La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, vuelve a tierras murcianas para revisar el estado del Mar Menor. A las 10:15 del próximo viernes se reunirá con organizaciones ecologistas en la Delegación del Gobierno para presentar los resultados de la consulta pública sobre el Marco Actuación Prioritaria Mar Menor, que finalizó el pasado mes de diciembre. Se trata de un conjunto de medidas elegidas mediante participación ciudadana destinadas a “recuperar la integridad biológica de la laguna, reordenar los usos socioeconómicos de su entorno y hacerlos más compatibles con la preservación del capital natural de este enclave único”.
Se cumplen seis meses desde que el Mar Menor sufriera su segunda anoxia; la laguna estuvo escupiendo peces muertos durante más de diez días. Entonces la ministra para la Transición Ecológica se comprometió a visitar la Región cada tres meses e informar de las decisiones tomadas por el Ministerio sobre la zona.
De acuerdo con Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), en la actualidad la laguna salada sigue recibiendo agua con nitratos a través del cauce de la rambla del Albujón y de algunos puntos de la Marina del Carmolí procedentes del Campo de Cartagena: “Según datos de la propia Comunidad autónoma estos días siguen entrando entre 3.000 y 4.000 kilogramos de nitratos al Mar Menor”, explica. Las medidas para contrarrestar este tipo de vertidos, de acuerdo con ANSE, han sido “escasas”: “La única medida que ha supuesto un cambio respecto a los últimos años es la mejora en el control del regadío por parte de la Confederación Hidrográfica. La superficie de regadío ilegal es algo menor, como consecuencia de las actuaciones judiciales y las inspecciones, pero falta mucha información sobre qué se va a hacer con la agricultura ilegal.”
La ILP para dotar de derechos a la laguna, en el Congreso
El 29 de julio de 2020 ocho personas dieron su rúbrica a la propuesta de Ley convencidas de que había un futuro para la albufera del Mar Menor. “Sin contactos ni recursos económicos hemos conseguido que el 81% de la Región de Murcia y otra parte de España junto con los ciudadanos allende este mar hagamos un poquito de historia”, explicó a este diario la plataforma ILP Mar Menor. Obtuvieron más de 500.000 firmas, las necesarias para llevar al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar a la laguna salada de personalidad jurídica. Actualmente están a la espera de una fecha concreta a finales de mayo para defender la ILP frente al Congreso de los Diputados.
“Mucho retraso” en las sanciones para los regadíos ilegales
Tras la segunda anoxia, hubo un cruce de acusaciones por la responsabilidad de la situación de la laguna Entre el Gobierno regional y el central. Durante la crisis, Ribera denunció que el Gobierno de la Región de Murcia había anunciado “con un año de retraso” la adopción de normas para limitar fertilizantes nitrogenados y aumentar a 1.500 metros esa franja de control para “dar un respiro al Mar Menor”. La vicepresidenta instó al Gobierno regional a acortar los plazos para llevar a cabo los procedimientos sancionadores a los regadíos ilegales que llevaban “mucho retraso”. La ministra para la Transición Ecológica insistió en que había una superficie de 8.500 hectáreas “sin título adecuado para riego”.
La portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo en rueda de prensa que la situación de la albufera “no es fruto de un fin de semana”, sino que se trata de “muchos años de inacción y permisividad” del Gobierno de Murcia.
El Gobierno murciano, por su parte, negó que hubiera 800 expedientes sin tramitar en relación a la protección del Mar Menor: “Es rotundamente falso que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la Comunidad en esta materia, tal y como ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros”. Desde el Gobierno regional dijeron que “tienen abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal, sobre una superficie total de 2.130 hectáreas. Se trata del total de los expedientes recibidos de la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que no existe ninguna orden sin tramitar”.