Dos terceras partes de la sociedad murciana está a favor de regular la ubicación de macrogranjas porcinas, mientras que solo un 5'5 por ciento se muestran contrarias a que la Administración tome cartas en el asunto. De esta forma, el 68'1 por ciento de la población se muestra favorable a controlar dónde se construyen macroexplotaciones de ganadería, para asegurar su instalación alejada del casco urbano de pueblos y ciudades.
Los números están recogidos en el barómetro de invierno del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), una encuesta destinada a saber qué opinan los murcianos sobre diversas cuestiones de actualidad política y social. La demoscópica, dependiente de la Asamblea Regional, publica una entrega cada cuatro meses, coincidiendo con el final de cada estación del año. Sobre la regulación de las macrogranjas respecto a su ubicación, un 37 por ciento de los encuestados está 'totalmente de acuerdo'; un 31 por ciento está 'de acuerdo'; un 7,8 por ciento no está 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'; un 3,3 por ciento está 'en desacuerdo', un 2,2 por ciento está 'totalmente en desacuerdo', un 17,3 por ciento 'no sabe qué contestar', y un 1,3 por ciento 'no contesta'.
En el aspecto político, las personas más cercanas (en función del voto y la simpatía) a Unidas Podemos y al PSOE son las que muestran apoyos más elevados a la regulación de la ubicación de las macrogranjas, con niveles de respuestas afirmativas por encima del 80 por ciento. Las personas cercanas a Ciudadanos muestran a favor a la medida en una cifra superior al 70 por ciento mientras que las cercanas al Partido Popular lo hacen en algo más del 60 por ciento de los casos. Por el contrario, las personas cercanas a Vox muestran apoyos por debajo del 50 por ciento a la medida, si bien es cierto que un 12 por ciento de las mismas se muestran indiferentes y otro 27,2 por ciento no saben o no desean responder a la pregunta.
Las encuestas se realizaron a 820 personas residentes en la Región de Murcia entre el 15 de febrero y el 2 de marzo, dos semanas después de que un grupo de manifestantes asaltaran un pleno del Ayuntamiento de Lorca, en el que se pretendía aprobar una moción para contener la expansión de macrogranjas en el municipio. Una de las medidas de mayor peso, y que más oposición encontró desde el propio sector, fue la de establecer distancias para la construcción de nuevas explotaciones ganaderas con zonas pobladas, centros de salud o espacios naturales.
La Policía Nacional identificó a siete individuos entre los asaltantes, que ahora se encuentran a la espera de juicio. La jueza investiga unos actos que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de desórdenes públicos (terrorismo)”. Entre los detenidos se encuentran personas con intereses económicos dentro del sector porcino.
“Llevaban semanas instigando a los ganaderos, diciéndoles que les estaban robando el pan de sus hijos, ha sido una intoxicación porque a la mayoría de los ganaderos no les afecta la moción”, contó a este medio Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida en Lorca, el pasado dos febrero. Días antes del asalto, dos concejales de Vox –María del Carmen Menduiña y José Martínez– y cinco del PP –Fulgencio Gil, Ángel Ramón Meca, Rosa María Medina, Belén Pérez y Juan Miguel Bayonas– se reunieron en el restaurante El Faroli a las afueras de Lorca con los organizadores de la manifestación, a la que asistieron las alcaldesas del PP de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo. “El PP construyó el relato y Vox puso la gasolina, todo esto obedece a una pugna electoral entre ellos porque quieren hacerse con el apoyo de los ganaderos”, apuntó la edil de IU.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha señalado a este medio que desde su Ayuntamiento seguirán trabajando para conciliar la vida en las viviendas y en los pueblos con las granjas y explotaciones ganaderas, “al margen de lo que puedan decir las encuestas, ya que lo hacemos por principios”. No obstante, considera un hecho “muy destacable y muy positivo” que la mayor parte de la población de la Región de Murcia esté de acuerdo en limitar y regular las distancias de cebaderos a viviendas y núcleos de población. “Es una señal de que estamos en el buen camino desde el Consistorio lorquino.