El PP esquiva aprobar la reforma de la ley del Mar Menor de Vox, que pone en duda la continuidad de la coalición en la Región

La coalición de Gobierno entre PP y Vox en la Región de Murcia vive su momento de máxima tensión política. Tan solo una mañana de debate parlamentario en el 'supermiércoles' del Mar Menor ha bastado para que el líder de la formación ultraderechista y vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, haya puesto en el aire la continuidad del Ejecutivo y haya solicitado no solo un encuentro inminente con el presidente murciano, Fernando López Miras, sino también la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno.

Después de casi tres horas de constantes cruces de acusaciones entre los cuatro grupos parlamentarios con representación en la Asamblea murciana, la sesión plenaria de este miércoles se ha saldado con el rechazo de las tres proposiciones de reforma de la ley de protección de la laguna presentadas. Ni las moratorias urbanísticas propuestas por PP y PSOE ni el proyecto de Vox -incluido a última hora en el orden del día- a la medida del lobby agrario e inmobiliario han salido adelante.

El debate sobre esta última medida ha desembocado, no obstante, en una posible crisis en San Esteban después de únicamente siete meses de andadura conjunta. El portavoz popular en la Cámara, Joaquín Segado, trataba en un primer momento de rebajar el tono durante su intervención en el debate proponiendo una reforma global, de consenso entre todos los partidos, de la ley de la albufera aprobada por su partido y por el PSOE en el año 2020 junto con el apoyo de Ciudadanos. “La única forma de sacar adelante una mejora del Mar Menor es buscar un gran acuerdo”, ha expresado.

Acto seguido, sin embargo, el tono de diplomacia ha desaparecido. “Vox ha planteado una ley que elimina las referencias a la protección ambiental, a la investigación y a la monitorización permanente del estado, entre otras cosas. Y nosotros lo dijimos desde el principio: no daremos ni un paso atrás en la protección del Mar Menor”, ha arremetido Segado contra sus socios de Gobierno desde la tribuna.

El Partido Popular se ha abstenido finalmente en la votación de la iniciativa presentada por los de Abascal. El PSOE, por su parte, ha votado en contra. Podemos ni siquiera ha llegado a participar en el escrutinio. En total, 13 votos en contra de los socialistas, y 9 a favor de los ultraderechistas.

“Barra libre para la construcción y las macrogranjas”

El portavoz del PSOE, José Vélez, ha sido tajante en este sentido: “No podemos apoyar este paripé que niega la evidencia científica. Están empeñados en matar al Mar Menor por un puñado de votos”, ha indicado en relación a Vox. La portavoz de la formación morada, María Marín, ha definido la propuesta de los de Santiago Abascal como un instrumento para servir a empresas del ladrillo y del campo con intereses internacionales. “Quieren barra libre para la construcción, para defender los intereses del sector inmobiliario y de las macrogranjas”, ha manifestado.

El momento más tenso, a pesar de que ya lo haya sido el debate, ha llegado tras la votación. Los diputados de Vox se han dirigido al patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional sin mediar palabra con sus compañeros del Ejecutivo. Después, José Ángel Antelo ha salido a la calle para encontrarse con los organizadores de una manifestación agraria que transcurría en paralelo al pleno y que tenía el beneplácito de la Fundación Ingenio, muy allegada al partido ultraderechista. Los agricultores esperaban sus palabras. No han tardado en llegar. “La reforma de la ley del Mar Menor es una línea roja para nosotros en la coalición. Acordamos en el pacto con el PP modificar esa ley. No sé exactamente por qué no han apoyado nuestra reforma”, ha dicho el vicepresidente de la Región.

Los decibelios de tensión ya habían crecido. Entonces Antelo, ante los micrófonos de los medios, respaldado por los agricultores que protestaban, los ha disparado. “Hoy la situación es complicada en el Gobierno. No se ha tenido en consideración nuestra propuesta. Esta tarde llamaré a López Miras para solicitar una reunión con él mañana. A partir de ahí, veremos”.

El presidente de la Región de Murcia, no obstante, tiene programada una reunión este jueves con la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar la coordinación de ambas administraciones en torno a las medidas del Mar Menor. Mientras hablaba Antelo, varios agricultores le instaban, decididos, a romper con el Ejecutivo, advirtiéndole al líder de Vox de que él es quien tiene “la llave para las elecciones anticipadas”.

No es la primera vez que el lobby agrícola vinculado a Vox se manifiesta en las puertas de la Asamblea: el pasado febrero un grupo de agricultores bloqueó el Parlamento murciano y zarandeó el coche de López Miras.

Sin moratoria urbanística desde agosto de 2023

La moratoria urbanística del Mar Menor, antes de la inclusión en el último momento de la reforma de Vox, era el tema principal del pleno. Dos iniciativas se han debatido y votado en este sentido. Una, del PP. La otra, del PSOE. Sus propuestas son similares, aunque resalten algunos matices. Ninguna ha tenido éxito. El pleno que tenía en un primer momento el objetivo de establecer un veto al ladrillo en el litoral del ecosistema se ha acabado convirtiendo en una discusión sin beneficio para la laguna.

La propuesta socialista únicamente se ocupaba de eliminar el plazo temporal de la primera moratoria, fijado originalmente hasta la aprobación del Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente, con el fin de que la prohibición a nuevas construcciones en las zonas vulnerables de la albufera se establezca de manera indefinida. La tramitación popular, en una línea similar, aporta algún que otro cambio menor al texto, hacia el que el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, se ha referido como “una matización para que algunos de los nuevos proyectos urbanísticos que pertenecen a empresarios con poder sí puedan desarrollarse”.

La polémica sobre la moratoria urbanística del Mar Menor tiene ya un largo recorrido. Entró primero en vigor durante tres años tras la aprobación en julio de 2020 de la ley de protección de la laguna con el fin de proteger jurídicamente su entorno de nuevos desarrollos inmobiliarios. En aquel entonces, y en el transcurso de período que se prolongó hasta julio de 2023, el Gobierno popular, según rezaba el texto original de la norma, tenía la obligación de redactar y aprobar un Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente que garantizara el uso sostenible y el equilibrio de los suelos del ecosistema. Pero el tiempo se esfumó y no lo hizo. 

Ya expirado el plazo el pasado julio, y sin previsiones de que el plan de ordenación fuese a ser presentado, surgió en San Esteban la necesidad de una ampliación de ese veto al ladrillo. El Ejecutivo de López Miras aprobó a principios de agosto un decreto ley de prórroga a la moratoria que la oposición no tardó en tachar de “más permisivo”. Durante el verano hubo desarrollos hasta la fecha paralizados que vieron luz verde, como la segunda fase del centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos o 700 nuevas viviendas en Los Belones Este.

El 1 de septiembre se derogó el decreto ley. Ahí ya se atisbaban las diferencias entre PP y Vox en relación a la laguna. Desde aquel día, la moratoria urbanística es historia, y la construcción cerca del Mar Menor no tiene más restricciones que las que puedan ofrecer los Ayuntamientos ribereños.

La Fundación Ingenio y SOS Rural bloquean los alrededores de la Asamblea

En paralelo a la celebración del pleno que ha tumbado las tres iniciativas parlamentarias debatidas, en torno a 250 agricultores se han congregado frente a la Asamblea regional, sin la autorización de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, y sin ni siquiera haberla solicitado, según fuentes de la entidad, para manifestarse en contra de la actual ley de protección del Mar Menor, lo que ha provocado un despliegue policial sin precedentes en torno al Parlameno murciano, con furgones, helicópteros y drones.

La plataforma SOS Rural, la Fundación Ingenio, Coag, Fecoam y Asaja han estado detrás de las convocatorias en la última semana, especialmente las dos primeras, muy cercanas a Vox, cuyos carteles vindicativos, que abogaban por la protección de la laguna de las aguas residuales, han sido esgrimidos por decenas de agricultores. 

Uno de ellos, que portaba una bandera de España de grandes dimensiones con un toro negro dibujado en el centro, y que ha preferido no decir su nombre, es un pequeño agricultor de la localidad cartagenera de Pozo Estrecho. Ha comentado que la mayoría de los que le han acompañado a la protesta son pequeños empresarios del sector, como él. “Nos tachan de terroristas, de que vertemos nitratos a la laguna, cuando no es real. Los nitratos van a las estaciones de servicio de aguas residuales. Estamos criminalizados, estamos cerrando nuestras explotaciones porque estamos arruinados. Quieren cargarse el Campo de Cartagena”, ha afirmado, esgrimiendo la bandera al ritmo de los bocinazos.

Hacia las diez de la mañana, la protesta ha vivido un momento especialmente tenso: unos cuarenta manifestantes se han lanzado al paseo Alfonso XIII de la ciudad portuaria y han cortado el tráfico que en ese momento discurría con normalidad por la avenida. Entonces, el resto ha seguido a sus compañeros, y la calzada ha quedado colapsada. La policía, en un intento de restablecer la normalidad, los ha ido arrinconando hasta la acera. Se han producido empujones y se han escuchado insultos. Pero los agricultores no han desalojado la carretera hasta pasado el mediodía. Entre ellos, incluso, podía verse una bandera de los tercios de Flandes volando sobre el mar de cabezas.

“La agricultura no es el principal factor en la contaminación del Mar Menor. La ley propuesta por Vox es un paso más en la defensa de la laguna. Invito a la gente a que lea la propuesta”, ha expresado entre la multitud, por su parte, Natalia Corbalán, presidenta de la Fundación Ingenio y portavoz, a su vez, de SOS Rural. Corbalán ha sido invitada por Vox para seguir el debate del pleno dentro de la propia Asamblea regional. Ha sido recibida por los manifestantes como una estrella. “Es nuestra Ángela Merkel”, ha recalcado uno de ellos.

“Una canallada”

Por su parte, los representantes de las organizaciones agrarias oficiales también han estado presentes. Santiago Martínez, presidente de Fecoam, se ha mostrado sorprendido por la inacción del Gobierno regional, debido a que, ha asegurado, “tiene un documento trabajado en conjunto con Asaja, Upa, Coag y Fecoam donde estamos de acuerdo en muchos puntos”. “Queremos que se hable de nuestro documento, no de otras reformas como la de Vox, que, por otra parte, tiene cosas buenas”, ha expresado ante los medios.

El presidente de Asaja en la Región de Murcia, José Martínez, ha tachado la actual ley de protección de la laguna como “una canallada”. “Se nos ha echado la culpa a los agricultores. Somos los únicos que tenemos denuncias, cuando la contaminación viene también de otros focos. Queremos producir comida sana y vivir. Hay que dejar trabajar a los que dan de comer”, ha concluido.

A su lado, un grupo de unos 20 representantes de plataformas por la lucha y por la recuperación del Mar Menor como SOS Mar Menor, Pacto por el Mar Menor, Banderas Negras, Ecologistas en Acción o Greenpeace se han reunido, ellos sí con autorización de la Delegación del Gobierno, para protestar por el verdadero cumplimiento de la actual norma y para expresar su rechazo por un proyecto de reforma de Vox que, finalmente, no ha salido adelante.