El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) acordó el miércoles admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Educación contra el veto parental. En el decreto se requiere a la Consejería de Educación de la Región que remita el expediente administrativo con las instrucciones que dictó el pasado 29 de agosto, según fuentes judiciales.
Además, se ordena formar una pieza separada para resolver la suspensión del conocido como 'pin parental' como medida cautelar. La administración autonómica, por su parte, cuenta con un plazo de diez días para exponer su postura ante esta petición. Tras recibir la respuesta, la magistrada María Consuelo Uris Lloret, presidenta de la Sala Contencioso-Administrativa, tendrá cinco días para pronunciarse sobre estas medidas cautelares.
El recurso se presentó un día después de que concluyera el plazo dado por el ministerio dirigido por Isabel Celaá a la Consejería de Educación de Murcia el pasado 17 de enero para que se retiraran las instrucciones del veto parental a las actividades complentarias dadas a los centros educativos de la Región a principio de curso.
“Objeción de conciencia encubierta”
En ese momento, el Ministerio de Educación ya advirtió de que pondría en marcha la maquinaria judicial al entender que esta medida “vulnera los derechos de los alumnos y alumnas”. Celaá subrayó que permitir el veto de estas actividades complementarias sería una especie de “objeción de conciencia encubierta que va en contra de la legislación española”.
El Gobierno de Murcia ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá el veto a menos que una instancia judicial ordene su retirada porque considera que “cuenta con el aval suficiente del informe jurídico y el de inspección educativa que le dan soporte”, según Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda de la Región.
El veto parental ha sido una de las medidas exigidas por Vox para aprobar los presupuestos de la Región hasta el punto de que el pasado enero el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos acordó blindarlo por decreto. El llamado 'pin parental' permite a los padres evitar que sus hijos asistan a las actividades complementarias, evaluables y obligatorias, impartidas por personas ajenas al claustro de profesores, pero elegidas por éstos.
La principal reserva que hace el partido de extrema derecha a estas actividades se centra en que los alumnos puedan eludir las charlas y formación sobre educación afectivo sexual y LGTBI. La primera ocasión que este debate se puso sobre la mesa en la Región fue en mayo de 2018 cuando la antigua consejera de Educación Adela Martínez-Cachá otorgó ayudas económicas al colectivo LGTBI de Murcia 'No Te Prives' para impartir charlas sobre diversidad afectivo sexual en los centros educativos. El ultracatólico Foro de la Familia dio sus quejas inmediatamente a la entonces responsable de Educación de Murcia.
La Universidad de Murcia, contra el veto parental
Por su parte, el Claustro de la Universidad de Murcia, tras un debate de cuatro horas celebrado el miércoles por la tarde, ha votado a favor de un manifiesto que pide la eliminación del veto parental. La declaración institucional aprobada “insta a la eliminación de la autorización por parte de padres y madres de las actividades complementarias” que introdujo la Consejería a principio de curso.