El exdiputado murciano del PP Andrés Ayala vuelve a la carga. El que fuera nombrado cabeza de la oficina anticorrupción de su partido se encuentra relacionado con la construcción de un complejo residencial de 130 pisos en Cartagena (Murcia), a orillas del Mar Menor y a 100 metros de una zona protegida por su valor ecológico.
La promotora inmobiliaria murciana Urbincasa (acrónimo de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera SA.) ha logrado los permisos para el proyecto, que se ubicará a cien metros de las salinas de Marchamalo, lindando con una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000.
Urbincasa se fundó hace medio siglo y desde noviembre de 2016 el secretario de su consejo de administración es Andrés Ayala, según consta en el Registro Mercantil. La empresa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora, propietario de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, y al que Ayala lleva años vinculado.
Como avanzó el lunes Diario de la Manga, se va a denominar ‘Los Flamencos’ y se va a erigir en un lugar “con unas espectaculares vistas a La Manga del Mar Menor y sus salinas”, según anuncia en su web la propia Urbincasa, que ya ha iniciado la comercialización de las viviendas.
Oposición desde la formación 'Cartagena Sí Se Puede'
Sobre la aprobación de este nuevo proyecto, desde la agrupación municipal cartaganera han señalado que para “salvar al Mar Menor” hay que paralizar toda construcción, aplicando la “moratoria urbanística”. De hecho, esta acción, aprobada hace un año en la asamblea regional, implicaba la suspensión de la legislación urbanística en toda la zona hasta la promulgación de una Ley del Mar Menor, que sería la responsable de garantizar su protección.
De esta forma, CTSSP ha indicado que exigirá al gobierno local y al regional la paralización inmediata de los permisos concedidos para poner en marcha dicha obra.
La formación morada ha exigido a la alcaldesa de Cartagena que respete la decisión de la asamblea regional, apoyada por su propio partido, y que paralice de manera inmediata una construcción de 130 viviendas con 10 pisos de alto que ocasionará “no sólo un grave impacto paisajístico, sino que añadirá más presión sobre una de las joyas naturales de la región, como es el Mar Menor”.
¿Quién es Andrés Ayala?
El exdiputado popular, con denominación de origen murciano, saltó al 'hall de la fama' política después de que su partido lo nombrara a finales de 2017 presidente de la Oficina del Cargo Popular, órgano encargado de velar por la corrupción en el seno de la estructura popular.
El dirigente llevaba unos meses sin ocupar un alto cargo de responsabilidad en el partido tras abandonar las listas electorales para las elecciones del 26J, tres meses después de que una empresa de la que era accionista consiguiera dos adjudicaciones de la empresa publica de aeropuertos, AENA, cuando era portavoz de la comisión de Fomento en el Congreso.
Unas semanas después de su nombramiento, la 'popularidad' del político se asentó tras hacerse pública el informe de gestión del Grupo Orenes, vinculada al ex dirigente del PP. El estandarte de la industria del ocio en España logró en 2016 un año récord con un “crecimiento exponencial” de todas sus magnitudes.
Ayala, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), lleva años relacionado a Orenes a través de varias filiales de las que es accionista minoritario y de las que ha sido nombrado consejero recientemente en sustitución de su esposa, Carmen Alcaraz, que ocupaba esos cargos mientras él se sentaba en su escaño en el Congreso.
Unos días después, los medios se harían eco un nuevo hallazgo en el holgado currículo de Andrés Ayala: discreto consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el mayor ente de inversión pública de España.
Y es que el exdiputado popular, que se encargó de fiscalizar durante trece años a Adif en el Congreso como portavoz de Fomento del PP en la Cámara Baja hasta mayo de 2016, forma parte desde febrero del máximo órgano de gestión de la empresa estatal. Su nombramiento está recogido en la documentación remitida hace unos días por Adif Alta Velocidad (AV) a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.
Según ese documento, el político murciano fue nombrado vocal de Adif AV por orden del Ministerio de Fomento el 17 de febrero de 2017, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido.