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“El PP garantiza la legalidad de la llegada del AVE a Murcia”

Severa González, Vicesecretaria Sectorial del Partido Popular de Murcia

María José Alarcón

Murcia —

La vicesecretaria de sectorial del PP de la Región de Murcia y senadora, Severa González, ha manifestado que “la llegada del AVE a la ciudad de Murcia se va a llevar a cabo dentro de la más estricta legalidad, como cualquier otra que lleva a cabo el Gobierno de España, y de conformidad con lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el año 2009 para la parte del trayecto ferroviario que se va a soterrar, en el tramo correspondiente a las zonas del Barrio El Progreso y Santiago El Mayor, en una longitud de cerca de 600 metros”.

En palabras de González, “la obra la promueve y ejecuta el Ministerio de Fomento a través de ADIF y en terrenos de su propiedad, como son las vías y estaciones de tren, sin que el Ayuntamiento de Murcia, ni ningún otro, tengan potestad directa alguna para decidir sobre la paralización de unos trabajos que son de interés general, todo ello sin perjuicio de su derecho a ejercitar las acciones que estimen oportunas, previa la existencia de informes jurídicos definitivos que las avalen y de los que a día de hoy aún carecen”. De ese modo, la dirigente popular ha quitado importancia a la decisión del Pleno municipal de Murcia de recurrir a la vía jurídica para detener las obras por considerarlas ilegales.

Según ha indicado Severa González, “el compromiso para ejecutar el soterramiento integral es pleno por parte de las tres administraciones, como lo prueba el acuerdo unánime suscrito por las mismas en este sentido en Madrid el pasado 30 de julio, en el seno del Consejo de Administración de la sociedad encargada de ejecutar esta actuación, Murcia Alta Velocidad, S.A.. convenio único en España que fija un plazo máximo de cuatro años para realizar las obras a partir de 2017 -el proyecto se está redactando actualmente y se entrega en noviembre de 2016-, así como la consignación de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado exclusivamente para realizar el soterramiento, prueba evidente de la voluntad de cumplimiento”.

 

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