“Aberración”, “delirio” y “trabas burocráticas”: cómo ven los profesores en Murcia el veto parental exigido por Vox

Las salas de profesores de muchos centros educativos de la Región de Murcia están en ascuas. Reina bastante confusión y preocupación por si se ven obligados a aplicar el veto parental exigido por Vox para apoyar los presupuestos regionales del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.

Algunos de estos centros pusieron en marcha las instrucciones que la Comunidad envió el pasado septiembre y que les instaban a pedir la autorización a los padres para que sus hijos asistieran a las actividades complementarias dentro del horario lectivo, evaluables y obligatorias. Otros, en cambio, hicieron caso omiso. La ley los ampara, ya que el decreto de currículo de 2014 estableció que solo es necesario en caso de que las actividades sean fuera del centro o cuesten dinero. La formación de extrema derecha quiere que se modifique la ley.

“Me parece una aberración que un padre pueda elegir que su hijo no se eduque en los valores de libertad y respeto”, dice Encarna Hernández, profesora de Historia del IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena. El objetivo principal de esta medida impulsada por la formación de extrema derecha, que quedó como primera fuerza en la Región en las pasadas elecciones generales del 10N, es evitar que los niños atiendan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual.

Este centro de Cartagena decidió, como tantos otros en la Región, no aplicar la nueva instrucción educativa, pero a raíz de la polémica del veto la profesora no sabe si tendrá que pedir permiso a los padres de sus alumnos para que la Asociación de Memoria Histórica dé una charla en su clase a lo largo de este curso.

“Como profesora creo que es un recurso muy valioso la colaboración de expertos o especialistas en ciertas materias y yo como docente pueda elegir este uso pedagógico”, dice Encarna. “Es delirante. Lo que esconde esta medida es una oscuridad que se da en esas familias que les dicen a los niños que los homosexuales son enfermos o degenerados y no quieren que escuchen que eso es normal”, añade.

En el IES Juan de la Cierva y Codorníu en la localidad murciana de Totana han decidido especificar un poco más la información sobre actividades complementarias recogida en la Programación Geneneral Anual que, por otra parte, ha de ser aprobada por el Consejo Escolar, donde los padres también tienen representación.

Convenciendo de “falacias” a las familias

La profesora de Lengua y Literatura de ese centro María Luisa Caride cree que “lo peor es que con la polémica del veto están convenciendo a familias con buenas ideas de unas falacias tremendas, como si los institutos fuéramos una fábrica de homosexuales”. “Todo esto tiene como línea de fondo el desprecio hacia la labor docente: no se fían de nosotros y por eso tienen que intervenir”, apunta Caride con voz de preocupación.

Héctor Martínez, quien es jefe de estudios y profesor de Ciencias Sociales y Educación Física del CEIP Nuestra Señora de los Remedios en la pequeña localidad de Albudeite, refiere cómo muchas mandan la notificación a casa, pero a veces los propios niños la pierden o se olvidan de firmarla los padres.

“Se me plantean dudas sobre qué hacer con las clases de higiene postural con la fisioterapeuta o sobre higiene bucodental con la dentista del pueblo. No sabemos si los padres no quieren que sus hijos asistan o es que se les ha pasado”, apunta Héctor. “¿Hasta dónde va a llegar la paradoja con esto? ¿Qué hacemos si un docente quiere poner un vídeo de un científico de YouTube, habría que pedir también autorización? Porque se trabaja mucho con eso”, se pregunta Héctor.

En el CEIP Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura utilizan la aplicación de móvil Tokapp School para pedir la autorización de los padres para este tipo de actividades. “Pero luego está el que se ha cambiado de móvil o se ha quitado la aplicación o no quiere ponérsela. Esto supone una traba burocrática detrás de otra”, apunta Eliseo García, su director y concejal de Movilidad y Empleo del Ayuntamiento de este municipio.

“Al niño tienes que ofrecerle una visión de lo que es su entorno y la sociedad, no solo educarle en las matemáticas. Luego ya en casa que le digan lo que quieran, pero él ya tiene una visión crítica. No podemos educar a un niño integralmente si no trabajamos el comportamiento con el entorno que nos rodea; si no, lo estaríamos aislando de la sociedad”, apunta Eliseo.

Cuando en este colegio los niños no han traído la autorización firmada o sus padres no la han validado por la aplicación del móvil, se ven obligados o bien a buscar un maestro de apoyo, necesario en otra clase, o bien se les envía al despacho del director.

“Doblegar a la educación pública”

“Pienso que esto pueda deberse a que la concertada y privada tengan un subterfugio legal para no cumplir con cuestiones básicas como la orientación afectivo-sexual”, apunta Fernando Carmona, docente de Lengua y Literatura en el IES Rector Francisco Sabater de Cabezo de Torres.

“En entrevistas para ser profesor en la concertada religiosa me han dejado claro que para ellos el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Es una manera de quedarse tranquilos en la concertada y doblegarnos a nosotros en la educación pública”, añade.

De hecho, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) de la Región emitió un comunicado para expresar su “oposición rotunda a la intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos. La educación empieza en casa y las familias tenemos el derecho de decidir qué contenidos morales y religiosos se imparten a nuestros hijos”.

El Gobierno murciano, por su parte, sigue sin aclararse. La consejera de Educación y Cultura de Murcia, María Esperanza Moreno Reventós, confirmó el pasado sábado que se había recibido el requerimiento por parte del Gobierno central para no aprobar esta medida. “Desgraciadamente nos hemos enterado antes por la prensa y sindicatos que por el Ministerio, pero es algo a lo que estamos acostumbrados”.

La consejera rechazó la denominación de 'pin parental': “No vamos a acuñar términos de otros, es una instrucción que ya está en vigor desde septiembre de 2018 y no hemos tenido ningún problema. Simplemente, hemos dado libertad a las familias para que puedan autorizar aquellas actividades que estén impartidas por personal ajeno a los centros educativos”.

En la misma línea, Moreno expresó que el Gobierno regional es “firme defensor de los docentes y de los maestros de Murcia, y se lo dice una maestra”. Sobre si la Comunidad atenderá el requerimiento, la consejera indicó que es “una cuestión técnica que se está valorando en este momento”.

El viernes por la noche también se improvisó una concentración contra el veto parental frente a la sede de Ciudadanos en la Región de Murcia. “Esto es un disparate, nadie sabe lo que va a pasar, pero no podemos permitirlo”, señaló Mario, un joven universitario.

Entre el centenar de personas se podía ver a miembros de plataformas LGTBI como No Te Prives o Galactyco, la Asociación Vihsible y representantes de algunos partido políticos, además de personas anónimas con banderas arcoíris. A los pocos minutos de su inicio, los manifestantes decidieron cortar la calle, por lo que la Policía comenzó a desviar el tráfico.

“Pin parental, anticonstitucional”, “Los derechos de nuestros hijos no se tocan” o “No al pin parental” fueron algunos de los cánticos que se escucharon. “Ciudadanos no puede dar su brazo a torcer frente a Vox”, indicó otra manifestante, Esther, que criticaba que los naranjas apoyaran el veto parental.

Hacia el final de la concentración, un hombre leyó un manifiesto contra el veto parental que a día de hoy ya han suscrito más de 100 organizaciones, entre las que se encuentran partidos políticos, colectivos LGTB y diferentes plataformas.