Podemos ha presentado un recurso ante la ante el juzgado de instrucción número 3 de Cartagena para solicitar que el atentado a la sede de la formación sea investigado como delito de terrorismo. El secretario regional de Organización, Ángel Luis Hernández, ha explicado que desde Podemos consideran que el móvil del delito “no sólo se basa en una cuestión de odio hacia una ideología democrática por parte de miembros de extrema derecha”, sino que los ataques tienen “una clara intención de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y de alterar gravemente la paz pública, mediante el método de amenazar a una parte de la coalición del Gobierno”. Estas conductas están tipificadas y tienen encaje en el delito de terrorismo tipificado en el artículo 573 del Código Penal.
Hernández ha asegurado que el atentado a la sede de Cartagena “no es un hecho puntual”, sino que se enmarca dentro de una “serie de ataques” que se han llevado a cabo de manera continuada. El secretario de organización de Podemos ha recordado que ese local “ya estaba en el punto de mira de la extrema derecha”, que durante los últimos años “ha protagonizado otros hechos como pintadas, rotura de cristales y amenazas a militantes de la formación”. Es en ese contexto en el que se produce el atentado contra la sede, con la clara intención de “amedrentar a una organización democrática”, algo que queda “más que contrastado” en las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado. A esto habría que sumar que el mismo autor habría atentado según las investigaciones policiales también en una sede de IU en León, por lo que “todo señala a una extrema derecha que está pasando de los discursos de odio a la violencia organizada”.
Ante estos indicios, Hernández ha considerado que los hechos “pueden ser investigados bajo la tipificación de organización criminal que opera en varias provincias”, además de suponer “delitos de terrorismo contemplados en el Código Penal”, por lo que correspondería a la Audiencia Nacional continuar la instrucción. “Estamos ante unos hechos muy graves y que deben de tener una respuesta contundente desde el Estado de Derecho. La Justicia debe actuar para cortar de raíz cualquier atisbo de violencia ultraderechista antes de que ocurran actos aún más peligrosos y con peores consecuencias”, ha concluido el secretario regional de Organización de Podemos.
elDiario.es desveló hace dos semanas que los dos imputados son miembros del grupo al que la Policía atribuye el control de la ultraderecha extraparlamentaria en la Región de Murcia. Asimismo, este medio desveló que el principal investigado Francisco S.M había participado en los disturbios contra el toque de queda y que, junto al otro imputado, había asistido a un mitin de Vox en 2019.