El secretario de Comunicación del PSRM, Emilio Ivars, ha calificado la planta desaladora de Escombreras como “un capricho más” del Gobierno regional del PP, tras la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Ivars ha exigido que se ponga en marcha una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional, y ha recordado que fue el propio PSOE el que propuso la creación de dicha Comisión tiempo atrás para arrojar luz sobre el coste y el destino del agua desalada de Escombreras, pero que el Partido Popular votó en contra.
Emilio Ivars ha explicado que la planta de Escombreras va a costar a los murcianos 600 millones de euros, “una cantidad que esta Región no se puede permitir para una infraestructura que no era necesaria”, ha añadido, y que, como la Justicia está intentando averiguar ahora, “se pudo construir para la finalidad concreta de dar servicio a la macro urbanización Novo Carthago”.
El secretario de Comunicación del PSRM ha incidido en que la primera institución que alertó del sobrecoste y de las posibles irregularidades en la gestión de la desaladora fue el Tribunal de Cuentas, tal y como el propio fiscal de Medio Ambiente reconoció ayer a este medio, y ha pedido que el consejero Cerdá y presidente Garre den explicaciones a los ciudadanos “sobre el entramado empresarial creado y sobre la desalinizadora de Escombreras, que nos va a costar la ruina a todos los murcianos”, ha sentenciado.
“Son ya muchos cientos de millones de euros los que esta Región se podría haber ahorrado si la gestión del PP no hubiera sido tan nefasta en estos veinte años, y eso se está viendo con claridad cada día con casos como éste”, ha declarado Emilio Ivars, y ha concluido que “no es de recibo” que en la actual situación de crisis económica, “con miles de personas haciendo cola en los bancos de alimentos”, cada día haya “un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno regional se ha estado gastando nuestro dinero en caprichos caros e inservibles”.