Nuevo episodio en el caso de presunto fraude en las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia, que investiga un juzgado de Cartagena desde hace año y medio, y que este septiembre envió un requerimiento urgente a la formación naranja. Le pedía remitir en un plazo de cinco días un dosier informativo sobre el funcionamiento de las primarias, en las que el juzgado ve indicios de delito de daños informáticos, así como de usurpación de identidad.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (Udef) acusa ahora al partido de Inés Arrimadas de ocultar el fraude: “Ante la falta absoluta de colaboración real por parte de Ciudadanos y la empresa Lazarus Technology S.L., que actúan de manera conjunta, se extraen indicios racionales de que está ocultándose un fraude en la votación”, aseguran desde la Udef en un informe al que ha tenido acceso este periódico, fechado el 6 de noviembre.
Lazarus Technology, la empresa contratada por Ciudadanos, se define en su web como un laboratorio de recuperación de datos que ofrece a la principales compañías aseguradoras, retail y de servicios. Actualmente, continúa con esta actividad y se ha especializado en servicios de Informática Forense y Continuidad de Negocio.
Según el documento de 6 de noviembre al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, la Udef está analizando la información facilitada por Lazarus Technology “pero el informe facilitado por dicha empresa no responde realmente a lo requerido por el Juzgado”, si no a otro encargado previamente por Ciudadanos “para cuestionar el informe de la Empresa Peritaciones Tecnológicas e Informática S.L., solicitado por Leonardo Pérez”, quien denunció en marzo de 2019 el presunto fraude en los resultados de las elecciones internas. Pérez fue derrotado en las primarias a las que se enfrentó a Isabel Franco, actual vicepresidenta del Ejecutivo murciano, quien contaba con un gran apoyo de la dirección nacional y que resultó ganadora (599 votos frente a 237).
“Demostrar un pucherazo es complicado porque toda la información la tiene el partido, por eso la investigación está avanzando lentamente”, ha valorado en declaraciones a este periódico el denunciante. “Están dando los datos sesgados y con cuentagotas, han tardado más de 14 meses, pero aun así el dossier está avanzando”, continúa Pérez, quien añade que “hemos pedido dos veces al juzgado que solicite a las compañías telefónicas la geolocalización para evitar la pérdida de información con el paso del tiempo”.
Precisamente, la falta de información aportada por Lazarus Technology S.L. se debe a juicio de la Udef a que “está tratando de derivar la cuestión por derroteros técnicos que se han visto frustrados al perderse las IPs por dilación en la respuesta”. Y se centran en cuestiones “superfluas” donde jamás se conecta las ID del usuario de los votos emitidos con los votantes reales (nombres y apellidos), ya que de facilitar tal conexión se podría comprobar directamente con el votante concreto si realmente emitió tales votos.
En octubre de 2019, la Policía Nacional verificó que la actual vicepresidenta del Gobierno murciano, Isabel Franco, sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet) estáticas de otras comunidades en los comicios que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntaban a un presunto fraude en dichas votaciones telemáticas. Y ya en diciembre, el juzgado solicitó al partido que no destruyera ninguna prueba relativa a los comicios. Ya el primer peritaje informático encargado por Leonardo Pérez a 'Tecnoperitaciones' había detectado que el 42,93% de los votos a favor de Franco fueron emitidos desde fuera de la comunidad.