En el sumario que se instruyó de la trama de prostitución de menores en Murcia, cuyas condenas han resultado muy polémicas al pisar la cárcel solo tres de los 13 condenados, aparecen decenas de nombres de hombres que hicieron uso del catálogo de fotos de adolescentes y chicas que las proxenetas o 'mamis' manejaban en sus móviles en lugares muy diversos: desde un domicilio privado situado cerca de la Gran Vía, la principal calle comercial de la capital murciana, hasta en una planta entera de un hostal en la carretera de Alcantarilla. Se probó que ocho de ellos –aunque en el transcurso de la década que llevó la celebración del juicio un acusado falleció– eran conscientes de haber tenido sexo con menores.
Algunas adolescentes, en cambio, señalaron en los interrogatorios haber sido prostituidas por muchos más hombres que sabían que no habían cumplido los 18 años, y describieron escenas como la de una partida de strip poker en un bufete de abogados ubicado cerca de una céntrica y animada plaza de la ciudad del Segura, en el que se encontraban cuatro letrados, asiduos a las llamadas a las 'mamis'.
Entre los siete condenados que reconocieron su culpa en el acuerdo de conformidad al que llegó la Fiscalía con los abogados de la defensa el pasado septiembre hay varios empresarios, conserjes de colegio, camareros y enterradores, a menudo pendientes de lo que les ofrecían las proxenetas, cuatro de ellas condenadas. Las conversaciones que se recogen en el sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es/Murcia, hablan de las adolescentes como si fueran cromos de un álbum, bromeando sobre si venderlas o si “las niñas” no pasaban la noche fuera.
De entre las once víctimas, que no contaron con abogado, cinco han pedido que los hombres que las violaron entren en prisión. La Fiscalía de la Región, por su parte, ha recurrido tres de las suspensiones de ingreso en prisión: la del cliente conocido como 'El Petrolero', la tercera de las proxenetas y el otro 'taxista pirata' condenados. El primero por los cinco delitos a los que ha sido condenado y los dos últimos, por conformar una banda criminal.
'El Petrolero', poderoso, con contactos y vicepresidente de la patronal
¿Pero yo no voy a la cárcel, verdad?“ En el juicio de conformidad por la trama de abuso sexual a menores en Murcia esta fue la pregunta que planteó uno de los clientes de la red, Juan Castejón Ardid (Cartagena, 74 años), conocido como 'El Petrolero'. Acababan de comunicarle que por los cinco delitos de prostitución a menores que había cometido se enfrentaba a 25 meses de prisión.
“Llama al Petrolero, convencí a la de Lorquí (...) Ha venido tres días seguidos (...)”, intercambian dos de las proxenetas en una conversación recogida en el sumario sobre Castejón.
Durante una milésima de segundo, al empresario cartagenero no le salían las cuentas. El pequeño susto quedó en nada. Castejón –como el resto de clientes de la trama– no tendrá que pasar ni un solo día entre rejas. El argumento, los retrasos en el proceso judicial.
Sin duda, uno de los clientes más conocidos entre las chicas era él: un hombre muy poderoso, con muchos contactos y reconocido dentro del mundo empresarial murciano.
El promotor llevaba cuatro décadas vinculado a la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales (COEC) de Cartagena, de la que llegó a ser presidente entre 1991 y 1995. Más tarde, fue vicepresidente de la patronal de Cartagena y Murcia. La COEC le llegó a dar en 2009 un Premio de Excelencia Empresarial.
Cuando saltó el caso, la patronal de Murcia aplicó por primera vez el Comité de Ética y Buenas Prácticas, que establece que aquellos miembros que se vean implicados en causas penales deben dejar inmediatamente sus puestos en los órganos de representación del empresariado murciano. Poco después, Castejón dimitió en ambas agrupaciones y evitó así que lo pusieran de patitas en la calle.
El apodado como 'El Petrolero' tenía predilección por las menores de edad y no le gustaba repetir. Las quería siempre nuevas. Lo sabían las 'mamis', y lo sabían las chicas. Ardid se paseaba sin pudor con su Mercedes hasta la Avenida Ciudad de Almería de la capital murciana, al domicilio de Yesenia o al chalé de Karina en Zarandona. En su declaración “presupone” que las chicas con las que mantenía encuentros tenían entre 20 y 40 años.
Pero Juan Castejón fue el primer cliente de una chica de apenas 17 años, que le presentó Karina al empresario: “Hicieron el servicio conjuntamente Nelly y ella, a sabiendas de que tenía 17 años; quiso realizar el servicio completo sin preservativo, no accediendo ninguna de ellas y terminando haciéndole una felación ambas”, reza el sumario.
El 10 de noviembre de 2014 Castejón declara a la Policía por primera vez. Asegura que conoce a Yesenia de cuando regentaba el salón de masajes Manhattan. Cuando el local cerró, Yesenia seguía llamándole para ofrecerle chicas. Desde el cierre, Yesenia le habría ofrecido unas veinte, siempre nuevas a petición de él. Por cada contacto se pagaba 100 euros que le daba directamente a Yeni, de los que asume que las chicas recibían la mitad.
En la vistilla para la suspensión de las penas, los jueces preguntaron a Juan Castejón Ardid si tenía alguna razón personal que imposibilitara su ingreso en prisión. Con impasibilidad apeló a un ictus y una operación del corazón, además de un marcapasos. También a que dirigía varias empresas. Ese día la mayoría de los condenados se cubrieron la cara con mascarillas.
Castejón tendrá que indemnizar a cada una de sus cinco víctimas con 2.000 euros, además de abonar una multa de 3.600 euros.
'El Enterraor de Totana'
Había muchos alias para Juan Martínez Fernández (73, Totana) dentro del sumario. 'Cabeza Blanca', 'Juan El Bocinas' o 'Juan de Alhama', pero los medios lo han dado a conocer por ser 'el Enterraor de Totana'. No se presentó a la Audiencia Provincial para la vistilla para decidir el ingreso en prisión. Según su defensa por “problemas de salud” y porque su situación era complicada por la “presión mediática y social” que ha traído este caso.
El Consistorio de Totana llegó a retirar las distinciones honoríficas que se le habían entregado en el pasado tras conocerse el acuerdo de conformidad en el que los condenados asumían la culpa. Estas “condecoraciones”, según la moción presentada por todos los grupos del Ayuntamiento, estaban relacionadas con “la actividad laboral” desempeñada y también con “el ámbito de la cultura y la tradición a causa de su estrecha relación con la Semana Santa”, como era el caso del reconocimiento como Nazareno de Honor concedido por el Ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana. “Cabe recordar de Juan 'el Enterraor' participaba activamente en numerosos actos y cultos de la Semana Santa de Totana tocando la bocina, el Miércoles de Ceniza, en la Misa del Pregón, Día de la Música Nazarena, procesiones, entre otros”, señalaron desde el Cabildo en un comunicado.
Martínez Fernández fue durante cuarenta años la persona que gestionaba los entierros en el cementerio de Alhama de Murcia. También trabajó con su hermano en el de Totana, de donde es oriundo. Cuidó con mucho esmero el camposanto de Nuestra Señora del Carmen en Alhama, propiedad del Obispado de Cartagena. “El cementerio estaba en unas condiciones lamentables y Juan hizo un duro trabajo: lo dejó muy limpio, llevó agua potable a todas las calles, incluso puso hilo musical”, cuenta un vecino del pueblo. “Es una persona muy amable y cercana y participaba en muchos ámbitos sociales, sobre todo los relacionados con la Semana Santa. Ha sido una sorpresa para todos”.
“Justo hace diez años, no sé si coincidiendo con el descubrimiento de la trama, la junta rectora del cementerio decidió prescindir de él y se generó mucha controversia en el pueblo. Juan incluso convocó ruedas de prensa para defender su trabajo y mucha gente se movilizó frente a la decisión adoptada por el cura de la Parroquia de San Lázaro”, recuerda el alhameño.
En el acuerdo se estipula que debe abonar una multa de 600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros a su única víctima reconocida.
Otro vecino de este municipio murciano señala que 'El Enterrador' era “amigo” de otro cliente investigado por prostitución de menores que murió antes de la celebración del juicio. El fallecido alhameño Juan Antonio E. C. tenía una correduría de seguros en Alhama y era “un potentado en el pueblo, tenía poder y dinero”.
Cliente y captador
El caso de José Jara Albero (68 años, Alicante) es peculiar. En su detención figura que su papel en la trama no solo es de cliente, también lo consideran “captador”: “Mercadean con las chicas”, precisan en el sumario. En una ocasión Karina llega a ofrecerle a José Jara “venderle” a las jóvenes: “Ya me cansé de las chicas, si quieres te las vendo a 10 euros cada una”, se queja la proxeneta.
“Karina parece estar enfadada por el hecho de que tras poner en contacto a las chicas con algunos clientes, estas directamente les facilitan su número de teléfono dejando esta [Karina] de ganar por la intermediación, por lo que le propone a José Jara, de manera literal, venderle a las chicas. Es decir, que le cobra diez euros por cada una de ellas, facilitándole a este el número de teléfono de ellas para que sea él directamente el encargado de realizar esas intermediaciones”, explica el sumario, que subraya que José Jara está de acuerdo con esta propuesta.
“No ha podido llamar antes, porque acaba de salir del hospital”, le escribe Karina a una de las menores a su móvil. “O si quieres el lunes seguro que va a estar mejor el viejo/ ¿o estudias? (...) dijo que lo sentía mucho porque ahora que tú puedes, él está malito”, se recoge en el sumario.
En el acuerdo, a José Jara Albero solo se le reconoce un delito de prostitución de menores, deberá pagar una multa de 540 euros y una indemnización de 1.000 euros a su única víctima reconocida.
Con 71 años cuando saltó la trama por los aires
Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca) era promotor inmobiliario y tenía una gasolinera en una pedanía lorquina. Cuando la trama de prostitución de menores de Murcia saltó por los aires, tenía 71, edad como para ser abuelo de alguna de las niñas que las mamis que tejían la red les proporcionaban a sus clientes. Karina lo tenía registrado como 'Antonio Lorca' y de las conversaciones de WhatsApp que mantiene con la proxeneta se desliza sin pudor su deseo por las niñas.
En casa de Karina estuvo con alguna de ellas y se encaprichó por una, a la que después de su encuentro atosigaba sin parar con llamadas y mensajes obligándola a cambiarse de número para desaparecer de su objetivo. Su “morbo” –relata el informe policial– era “ver a dos chicas menores de edad tocándose entre ellas y él mirar y masturbarse”. Por lo que hizo, solo deberá indemnizar a sus dos víctimas con 1.800 euros a cada una, además de abonar una multa de 1.200 euros.
Pese a su fijación por una de las menores, en la vistilla para la suspensión de las penas definió lo ocurrido como “un momento en la vida que no debería pasar”: “Tengo 81 años, soy diabético, mi mujer tiene alzhéimer”.
'El Capi' de la Guardia Civil
A Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) se le conocía como 'El Capi', por ser un subteniente jubilado de la Guardia Civil. Un subteniente con la friolera de 82 años cuando se destapó la 'Operación Baúl'. 82 años para los 15, 16 o 17 de algunas de las chicas que contrataba. 'El Capitán', recogieron los investigadores en su momento, “no solo tuvo relaciones sexuales de pago con menores, sino que a una de ellas y hasta en dos ocasiones, ante la negativa de la menor a tener relaciones sexuales completas, la intentó penetrar, llegando a agredirla sexualmente” ayudándose de la viagra.
Muchas de las menores –como la víctima de Antonio Morales– acudían a los servicios engañadas, con la idea de que se les había contratado para hacer “masajes con final feliz”, pero sin penetración.
Fue a la vista de conformidad en andador, se movió con parsimonia hasta el atril a escuchar lo que ya sabía: que no iría a la cárcel. Deberá pagar una multa de 900 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros a cada una de sus dos víctimas.
'Pepe Mercedes', “siempre menores de edad”
El Sony Xperia Z de José Antonio Arce (70 años, Murcia) era el móvil con el que el condenado –entonces sexagenario– se comunicaba con las 'mamis' para pedirles chicas. Arce no formaba parte del núcleo duro de empresarios, según el informe policial fue conserje en los colegios públicos de Beniaján y Los Garres, pedanías de la capital murciana. Su contacto era Karina y según declara a los investigadores “siempre le pedía chicas mayores de edad”.
Sin embargo –según la investigación– en las conversaciones de WhatsApp con Karina sí que se habla de que los servicios sexuales los realicen “niñas de entre 15 y 17 años, siempre menores de edad”, a lo que responde que esos “mensajes no son verdad” aunque sí que reconoce que las pedía “jóvenes”.
En su declaración, Arce –identificado como 'Pepe Mercedes' en las agendas de algunas de las proxenetas– afirma “tener una adicción al sexo y a consumir prostitución” y añade para completar la justificación que “está mal de la próstata y que un médico le dijo que le vendría bien tener mucha actividad sexual”. Deberá pagar una multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros.
'Juan Naranja', “una de las dos de 17 para la noche”
Juan Peque Álvarez (72 años, León), apodado 'Naranja' o 'Juan Naranja', era camarero en el momento de los hechos, rozando la jubilación a sus 62 años. En conversaciones con la proxeneta Karina elegía y descartaba chicas de 17 años, llegando a quejarse de que no estaban “enteras”: “Mira si consigues una de las dos de 17 años para la noche”, pedía a la explotadora de menores. A lo que “Karina le responde que las 'niñas', no hacen noches”, según cuenta el sumario.
En la vistilla para la suspensión de las penas parecía que iba a gestionar un trámite administrativo. Cuando llegó su turno para alegar por qué deberían concederle el perdón provisional, Juan Peque enunció un rápido “me arrepiento mucho”, y aguardó con paciencia el dictamen de la mesa. Tiene que pagar una multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización de 500 euros a cada una de sus dos víctimas.
El farmacéutico, el empresario y los abogados
El proceso ha acabado con siete clientes condenados y ninguno en la cárcel. Pero en el proceso han quedado otros investigados –más de media docena– que nunca se sentarán en el banquillo por este caso. Se trata de hombres de edades y ocupaciones diversas que, en su mayoría, han burlado la investigación porque no se ha logrado probar que sabían que estaban manteniendo relaciones con menores. Individuos que en el momento de los hechos tenían entre 30 y 85 años.
Entre ellos estaba el propietario de una farmacia en Murcia y profesor de investigación del CSIC que contaba con 85 años cuando se descubrió la trama. El individuo llegó a estar entre 13 acusados de prostitución de menores, pero murió poco antes de que tuviera lugar la vista de conformidad el pasado 10 de septiembre por su avanzada edad (95 años). El sumario lo considera “uno de los clientes más activos” de Karina “con conocimiento de la minoría de edad de algunas chicas”.
Otro de los fallecidos este verano y que había sido detenido en la quinta fase de la 'Operación Baúl' por haber mantenido “relaciones sexuales con conocimiento de la minoría de edad de las chicas” fue Germán R. B., un empresario al que el sumario identifica como 'El Botijero'. El empresario comenzó en los años ochenta a abrir almacenes tipo 'todo a 100' por toda España y continuó dedicándose con la venta al por mayor, situándose su empresa como la segunda a nivel nacional por volumen de facturación en su sector.
También había cuatro abogados que abusaron de tres menores en un bufete situado cerca de una céntrica y animada plaza de la capital murciana. Una de las proxenetas, Nelly Paola Céspedes, acudió a este despacho con tres menores al menos en dos ocasiones. Una de las víctimas detalla en el sumario cómo su primer servicio fue en esas oficinas. La proxeneta le especificó que si uno de los abogados le pedía el teléfono “no se lo diese porque era ella –Nelly– la única que gestionaba el negocio de proporcionar chicas a los clientes”.