La sombra de la “impunidad del PP” bloquea durante un año y medio el Consejo de la Transparencia de Murcia

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) acumula más de un año y medio bloqueado y sin ningún tipo de actividad. No celebra plenos. No toma decisiones. No atiende a las peticiones de los ciudadanos. Acumula un año, además, con el mandato de una presidenta, Juana Pérez Martínez, nombrada presuntamente en contra de la ley y, como ella misma admitió, de manera “anómala”. Durante todo ese tiempo y para mayor controversia se ha mantenido atascada en el juzgado una denuncia por prevaricación interpuesta en diciembre de 2022 por tres vocales del organismo –José Luis Sánchez, Francisco Lucas y Mario Pérez Cervera– contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el expresidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

Se trata de un año en el que, a raíz de las decisiones del Ejecutivo y de la situación posteriormente judicializada, se ha impedido adecuar a un nuevo mandato la composición del órgano de control de la transparencia de la Región, tal y como estipula la ley. Además del bloqueo, el Consejo de Transparencia, nacido en 2014 para garantizar desde una entidad independiente la rendición de cuentas de los poderes públicos regionales, está en peligro de acabar bajo el control absoluto de Vox.

Cronológicamente el supuesto fraude en el nombramiento de Juana Pérez se sitúa en diciembre de 2022. Su acceso al cargo desató la demanda judicial y la consiguiente fase de bloqueo. Unos meses antes, en junio de ese mismo año, el anterior presidente del Consejo, el exmagistrado Julián Pérez–Templado, había dimitido. Según manifiestan fuentes cercanas al organismo a las que ha contactado este diario, debido a que “el Gobierno regional había estado intentando desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico–legales de las que disponen”.

El Ejecutivo de López Miras, sostienen dichas fuentes, había aprobado anteriormente, también en 2022, un decreto–ley para clausurar la sede electrónica del CTRM, de modo que no pudiese recibir peticiones de los ciudadanos por vía telemática. Además, había hecho caso omiso del requerimiento por parte del Consejo de la documentación relativa a cuestiones trascendentales y de consumada gravedad, como por ejemplo la vacunación masiva e irregular de altos cargos y empleados de la consejería de Salud en enero de 2021. 

“Ya no se habla en Murcia de transparencia, ni de rendición de cuentas”

La dimisión de Pérez–Templado no fue aceptada por el Gobierno murciano ni publicada en el BORM hasta cinco meses después de su comunicación –en noviembre– denotando una situación de “dejadez” y dejando al Consejo de Transparencia en la tesitura de suspenso e incertidumbre que todavía arrastra. En ese mismo instante comenzó a fraguarse la polémica, la disputa legal: el supuesto fraude de la ley, que estipula que el Consejo de Gobierno de la Región debe nombrar al presidente de la institución previa designación de la Asamblea a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios. El elegido deberá para ello obtener, según el texto, “una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en primera votación o una mayoría absoluta en la segunda”.

“En el Consejo de la Transparencia hay varios miembros que son estómagos agradecidos del Gobierno de López Miras, entre ellos la misma Juana Pérez y José David Hernández”, explica a elDiario.es de Murcia José Luis Sánchez, vocal del órgano desde 2015 en representación de Comisiones Obreras y uno de los firmantes de la denuncia. Ambos, la primera elegida como vocal en representación de los consumidores, el segundo colocado en nombre del propio Ejecutivo, convocaron en diciembre de 2022 un pleno al que asistieron únicamente seis del total de once vocales. Entre todos eligieron –“a dedo”, asegura el sindicalista– a Pérez como presidenta. “Aquella actuación estuvo totalmente fuera de la norma jurídica. En ese momento se lo hicimos saber a López Miras y a Alberto Castillo a través de varios burofaxes, pero nunca obtuvimos respuesta”, señala Sánchez.

“Desde aquel bochorno el Consejo no tiene ningún tipo de actividad”, continúa el vocal. “Hay una presidenta fantasma. No hay comunicación con los ciudadanos ni rendición de cuentas. Está acabado. Era un órgano con un trabajo frenético antes de todo esto, y ahora se ha opacado. Ya no se habla en Murcia de transparencia, ni de rendición de cuentas. Les han quitado a los ciudadanos una herramienta importantísima en democracia”, concluye.

Sin plenos, ni resoluciones

Navegar unos segundos por la web oficial del CTRM basta para comprobar de primera mano la parálisis del organismo: el último pleno celebrado data del día 7 de abril de 2022 y no consta que se haya resuelto ninguna de las 164 reclamaciones registradas por los ciudadanos desde entonces. 

Dentro de la página da la sensación de que el año 2023, que está a punto de culminar sus últimos días, todavía no hubiese llegado. Tal inacción no sorprende a Francisco Lucas, otro de los denunciantes y exdiputado por el PSOE en la Asamblea que actualmente ostenta un escaño en el Congreso de los Diputados: “El Consejo de la Transparencia no existe, ni reúne, ni convoca ni resuelve”, afirma. 

“Siempre ha sido, desde que se puso en marcha, un organismo incómodo para el Gobierno, que no dejó de incumplir las resoluciones que dictaba. La de las listas de vacunación fue la detonante. Los de López Miras nunca admitieron la independencia del Consejo. Siempre intentaron influir en sus decisiones”, declara Lucas. “Hasta el punto de que pusieron a la presidenta que les dio la gana, sin pasar por la Asamblea. La ley es muy clara. No entiendo por qué no la cumplieron, si tenían la mayoría parlamentaria. Debe ser la impunidad que el PP ha tenido durante más de 30 años”, manifiesta el exdiputado murciano.

El tercero de los signatarios de la demanda, el socialista Mario Pérez, hace referencia a “una intención clara por reprimir el órgano a su mínima expresión”. “En el Gobierno no hay interés por la transparencia”, expone el primer edil, “que realmente es lo que hará avanzar a esta Comunidad”. Pérez accedió al Consejo de la Transparencia como alcalde de Los Alcázares y en representación del resto de sus homólogos de la Región, cuando el órgano ya estaba, asegura, “en plena crisis”.

Dentro del mismo Gobierno la situación se vive sin preocupación, sin hacer de ella un problema: “El Consejo de la Transparencia es un organismo independiente, cuya regulación y actividad está sujeta a una ley aprobada por la Asamblea Regional. La Comunidad únicamente ha nombrado a los vocales que le corresponde. Por lo demás, se ha mantenido en todo momento al margen”, certifican fuentes del Ejecutivo murciano a este periódico. 

El futuro del organismo, en manos de Vox

Para los denunciantes, el Consejo de Transparencia supone para el Gobierno Regional “un estorbo”, “un impedimento” y “una molestia”. El organismo pondría en evidencia información pública relacionada con aspectos cuestionables de la gestión del Ejecutivo. Pese a esto, el Consejo es protagonista de uno de los puntos del acuerdo pragmático firmado por PP y Vox el pasado mes de septiembre, cuando la formación ultraderechista alzó a López Miras, con sus votos positivos, de nuevo a la presidencia de la Región.

Según el pacto, el Ejecutivo planea modificar la actual Ley de Transparencia. Pero no profundiza en cuáles serán las consignas de tal reforma. La otra intención de San Esteban consiste en adscribir el organismo a la figura de Defensor del Pueblo, cuyas potestades recaen en la Consejería de Seguridad, Interior y Emergencias, dirigida por el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo. De modo que será Vox y su líder autonómico quienes tengan el poder de decisión en el nombramiento del próximo o la próxima responsable de la transparencia en Murcia. Fuentes de la formación de Abascal confirman que esa figura podría ser la del expresidente Alberto Garre, actual diputado de Vox en la Cámara de Cartagena.

“Quieren cargarse el Consejo tal y como lo conocemos. Quieren que todo recaiga en una sola persona. Que no exista un pleno diverso con vocales”, asegura Lucas. “Es un órgano imprescindible, pero lo asediaron, le quitaron todo, como si lo hubieran dejado encerrado, sin comida, sin agua ni comunicaciones. Antes era algo muy participativo, donde estábamos presentes todos los sectores de la sociedad. Ahora va a depender del Gobierno”, sentencia por su parte José Luis Hernández.

La denuncia por prevaricación, paralizada

Los tres vocales presentaron el 30 de diciembre de 2022 la denuncia por presunta prevaricación en el nombramiento de Juana Pérez. En ella señalaban directamente a López Miras: sostiene que le comunicaron vía burofax, en dos ocasiones y sin respuesta, los irregulares procedimientos que se estaban llevando a cabo en Transparencia. A esto se suma que los vocales vinculados a su Ejecutivo tuvieron todo el peso en la iniciativa de escoger a la nueva presidenta. Alberto Castillo es el otro señalado por idénticas razones. Le siguen todos los vocales implicados en la elección de Pérez al margen del texto jurídico, el de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana en la Región de Murcia que ahora el nuevo Gobierno quiere modificar.

Ninguno de los denunciantes, una vez la demanda se admitió a trámite en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, ha vuelto a tener apenas noticias del caso. Se podría decir que está “atascada”: “Se ha dilatado en el tiempo”, explica Lucas, “porque la jueza encargada de su instrucción –María del Mar Azuar Fernández, titular del Juzgado Número 5– considera, tras un año, que puede haber conflicto de intereses y se ha abstenido de investigar el delito”. En otras palabras, a la instructora del caso le llevó 13 meses determinar que debía abstenerse a la instrucción del caso, ya que su marido trabaja para la Comunidad Autónoma.

Ahora todo está en manos de otro juzgado: el de Instrucción Número 6. “Que después de tanto tiempo se haya decidido que el encargado de la investigación deba ser otro juzgado es de mafia calabresa. No sé lo que puede pasar en el futuro con la denuncia, pero parece complicado”, explica José Luis Hernández. “Me gustaría que se revocara la elección del último representante y que eligiéramos al presidente o a la presidenta de forma democrática, como debe ser”, asevera en este sentido Mario Pérez.

Desde Presidencia de la Región afirman que se trata de una denuncia política hacia la cual no hay mucho más que añadir. El jurista José María Hurtado explica, en dirección contraria, que a este a tipo de organismos –los de transparencia– desde su creación “los poderes Ejecutivos se lo han puesto siempre muy difícil”. Afirma, no obstante, que son “imprescindibles en un Estado de Derecho”. 

Con respecto a la denuncia, la considera un asunto “complejo”: “No hay una acción directa por parte de López Miras ni de Alberto Castillo. Se nombró a Juana Pérez como sustituta. Si hubiese delito, en todo caso lo habrían cometido los que la votaron. No se puede negar que su nombramiento es anómalo”. El experto vaticina que, en caso de que el juez interprete el nombramiento como delictivo, acabará en el Tribunal Supremo.

Este medio se ha intentado poner en contacto, en varias ocasiones, con Juana Pérez, actual presidenta del CTRM, para preguntarle acerca de la inactividad del organismo, de su sospechosa elección, de por qué se acumulan los meses y los años y no hay atisbos de convocar reuniones ni de resolver peticiones ni atender las demandas de los ciudadanos. En ningún caso ha sido posible.