La tensión tras el asalto violento a un pleno del Ayuntamiento de Lorca se mantiene días después del suceso. La Policía Nacional ya ha detenido a una persona implicada en la irrupción a las dependencias municipales. El PP y Vox lorquinos se encuentran en el punto de mira como instigadores de las revueltas y otro de los asaltantes, un quesero de la localidad llamado Pedro Giner, ha asegurado que fue “manipulado” para acudir a la manifestación. El Consistorio quiere controlar la expansión de explotaciones ganaderas en el municipio, un objetivo que choca con intereses económicos de varios empresarios del sector.
Según datos de la Consejería murciana de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente confirmados a este medio, hay registradas 2.040 explotaciones ganaderas en el municipio de Lorca, una tercera parte del total de la Región, de las cuales 663 son de porcino. Si se tiene en cuenta la comarca del Guadalentín –que incluye los municipios limítrofes de Totana, Puerto Lumbreras, Águilas y Aledo–, la cifra oficial de las explotaciones de cerdos asciende a 923 de las 1.550 actuales.
La concejala de IU en Lorca, Gloria Martín, señala que hay cierto “oscurantismo” sobre las cifras oficiales, y considera que es porque existen “explotaciones ilegales”. Según el último dato que manejan desde su partido, de hace cuatro años, las asociaciones ganaderas computaban un total de mil granjas en el municipio, de las que 50 tenían más de 10.000 cabezas de ganado –macrogranjas–, alcanzando la cifra total de un millón de unidades.
Martín cuenta que también se han multiplicado los gorrinos en el municipio murciano durante el último lustro: “Mucha gente en Lorca pasó de tener 40 ó 50 cerdos en su terreno a mil o dos mil cabezas”. “Los cerdos los pone el integrador. El ganadero está obligado a criarlos con el pienso que vende el integrador y luego a vendérselos también al precio que este quiera. De este modo, los ganaderos son como nodrizas. Y también son responsables de los costes medioambientales, que son elevados”, explica la edil.
Nuevas distancias y un régimen transitorio
Entre los varios puntos que integran la moción que se debatía en el pleno municipal, dos han sido el prinicipal motivo de disputa con parte del sector de la ganadería: la distancia de las macrogranjas porcinas con zonas pobladas, centros de salud o espacios naturales y la falta de un régimen transitorio para las licencias destinadas a crear o ampliar granjas de ganado, y que aún están pendientes de ser autorizadas.
Por un lado, el nuevo texto establece que no se podrán construir nuevas explotaciones porcinas a menos de 1.500 metros del suelo urbano del núcleo de pedanías, colegios, centros de salud y consultorios médicos, ni de la propia ciudad; tampoco podrán hacerlo a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas, ni a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas en el Inventario de Cauces de la Región de Murcia.
Por su parte, el régimen transitorio es un mecanismo legal que, en este caso, habría permitido a las explotaciones, pendientes de obtener su licencia de obra o autorización medioambiental, obviar la nueva normativa planteada por el Consistorio lorquino. Es decir, les permitiría no aplicar las restricciones de distancia integradas en la moción, en caso de que ya tuvieran planeado construir o ampliar sus instalaciones dentro de los nuevos límites propuestos.
Una situación en la que se encontraban siete explotaciones ganaderas y de la que el Ayuntamiento puso en conocimiento a la Comunidad, responsable de conceder dicho régimen. Al no recibir respuesta, optaron por una segunda vía: anular las licencias a indemnizarlas con el valor correspondiente.
A mediados de 2021 se presentaron 17 alegaciones contrarias a aumentar las distancias y a no disponer de un régimen transitorio. Los interesados en que se introdujeran cambios en el texto pertenecen o tienen intereses en el sector ganadero, varios de ellos con autorizaciones pendientes para nuevas edificaciones o ampliaciones de explotaciones ganaderas, que finalmente se verán suspendidas y retribuidas si la moción sale adelante.
Desde el Ayuntamiento justificaron las nuevas restricciones como medio para proteger las infraestructuras básicas esenciales, donde confluyen un gran número de usuarios, de las explotaciones porcinas y sus “inherentes molestias tales como la generación de malos olores tanto de la propia granja como del esparcimiento del purín, ruidos, acumulación de residuos, impacto visual, etc.”. Una propuesta que constituye una “demanda social, cuyos impactos se reducen cuanto mayor sea la distancia de la fuente emisora que los produce, contribuyendo de este modo al desarrollo de una actividad ganadera sostenible ambientalmente”.
A estas dos cuestiones se suman la normas regionales aprobadas en los dos últimos años, y que se decidió citar dentro de la moción. La legislación autonómica establece parámetros para gestionar cuestiones como las bases de purines, los vertidos ganaderos o los cadáveres de animales. Una normativa que, pese a ser de obligado cumplimiento, no era preciso incluir en la moción, y que generó confusión entre los ganaderos. Desde el Ayuntamiento acusaron el PP de “tergiversar” su discurso con este punto, ya que obviaron que las normativas respondían al orden autonómico –con un gobierno encabezado por el propio PP- y no local –con un alcalde del PSOE–.
El alcalde del municipio, Diego José Mateos, se ha mostrado abierto a retomar el diálogo con los ganaderos, en una entrevista concedida en elDiario.es. No obstante, ha descartado retirar la moción y ha asegurado que en unos días se repetirá el pleno. “Vamos a dejar unos días por prudencia para que se calmen las aguas y nos soseguemos todos. Nos vamos a sentar de nuevo con los ganaderos, siempre hemos querido negociar”. El primer edil ha insistido en que no quieren “acabar con un sector que consideramos que es uno de los motores económicos de Lorca”.
José Antonio González preside la Asociación de Empresarios Ganaderos en Lorca. “Arrancamos las negociaciones hace dos años para establecer las distancias de las explotaciones a los núcleos de población, para que fuesen las mismas distancias en pedanías que en casco urbano”, explica. La idea era que hubiese un periodo transitorio “para que las instalaciones que se quedaran fuera de la ordenación pudieran seguir funcionando; nuestra sorpresa fue ayer (por el lunes) que se habían añadido un conjunto de condicionantes pero no como modificación de la ordenanza, sino del plan general y antes de llevarlo a pleno tendría que haber habido un debate”.
Las organizaciones que se sentaron este lunes con el equipo de gobierno mientras un grupo de manifestantes asaltaba el edificio público donde se había organizado el encuentro son Acega, Adespolorca, Alimer, Coag, UPA, ALIA, Piensos la Rambla y Agapa, integrantes de la Mesa de Trabajo Ganadera de Lorca, constituida en 2020 con el Ayuntamiento.
El “problema”, insiste, es que “se ha demonizado al sector de una manera injusta, es el sector más dinámico que existe, siempre en un constante cambio de normativa, de requisitos ambientales, introducción de mejoras técnicas y programas de calidad; no quiero decir que las cosas se estén haciendo mal, pero sí que cada vez se hacen mejor”. Y se lamenta de que “mientras la ganadería está en crisis y pierde dinero, las inversiones no paran”. La carne que se produce en España, asegura, “es de calidad y si no lo fuera el propio mercado nos expulsaría”.