Vox registra en la Asamblea Regional una modificación legal para suprimir las subvenciones públicas a sindicatos y patronal

La formación ultraderechista y socia del Gobierno regional, Vox, a través de su portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpáñez, ha presentado a la Mesa de la Asamblea Regional una proposición de modificación de la Ley 5/2017, de 5 julio, que regula los ingresos económicos y la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia.

El partido dirigido por José Ángel Antelo pretende, así, privar a sindicatos y patronal de cualquier sustento económico que provenga de fondos públicos. En el preámbulo del documento, que han registrado ante la máxima autoridad de la Cámara, Vox defiende que la “sociedad murciana ha evolucionado”, y que por consiguiente, dentro de esa evolución, se hace necesaria una modificación del “agravio comparativo con la diversificación de necesidades y sectores con los que contamos este momento en la Región”.

“Si en otro tiempo”, añaden los ultraderechistas en el escrito, “los agentes sociales eran las organizaciones empresariales y los sindicatos, hoy en día existen multitud de entes”. “Sin embargo, la Administración no debe interferir dotando a estos, que son entidades privadas de gestión particular, de un presupuesto anual por el mero hecho de ser un colectivo con derecho de participación institucional. Los ciudadanos no deben asumir todo ese coste”.

Este aspecto fue uno de los más defendidos por Vox durante su campaña electoral, y uno de los puntos en que, a priori, sus puntos de vista no coincidían con el de sus socios populares. En el acuerdo de investidura que posibilitó que López Miras fuese reelegido presidente se recogía la intención del Ejecutivo de modificar dicha Ley “para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa”, “garantizando así”, continuaba el texto, “un uso más eficiente de los fondos públicos”.

Sin embargo, según fuentes populares, la propuesta recientemente registrada por los ultraderechistas no refleja, en lo relativo a las subvenciones sindicales, el espíritu del acuerdo programático rubricado en septiembre por ambas formaciones políticas. Fuentes de Vox aseguran a este medio que la iniciativa ha sido en todo momento consensuada con el PP. No obstante, para el portavoz popular, Joaquín Segado, que ha confirmado que los de Antelo le habían transmitido previamente su intención de presentar la propuesta, aunque sin el beneplácito popular en lo que a su contenido se refiere, “si Vox quiere sacar adelante esta ley, tendrán que conseguir más apoyos que los suyos propios. Esta no es la proposición de ley que pretende el PP ni la que se firmó en el pacto de investidura”, ha expresado.

El texto redactado por Vox, concretamente, suprime el apartado 1 y 2 del Artículo 6 de la Ley: se pone de manifiesto el cese de raíz del sustento económico que en la actualidad el Gobierno regional proporciona a aquellos sindicatos y organizaciones empresariales que tienen utilidad pública. La iniciativa todavía tiene que ser admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea, y, una vez aceptada, deberá debatirse y votarse en el próximo Pleno Parlamentario.

Martínez Alpáñez (Vox): “El PP no ha cumplido con uno de los puntos del acuerdo programático”

Otra desavenencia entre los miembros del Gobierno ha tenido lugar durante el Pleno de este miércoles en la Asamblea, en relación a la propuesta de Vox de rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Los ultraderechistas han sido los únicos en votar a favor de la moción. “El PP no ha cumplido con uno de los puntos del acuerdo programático. Se ha negado a bajar los impuestos a los ciudadanos de la Región de Murcia, a facilitar a los más jóvenes a acceder a viviendas”, ha espetado, en este sentido, el portavoz de la formación de ultraderecha, Rubén Martínez Alpáñez.

Por su parte, desde el PP defienden que la Región de Murcia es una de las comunidades que más bonificaciones contempla para dicho impuesto: en concreto, para familias numerosas, personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad. “En el acuerdo programático”, ha manifestado Segado, “lo único que pedíamos es que la implantación de esas modificaciones que han planteado se hiciera a lo largo de los cuatro años de legislatura. De forma progresiva. Pero no de forma inmediata”.