nosotros jamás cobramos un euro, y ahora el supuesto comisionado, los asesores y todo el mundo estarán remunerados”. “Es una pantomima”, expresa, “montada para satisfacer las vanidades del Gobierno y pagada por el Gobierno”. “Bajo ningún concepto se puede entender que en una democracia del siglo XXI se pretenda engañar a la ciudadanía”.
Un comisionado elegido por la misma mayoría gubernamental
Siguiendo el hilo de las declaraciones del sindicalista, la maniobra parlamentaria de PP y Vox en Murcia para eliminar el CTRM ha resultado ser, para los analistas jurídicos, un retroceso sustancial en materia democrática. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU) Germán Teruel arroja algo de contexto en este sentido: “A mediados de la década del 2000 se produjeron en España avances en transparencia y lucha anticorrupción con la creación de este tipo de órganos. Pero estamos observando que ahora hay gobiernos que pretenden desmantelarlos”.
Teruel equipara la ocurrida en Murcia con varias situaciones similares en el panorama nacional. Las nombra, una a una: la Agencia Valenciana Antifraude, la Oficina Anticorrupción de Balears, el Consejo de Transparencia de Madrid. En los últimos tiempos, los tres organismos han visto mermada su independencia y su peso institucional a través de decisiones políticas. Igual que en Murcia, en esas tres comunidades gobierna una mayoría conformada, bien por el PP en solitario, bien por los populares asociados con Vox.
La gravedad de la situación en la Región, prosigue el analista, tiene que ver con la “politización de los organismos”. Es decir, con cómo se elige cada uno de ellos. No es tan importante, matiza, que la transparencia recaiga sobre “una persona, un órgano colegiado, un comisionado o un consejo”. Lo verdaderamente significativo, subraya, es su independencia. “En el mismo momento en que se permite que el presidente del estamento que vela por la transparencia y la fiscalización del poder sea elegido por la misma mayoría que inviste al Gobierno, apaga y vámonos”, sentencia el jurista de la UMU.
Los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Vox, Joaquín Segado y Rubén Martínez Alpáñez, respectivamente, han defendido, a lo largo de todo el proceso de redacción de la ley hoy refrendada, que el nuevo comisionado puesto a dedo por el Ejecutivo será, en comparación con el CTRM, “más ágil, eficiente y eficaz”, en palabras de Segado, y que contará con menos “traba burocrática y coste administrativo”, según Martínez Alpáñez.
“Eso es un cuento chino”, arguye en este sentido Teruel. “Es una excusa sumamente precaria para desmontar lo que les incomoda”. “Este tipo de órganos deberían ayudar a controlar las instituciones y, también, a que los ciudadanos confíen en la Administración pública”. Pero en la Región de Murcia, previsiblemente, ya no será así.
En la misma línea, para José Luis Sánchez, “que digan que el Consejo era inoperativo o ineficiente es una falacia”. “Si una cosa no funciona como debería no es porque uno no quiera, sino porque otro no le deja”, denuncia el representante de CCOO.
Muerto desde 2022
Lo cierto es que la actividad del Consejo de la Transparencia murciano había sido prácticamente inexistente desde que, en junio de 2022, hace ya dos años, dimitió el último presidente legítimo del organismo, Julián Pérez-Templado, debido a las presiones del Ejecutivo, que “había estado intentando desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico-legales”, según constataron a este medio, el pasado diciembre, fuentes cercanas al CTRM.
La dimisión de Pérez Templado llegó tras el decreto-ley del Gobierno de López Miras para la clausura de la sede electrónica del Consejo y después de su negativa ante el requerimiento de documentación que pretendía arrojar luz sobre presuntas prácticas ilícitas, como la ya mencionada vacunación masiva en Salud. Cinco meses después de aquella dimisión, que ni siquiera fue publicada en el BORM y que dejaba al órgano en un limbo administrativo, el propio CTRM, de la mano de los pocos vocales cercanos al Ejecutivo de San Esteban que formaban parte de él, acabó nombrando a Juana Pérez, que era miembro del Consejo por la asociación de consumidores Thader Consumo, como presidenta sustituta.
Ante elección en fraude de ley y “anómala”, como afirmó la propia Juana Pérez, tres vocales del Consejo -José Luis Sánchez, Francisco Lucas y Mario Pérez Cervera- interpusieron una denuncia contra López Miras por presunta prevaricación.
Fueron transcurriendo los meses y el Consejo de la Transparencia había dejado de funcionar. No tomaba decisiones. No atendía a las peticiones de los ciudadanos. Tampoco celebraba plenos. La Asamblea regional no ordenaba elegir a un nuevo presidente legítimo del órgano, tal y como estaba estipulado en la Ley de Transparencia murciana de 2014. No obstante, ninguna de esas cosas volverá a hacer falta.
Una rendición de cuentas “sin futuro”
A finales de junio, con la controvertida reforma ya avecinándose, el Consejo de la Transparencia, con Juana Pérez a la cabeza, suscribió un manifiesto refiriéndose a las intenciones de populares y ultraderechistas. “La modificación de la Ley de Transparencia adolece de defectos que dañan seriamente la garantía de ampliar y reforzar la transparencia en la Región, así como la garantía de derecho de acceso a la información de los ciudadanos”, evidencia el texto del manifiesto, al que ha tenido acceso elDiario.es. Estas líneas serían, a la postre, el último servicio público del CTRM.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con propia Juana Pérez, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes cercanas a la presidencia del organismo sí han recalcado que el futuro de la transparencia murciana es “oscurito”.
En la misma idea coindice el resto de actores consultados. “En la Región de Murcia, la transparencia y la rendición de cuentas no tienen futuro. No puede haber un órgano de control que esté supeditado a los designios del Gobierno. Eso será otra cosa, pero un órgano de control no”, opina José Luis Sánchez.
“La salud de la transparencia murciana está tocada, y quizás hundida, con un comisionado que va a ser nombrado por la mayoría gubernamental”, estima, por su parte, el profesor Germán Teruel. “Todo sistema que abogue por hacer valer la transparencia necesita un órgano que sea auténticamente independiente. Sin eso, las normas se quedan en papel mojado”, concluye el jurista.