Dimite la presidenta del Puerto de Cartagena tras la apertura de diligencias penales por una presunta trama de corrupción

Ocho días después de hacerse pública la denuncia de la Fiscalía sobre las irregularidades relacionadas con el nombramiento de algunos cargos dentro de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) o la adjudicación de contratos de servicios para favorecer a amigos y determinadas empresas, dos días después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena le abriera diligencias penales, la presidenta del Puerto de Cartagena, Yolanda Muñoz, dimitió el viernes por la tarde a través de un comunicado después de que el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, asistiera en la ciudad portuaria para el nombramiento del nuevo fiscal de área, David Campayo.

Tanto el consejero murciano de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pidieron la dimisión de Muñoz el pasado jueves. Hasta la apertura de diligencias penales por parte del Juzgado de instrucción número 1 de Cartagena, López Miras se había limitado a decir que lo había visto “por la prensa, no tengo nada que decir”, mientras que Arroyo (también del PP), se había limitado a pedir a la APC que “preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia”. Sin embargo, la secretaria general de Sí Cartagena y vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, sí que reclamó desde el principio la dimisión de Yolanda Muñoz: “Las acusaciones son muy graves. Todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se investiga. Está en juego la integridad y el prestigio de la institución”.

“En el día de hoy, y tras mantener una conversación con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, he tomado la decisión de solicitar mi relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena”, señaló en el comunicado. “Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento, y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia”, añadió.

Los delitos investigados -que se centran en nueve personas y dos empresas- son los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, y falsedad de documento público entre otros, “sin perjuicio de todo aquello que se pueda ir concretando a lo largo de la instrucción”. Según el escrito de la Fiscalía, durante los siete años investigados habrían tenido lugar en el seno de la Autoridad Portuaria de Cartagena nombramientos de empleos públicos a dedo, presiones para cambiar el contenido de algunos pliegos de concurso para beneficiar a una empresa y perjudicar a la que prestaba servicios, pliegos de condiciones que se elaboraban a medida o el fraccionamiento de contratos para poder tramitarlos como menores y evitar la convocatoria de concurso público.

Coacciones y “favores” a empresas

A Yolanda Muñoz se le investiga entre otras cosas por presuntas “coacciones” al comité técnico para modificar el informe de baja temeraria (46,26%) con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad S.A. en la licitación de un expediente de servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad de la APC.

Se tiene conocimiento por los denunciantes que la comisión técnica formada por dos miembros “emitió un informe no favorable a la oferta anormalmente baja de la empresa Salzillo Seguridad, firmada por los dos técnicos del Departamento de Instalaciones”. Pero, “según se afirma, la presidenta (Yolanda Muñoz) obligó a cambiar dicho informe, en el sentido favorable a la justificación de dicha baja”. Dicho informe “solo” fue firmado entonces por un miembro de la Comisión Técnica, el fefe del Departamento de Instalaciones.

Muñoz se enfrenta a otra investigación por presunta valoración “subjetiva” en un proceso de selección para el que se contrató a una empresa, Barraise SL, relacionada con Susana García Bernal, “amiga de la presidenta (de la APC)”. A dicha compañía se le adjudicaron dos contratos menores por un importe de 11.000 euros; además de por presuntas irregularidades en la resolución de una bolsa de trabajo para Policía Portuaria, postergando “supuestamente de modo arbitrario a la primera trabajadora, por ser la hija de un miembro del Comité de Empresa ante el que la Presidenta -según se dice- tendría animadversión (ya fuera por razones personales o profesionales)”.