La convulsa legislatura de PP y Ciudadanos en la Región de Murcia ha dejado un reguero de ceses y sustituciones tras de sí en los últimos meses, y de encaje de piezas en las distintas consejerías del Gobierno regional forzadas por la salida y entrada de consejeros después de la frutrada moción de censura de PSOE y Ciudadanos, que terminó con la integración de diputados díscolos de Vox en el Ejecutivo regional. La Consejería de Emergencias no ha sido una excepción, con cinco consejeros diferentes en esta legislatura, tres directores generales (Pablo Ruiz Palacios, Antonio Luis Mula y Fulgencio Perona) y dos gerentes del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), Francisco Javier Gil y Verónica López. Con el cese de Antonio Sánchez Lorente (Ciudadanos) por motivos de salud de la Consejería de Transparencia, las competencias de Emergencias pasaron a engrosar las tareas del consejero Antonio Luengo (PP), en el departamento de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
“Es una imagen de lo que le preocupa al Ejecutivo murciano la seguridad de millón y medio de personas de la Región. Emergencias es una consejería que ha servido de moneda de cambio para el pacto con Ciudadanos, una ventanica para poder ir colando a gente”, apunta Fernando Moreno, portavoz socialista de Emergencias en la Asamblea Regional. “Por eso ni en la Consejería ni en el Consorcio de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) en la Región han habido personas dirigiendo que conozcan la materia”, añade el parlamentario.
El incendio declarado el sábado 27 de agosto en la Sierra Larga de Jumilla por el impacto de un rayo latente se dio por extinguido el pasado jueves tras la intervención de un centenar de efectivos de Emergencias y cinco helicópteros, dos de ellos procedentes de Castilla La Mancha, quienes estuvieron trabajando toda la noche en su extinción. La superficie afectada asciende a 410 hectáreas y el perímetro provisional es de 27 kilómetros.
La caída de un rayo durante la tormenta eléctrica del pasado viernes en la zona fue la causa del fuego, que se originó en la cara norte del Paraje Los Cantaores, y que se fue avivando por el viento que había en la zona. Se formó una enorme columna de humo, lo que hizo preciso activar el Nivel 2 del Plan Infomur, que implica la toma de medidas extraordinarias, entre ellas la petición de brigadas de refuerzo y recursos de otras comunidades, así como los estatales de la UME, que el PP calificó de “capricho faraónico” cuando la creó Zapatero.
“A poco que pase, la UME”
La falta de coordinación entre el Ejecutivo regional y la Delegación del Gobierno dejaron a Jumilla este sábado sin la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias). A las 18.36 se hizo la primera petición de intervención desde el Gobierno regional, y la solicitud se repitió media hora después, según fuentes del Gobierno regional.
Fuentes de la Delegación del Gobierno, sin embargo, aseguran que el procedimiento no se autorizó en ningún momento, aunque sí que salió de la base de Bétera (Valencia) un operativo de tres agentes que se activa por defecto para valorar la situación y los medios que hay que desplazar. “Pero que nunca llegó a Jumilla”. La petición, continúan las mismas fuentes, se valoró como “prematura” desde el Ministerio del Interior, ya que “ni por los datos aportados ni por las previsiones de AEMET, que descartaban que las condiciones metereológicas pudieran extender el fuego, parecía necesario activar la UME”. Algo que terminaron por confirmar desde el Gobierno regional al director de Protección Civil en la madrugada del 28 de agosto.
“A poco que pase algo en la Región enseguida estamos tirando de la UME porque si la situación se va de las manos siempre se puede decir que estos efectivos podrían haber venido antes, pero lo que tenemos son unos servicios de emergencia precarios”, señala Moreno.
Brigadistas atrapados por un cambio de vientos
La Comunidad Autónoma de Murcia sufrió entre el 13 de agosto y el 15 de agosto otro incendio en la sierra de Jumilla, que también ha afectado a la localidad castellano–manchega de Hellín y calcinó un total de 400 hectáreas y en el que sí que participó la UME. A este primer incendio que sufrió la zona este verano –en el Paraje de la Patoja– se incorporaron helicópteros del 112 de la Región, medios de y dos hidroaviones del Ministerio y tras activarse el nivel 2, también efectivos de la UME. La alcaldesa de Jumilla, la socialista Juana Guardiola, ha criticado que “llevamos mucho tiempo en el municipio con la plantilla de bomberos incompleta, pero los medios humanos de las brigadas forestales –que se encargan de las tareas de seguimiento y mantenimiento de los montes– también son escasos; faltan profesionales”.
La escasez de medios, se lamenta Guardiola, pone en peligro los operativos. “Algunos de los brigadistas incluso en la primera noche pasaron verdadero peligro por un cambio repentino del viento, se quedaron atrapados y lo pasaron mal”. “Fue una noche de vientos raros”, cuenta un bombero forestal que prefiere no identificarse. “Por la noche no suele haber viento cambiante –eso ocurre más al amanecer o al atardecer–, pero en cinco minutos todo cambió y a tres brigadas no les llegó la comunicación. Están vivos de milagro. Hemos vuelto a nacer, decían”.
Sequía y falta de limpieza
La alcaldesa de Jumilla reconoce que la preocupación ante la posibilidad de que lleguen estas situaciones “siempre está ahí”. Los montes de la zona “tienen una masa forestal importante y el peligro aumenta con la sequía que sufrimos y la falta de limpieza; hay que invertir mucho más en mantener limpios los montes”. El clima “ha venido para quedarse y cada vez va a ser más caluroso, más seco y nuestros montes son un polvorín para cualquier incendio”, advierte.
De las tareas selvícolas también se encargan durante todo el año los bomberos o brigadas forestales. “Cuando voy al monte ya no disfruto, solo veo potencial de incendios”, cuenta Mari Carmen del Cerro, la primera mujer en la Región que se colocó en primera línea de fuego hace ya 24 años. También subraya la falta de personal en Orthem, la empresa privada que ha tenido diferentes nombres y a la que el Gobierno regional lleva externalizando desde hace 16 años los servicios de prevención y extinción de incendios en el monte.
“Aunque estamos contratadas 350 personas, en el servicio a pie de fuego seremos unas 200. Al día somos seis efectivos por brigada, pero siempre hay alguna baja”, advierte. “Estamos muy agotados. Este año llevamos dos muertes y todavía no ha acabado el verano. Tenemos un convenio terrible y nos estamos jugando la vida por 1.200 euros”, añade la bombera forestal que está luchando para que se apruebe el Estatuto de los Bomberos Forestales en todo el país. El próximo 8 de octubre habrá una manifestación en Madrid para reclarmarlo.
El diputado socialista en el Parlamento murciano también cuestiona la capacidad del Consorcio del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento –los bomberos urbanos–, que cubre toda la Región menos los municipios de Murcia y Cartagena. “Si hay un accidente de tráfico y el Consorcio da cobertura irían en el mejor de los casos tres bomberos, mientras que si se produce el mismo accidente en el perímetro del municipio de Murcia irían un mínimo de doce”, explica el diputado socialista. Mientras que la capital murciana cuenta con dos parques de bomberos con 20 personas cada uno, hay muchos parques locales con una dotación mínima de tres bomberos que, en muchas ocasiones, se reduce a uno o ninguno. Moreno subraya que este problema se viene arrastrando desde 2012 y el Gobierno regional siempre ha apostado por medidas cortoplacistas: “Su política es si no hay suficientes efectivos que echen más horas extra”.
Efectivos envejecidos
“Hemos pedido al Gobierno regional que en los parques locales haya al menos cuatro bomberos porque con esa dotación no se pueden cumplir los protocolos de seguridad”, apunta un bombero del CEIS que prefiere no ser identificado. “Contamos en torno a 90 ó 100 efectivos al día en la Región, el personal está muy envejecido porque no se sacan plazas de funcionario desde 2008 y como nos negamos a hacer horas extra entre abril y julio pasado quedó más que en evidencia la falta de personal”, añade.
“Hay intervenciones en las que estamos muy expuestos, tanto nosotros como los propios accidentados. Si hay un incendio de una vivienda y dos personas van a apagar el fuego y otros dos o tres a hacer el rastreo, todo ese tiempo que no se esté haciendo un rastreo puede determinar que una persona viva o muera o esté más o menos grave”.
Los bomberos del Consorcio se pusieron durante esos meses en huelga porque el Gobierno regional no estaba dispuesto a pagarles las horas extra realizadas el verano anterior, al tiempo que pedían nuevas plazas: “Es más barato tener a un bombero echando más horas extra que a otro al que hay que pagar seguridad social, formación o equipo”, añade. En principio se llegó al acuerdo de que se ampliarían unas 70 plazas a partir del año que viene, aunque los trabajadores denuncian que “otras promesas del Gobierno regional han caído en saco roto”.
Otro problema es que el reparto de horas extra no está centralizado en un sistema informático en la Comunidad murciana, de modo que los bomberos tienen “una especie de mercadeo” con respecto a ese horario laboral. “Se lleva años proponiendo la sistematización de las horas extra a la dirección y no se hace”, añade el bombero. También señalan como insuficiente el hecho de que el CEIS cuente solo con dos mecánicos para toda la Región.
Irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas
El próximo 5 de septiembre se restablecerá el servicio del parque de bomberos de la localidad costera de San Pedro del Pinatar que permanecía cerrado porque se sostenía solamente con horas extra desde 2012. De hecho, el Tribunal de Cuentas viene requiriendo desde entonces que no se incumpla el pago de horas extra a los bomberos de la Región, entre otras cosas porque estas no pueden ser utilizadas para un servicio estructural. El pasado abril, a una semana de Semana Santa, la dirección del CEIS no quiso firmar una hora extra más ante las constantes denuncias del Tribunal, según informan fuentes cercanas.
El pasado marzo el Tribunal dictó un acta de liquidación provisional y exigió a los miembros de la Junta de Gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento que aporten garantías solidarias, es decir, que presenten un aval por si finalmente fueran condenados. Medio centenar de altos cargos de la administración autonómica, entre los que se encuentran alcaldes y concejales de municipios murcianos de todos los signos políticos aunque con una mayoría del PP, tendrán que responder con su patrimonio si se dicta una sentencia condenatoria al haber participado en las reuniones de julio y diciembre de 2017 en las que se acordó el pago de horas extra a los bomberos del CEIS. El caso está en Fiscalía que, finalmente, decidirá si se archiva la causa o se abre juicio.