La ronda de comparecencias en el Parlamento murciano para la futura reforma de la ley de protección del Mar Menor que PP y Vox pretenden aprobar ha tomado este miércoles un cariz de puro negacionismo ambiental. Y todo gracias a una invitación propiciada por la formación ultraderechista. Para la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, la laguna salada no tiene ningún problema relacionado con la agricultura ni con los vertidos sistemáticos de nitratos que dicho sector ha ido enviando a sus aguas, superficiales y subterráneas, durante las últimas décadas.
Corbalán no ha tenido reparo en defender, sin embargo, que el foco de la contaminación del ecosistema se encuentra en las aguas residuales. Y lo ha hecho poniendo una serie de bulos y de informaciones sin contrastar en la pantalla de su ordenador. “En cualquier laguna costera del mundo los problemas de eutrofización están provocados por aguas residuales. Menos en el Mar Menor. Qué casualidad”, ha deslizado la máxima mandataria del mayor lobby del agro en la Región de Murcia.
Esas palabras no han sido pronunciadas por casualidad: en su intervención, Corbalán ha cerrado los ojos a lo irrefutable. Daba la sensación, mientras avanzaba en su discurso, de que hablaba de otro ecosistema y no de la albufera murciana. “La ley -de protección de 2020- nació como una medicina equivocada. Es un texto legal que no reconoce ni contempla lo que cientos de evidencias científicas y lo que la Fundación Ingenio ha demostrado a toda la sociedad”.
Entonces ha comenzado su reguero de declaraciones en contra de “los responsables del desastre de la depuración y el saneamiento”, que son, ha dicho, “cómplices y cooperadores necesarios de uno de los mayores problemas medioambientales de Europa”. Corbalán ha esgrimido fragmentos de vídeos sacados de contexto con supuestas afirmaciones de científicos que ponían en evidencia, de manera tergiversada, que las sucesivas crisis de la laguna han ido ocurriendo debido a una mala gestión de las aguas residuales. Se ha tratado de una estrategia comunicativa puesta en marcha por Corbalán y por la Fundación que dirige con el objetivo de eximir de responsabilidades al campo en su totalidad. Incluso a las macrogranjas de Fuente Álamo, a las que una vez más ha abogado por retirar del rango de acción de la ley.
La CEO de Ingenio ha puesto en valor, durante su turno, las cerca de 4.000 explotaciones agrícolas que atosigan y aprovechan cada milímetro el Campo de Cartagena. Pero ha obviado, eso sí, que según las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el acuífero cuaternario del Mar Menor acumula 300.000 toneladas de nitrógeno a consecuencia de las filtraciones masivas de fertilizantes y pesticidas químicos procedentes de esas mismas explotaciones.
“Los agricultores han sido víctimas del relato político y mediático”
El peso económico de la agricultura murciana es enorme. Por eso Corbalán, que representa a las grandes corporaciones y élites agroindustriales de la Comunidad ha resaltado “el desastre” que la actual ley del Mar Menor ha supuesto para todos ellos. “Tenemos un doble problema: una laguna sin recuperar, y una agricultura herida de muerte”, ha expresado. “Se trata de una huerta única en el mundo, de un regadío ejemplar, somos el principal motor de desarrollo de riqueza para la Región de Murcia”, ha evidenciado, defendiendo un modelo de negocio que ha puesto al límite los recursos naturales de su alrededor.
“Los agricultores han sido víctimas de un relato político y mediático”, ha expresado Corbalán, que ha pedido, una y otra vez, un cese de restricciones agrícolas y algo así como una manga ancha para el sector en el entorno. El foco, de nuevo, con un tono decidido, con más diapositivas, lo ha situado sobre las redes de saneamiento. Su declaración ha sido como un círculo constante. “Es imprescindible que esta nueva ley que salga de esta Asamblea contemple al verdadero responsable, las aguas de depuración. Si no, seguirá siendo un instrumento inservible para recuperar el Mar Menor. Es una ley de destrucción de la agricultura, que no es la responsable de su degradación ambiental”.
La directora de la Fundación Ingenio ha puesto en evidencia, además, informes científicos financiados por la propia entidad, en concreto uno del investigador estadounidense Brian Lapointe, que atribuye la contaminación del Mar Menor a las “aguas de origen urbano”. Corbalán ha dicho, sin pruebas, que las anoxias ocurridas en 2019 y 2021 estuvieron provocadas por “fallos en las estaciones de bombeo”.
Bulos desmentidos por catedráticos
Pero no hay, en realidad, estudio científico que no coincida en que el origen del problema ambiental de la laguna salada se sitúa en los nitratos procedentes de la agricultura. El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) Miguel Ángel Esteve afirmó a este periódico el pasado abril que “los modelos de simulación dinámica” que realizaron en la universidad “para calcular la entrada de nutrientes al Mar Menor dan que el 85% de ellos procede del campo, y que en torno al 15% lo hace de la actividad urbana”.
Las comparecencias para la reforma de la ley de protección de la laguna, que comenzaron el 4 de julio ajustadas a las pretensiones de PP y Vox, han puesto un peso mayúsculo en las organizaciones de representación agraria con más influencia en el panorama económico regional. Hasta hoy, han desfilado por las sillas de la Asamblea murciana los máximos mandatarios de las diversas patronales del agro murciano. Junto con Ingenio, todos han defendido, al unísono, suavizar las restricciones para la actividad agrícola y ganadera, de manera que los empresarios puedan ejercer su actividad y obtener, si cabe, un mayor beneficio económico.
Pero ningún compareciente, hasta Corbalán, había evidenciado, sin pudor, un negacionismo ambiental sin base alguna tanto en hechos constatados como en realidades objetivas. “La Fundación Ingenio abre paso a la verdad. No era nuestra responsabilidad. Se ha comprobado”, ha reiterado para concluir.
Natalia Corbalán no ha sido ni será la única integrante de la Fundación Ingenio encargada de expresar su punto de vista sobre la reforma la ley de protección que, antes de la ruptura de la coalición entre PP y Vox, iba a ser una realidad tangible después del verano.
Todavía quedan por hablar científicos que han publicado trabajos pagados por el lobby, como la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Rey Juan Carlos de Madrid, Yolanda Valcárcel, o el catedrático de Química Agrícola de la UMU Miguel Ángel Cámara. También será llamado a comparecer el empresario Luis del Rivero. Asimismo, este mes de julio compareció Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que contribuye anualmente a Ingenio con millones de euros de financiación. Todos ellos han sido llamados e invitados por Vox, pero han contado con el beneplácito necesario de sus exsocios del PP.