El juzgado de instrucción de Murcia que desde hace más de cinco años investiga el fraude en las obras del tramo del tren de alta velocidad (AVE) Crevillente (Alicante)-Murcia ha acordado procesar de nuevo al medio centenar de investigados.
El anterior auto para la apertura de procedimiento abreviado, de enero de 2019, fue revocado por la Audiencia Provincial de Murcia en marzo del 2020 al considerarlo falto de motivación y sin individualizar debidamente los hechos delictivos cometidos presuntamente por cada imputado.
En aquel momento, el tribunal, que estimó el recurso de la fiscalía y el presentado por el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, defensor de uno de los investigados, dejó en manos de la magistrada titular dictar nueva resolución que cumpliera con las exigencias legales o acordar el sobreseimiento de las actuaciones.
La juez adoptó la primera opción y en un auto de más de 400 folios que acaba de ser notificado a las partes y al que ha tenido acceso Efe acuerda abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado, lo que implica que previsiblemente los investigados, entre los que se encuentran personas físicas y jurídicas, irán a juicio.
La resolución, que puede ser recurrida ante el propio juzgado y ante la Audiencia, da a las acusaciones un mes de plazo para que presenten sus escritos con las solicitudes de condena o de archivo.
La causa iniciada tras la denuncia presentada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en mayo de 2014 se sigue por los supuestos delitos de estafa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y otros.
Entre los investigados figuran el que exdirector de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; el promotor de la obra, José Luis Martínez Pombo, y dirigentes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) y de la comunidad de regantes San Felipe Neri, en la Vega Baja del Segura.
El fraude se habría cometido con la emisión de facturas falsas o sobredimensionadas por los trabajos de reposición de las redes de regadío afectadas por las obras del AVE.
Algunos de los informes incorporados a las actuaciones señalan que el fraude podría ascender a 23 millones de euros.
Entre las empresas que figuran en el auto como responsables a efectos civiles y penales se encuentran Acciona Infraestructuras, Constructora San José y Dragados.