No, no y no, dice el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conocido por los medios de comunicación regionales como PAS. “Nunca autoricé un contrato con las empresas de la trama Púnica”, señaló el miércoles. Un acuerdo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 36.800 € para lavarle la imagen en las redes sociales de cara a la campaña para alcanzar la Presidencia a costa de fondos públicos enmascarados como “formación”.
Y aunque no lo haya firmado, Sánchez y su equipo, entonces en la Consejería de Educación, estuvieron un año entero que si sí que si no, según los whastapps del informe de la UCO, en manos del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
PAS se justifica con que sólo les escuchó, “como a tantas otras empresas a las que escuchamos”. Pero resulta extraño prestarle atención a una empresa durante un año entero sin carecer por completo de interés.
Paradójicamente, los “trabajos reputacionales” que la empresa de Alejandro de Pedro le estuvo ofreciendo a PAS durante un año tienen los siguientes resultados al escribir su nombre en Google: “Caso Púnica: La Guardia Civil acusa al presidente de Murcia de recurrir a la Púnica para ser el candidato del PP” (ABC); “Pedro Antonio Sánchez, un presidente bajo demasiadas sospechas” (Público); “La Guardia Civil pide la imputación de Pedro Antonio Sánchez” (okdiario); “Pedro Antonio Sánchez: pendiente de imputaciones y Ciudadanos” (Cadena Ser) ya en la primera página.
Wikipedia también informa de que ayudaba a sus padres en una tienda de cerámica con 13 años y que fue voluntario para ayudar a los enfermos que peregrinaban a Lourdes.
Sánchez ha afirmado que tampoco supo de ello a través de la senadora del PP y excaldaldesa Pilar Barreiro, quien según la UCO le introdujo en el mundo de la ornamentación mediática a través de su amigo y también exalcalde de la ciudad portuaria José Antonio Conesa, involucrado en la presunta trama criminal.
Y es que un “trabajo reputacional” no tiene sentido ofrecérselo a alguien con un perfil inmaculado, como no era el caso de PAS. El delfín del expresidente Valcárcel ya se encontró con otra posible imputación de camino a la presidencia por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude contra la Administración por el `caso del Auditorio de Puerto Lumbreras´, localidad en la fue alcalde del 2003 al 2013.
De esta se zafó porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia derivó el caso al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, donde languidece. El auditorio está `recepcionado´ en papel, es decir, firmado como si se hubiera terminado, mientras que en la realidad sólo se yergue el esqueleto de la obra.
En la comisión de investigación que comenzó el lunes en la Asamblea Regional por este caso, el entonces decano del colegio de arquitectos Francisco Caminos explicó que había pedido a sus colegiados que no participaran del concurso de dicho auditorio por considerarlo “fraudulento”.
El martes se añadió un nuevo punto negro en su reputación al encontrar un juzgado de Lorca indicios de prevaricación administrativa por parte del equipo de Gobierno de Puerto Lumbreras, incluido PAS, en la contratación en 2006 del acondicionamiento de espacios públicos y pasarela cerca de la rambla de Nogalte de dicha localidad.
La famosa frase de Julio César sufre una transformación en Murcia “la mujer del César no ha de ser honrada y, en cambio, parecerlo”. O eso presuntamente parece.