Los diputados regionales de Podemos María Giménez y Andrés Pedreño, acompañados por miembros de la Asociación Vertivega, han visitado el vertedero de Abanilla y han anunciado que pedirán explicaciones a la consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, para que aclare cuál es la situación actual de dicho espacio. Giménez ha afirmado que “nadie se quiere hacer cargo” del vertedero “porque es un cúmulo de despropósitos” que, además, deja a los vecinos en “una situación muy peligrosa desde el punto de vista medioambiental pero también de salud”.
La diputada de Podemos ha expresado sus temores en cuanto a que finalmente tenga que ser la Consejería, y por tanto, las arcas públicas, las que asuman los casi 4 millones de euros que costará la restauración medioambiental del vertedero, y que “al igual que ha pasado con Corvera o con Escombreras”, sea la ciudadanía la que pague “los errores del Gobierno del Partido Popular a la hora de darle la gestión de lo público a empresas privadas”.
María Giménez cree necesario que la Consejería exija “responsabilidad civil a la empresa Proambiente, que ha estado gestionando el vertedero estos años y la restauración ambiental de los terrenos”, y preguntará a la consejera Martínez-Cachá por el informe de impacto medioambiental del vertedero, informe que desde la Asociación Vertivega dicen “no haber visto nunca porque la Consejería no se lo quiere facilitar”.
A juicio de Giménez, dicho informe tiene un “papel clave” en el proceso de construcción del vertedero, debido a que la zona en la que se desarrolló está calificado como LIC -Lugar de Importancia Comunitaria- por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural. Además, la diputada cree que hay que preguntar “el motivo por el cuál la administración de Medio Ambiente del Partido Popular consintió la violación de los límites del LIC Sierra de Abanilla en unas 40 hectáreas”.
“No podemos pasar por alto que la Comisión Europea denunció en el 2008 la ilegalidad del vertedero de Abanilla y pidió al Gobierno Español su cierre o reestructuración”, ha relatado Giménez. “Ya en septiembre de 2014, la Comisión exigió el cierre y regeneración del vertedero a Proambiente, y fue en ese momento, bajo la presión de Bruselas y no de la Consejería, que se decidió paralizar la recepción de residuos y se puso en marcha un proyecto de regeneración con un coste de casi 4 millones de euros que a día de hoy sigue pendiente, y que mucho nos tememos que finalmente será asumido por todos los murcianos”, ha sentenciado.