Cartagena elude la Memoria Histórica: “Es indigno que en pleno 2025 haya decenas de calles que ensalzan el franquismo”

El cronista Federico Casal, cuenta el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro Egea, se dedicó en la posguerra a dar chivatazos de periodistas simpatizantes de la República para que vinieran a matarlos. Quemó cientos de libros “malos y nocivos” de la biblioteca municipal de Cartagena en nombre de una especie de “pureza cultural”. José Antonio Primo de Rivera, conspirador y fundador de la Falange, fue mitificado por el franquismo para “legitimar la dictadura”. El cardenal Enrique Pla y Deniel apoyó el golpe de Franco en 1936, y calificó la Guerra Civil como una “cruzada” contra el enemigo. El papa Pío XII bendijo la misma aviación fascista que bombardeó 113 veces la ciudad portuaria a finales del 36 hasta reducirla a escombros. Todas esas personas, y un puñado más, siguen teniendo a día de hoy su homenaje particular en Cartagena. Todas ocupan nombres de vías y plazas públicas.

“Es indigno que en pleno 2025 siga habiendo decenas de calles que ensalzan el franquismo. No hay intención alguna por parte del Ayuntamiento de cumplir la legalidad ni de reparar el daño que la dictadura hizo en esta ciudad y en todo el país”, dice Egea, rotundo. El municipio portuario es un claro ejemplo de las reticencias que aún perduran para cumplir la ley de Memoria Democrática de 2022 —antes, desde 2007, denominada de Memoria Histórica—. La situación, encallada desde hace más de un lustro, invita a dudar si algún día será posible desalojar a Franco y a todo su aparato represivo del callejero nacional y de las listas de condecoraciones municipales.

No hay mejor representación física, explica Pedro Egea, del calado que la dictadura tiene todavía en parte de la sociedad que las placas y los nombres de las calles y las figuras que ostentan los premios de una ciudad. Francisco Franco tiene otorgada la medalla de oro de Cartagena desde el año 1945. En ese mismo inventario destacan once franquistas más, entre militares, como Francisco Bastarreche —“un asesino que acabó con niños, mujeres y ancianos durante La Desbandá de Málaga y Almería”—, ministros y la Sección Femenina. “Resulta inexplicable que no haya forma de quitarlas después de tanto tiempo”, sostiene Egea.

“Para justificar su inacción”, incide el catedrático, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado ahora en coalición por PP y Vox, se escuda, según fuentes municipales consultadas, en que espera la redacción, por parte del Estado, de un catálogo nacional de vestigios franquistas —tal y como está recogido en la ley de 2022— que marque las pautas de la retirada. “La corporación arroja además”, prosigue Egea, “un sinfín de excusas de muy poco fundamento, como que no hay que dar más trabajo a los carteros cambiando nombres de calles, o complicar la vida a los ciudadanos modificando la dirección de su domicilio”.

En la ciudad portuaria hay ahora mismo más de 20 vías que la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena (MHC) asocia al régimen y lleva años denunciando. De todas ellas, dos de las más evidentes se denominan ‘José Antonio’. Las fuentes municipales esgrimen que, una de ellas, ubicada en la pedanía de La Aljorra, corresponde a un personaje local ilustre; sobre la otra, sita en el barrio de Los Dolores, señalan que “no se tiene información relativa a la motivación de esta placa y no se puede afirmar que se trate de Primo de Rivera”.

Para la medalla de oro de Franco y del resto de personajes las mismas fuentes abogan por esperar al catálogo nacional. Aunque aseguran que el listado de honores de la ciudad “está siendo objeto de estudio” de la Comisión Técnica para la Memoria Histórica municipal, que ya lleva cuatro años en marcha, desde 2021.

Únicas actuaciones, sin el PP en la alcaldía

“Las calles de una ciudad”, dice Pedro Egea, “son mapas de memoria, de respeto a la historia y a los sucesos trágicos que la marcaron. Es importante que esa memoria quede en la retina de los ciudadanos, y que dignifique y respete a las víctimas. Ahora mismo ese respeto, en Cartagena, no existe”.

Dicha ausencia de respeto mencionada por el historiador apunta directamente al PP, que ha gobernado el municipio, desde la aprobación de la ley de 2007 hasta la actualidad, todos los años salvo un periplo de seis: del 2015 al 2021. Las únicas actuaciones por la Memoria Histórica que se han llevado a cabo en la ciudad —en concreto, la retirada de 28 calles y varias cruces y bustos— ocurrieron durante ese período.

Hay que remontarse al año 2010 para encontrar las primeras reclamaciones de la MHC al Ayuntamiento por la retirada de remanentes franquistas de las vías públicas. Bernardo Sánchez, que por entonces ya formaba parte de la Asociación, cuenta que todas esas peticiones se diluyeron en el silencio, y que solo fueron escuchadas cuando los populares salieron de la alcaldía. “Si no llegan a perder las elecciones de 2015, en favor de PSOE y MC, no se habría quitado absolutamente nada. El PP no cree en la reparación. Siempre está diciendo que quitar calles es como abrir heridas del pasado, como dividir a los españoles otra vez. Ese es su mensaje”.

Durante aquella legislatura 2015-2019 se retiraron, entre otros, nombres como la plaza Bastarreche o la plaza general López Pinto; la calle general Mola en la pedanía de Los Belones; la calle Belchite del barrio Peral; la calle de los Caídos de El Albujón o la avenida Arriba España de La Puebla. “Cuando el PP llegó de nuevo al Gobierno, en 2021, todo se paralizó. Y así seguimos a día de hoy. La Comisión celebra reuniones, pero no decide nada. Se puede poner de acuerdo en que una calle es claramente franquista, pero eso no sirve si no se aprueba después en un pleno. Ahora que el PP gobierna de la mano de Vox está incluso más influenciado”, apunta Bernardo Sánchez.

“Intentamos por activa y por pasiva que se continúe el trabajo y que se quite lo que queda. Pero no hay manera. Reclamamos y no obtenemos respuesta. Lo gritamos en voz alta y no nos escuchan ni nos dan explicaciones”, abunda.

Calle Aviador Franco, calle Ruiz de Alda

Desde el centro de la ciudad, en la señalada avenida Pío XII, la topografía de nombres y elementos alusivos a la dictadura se despliega en Cartagena como un abanico de varios kilómetros: Aviador Franco; Antonio Ramos Carratalá; Ingeniero de la Cierva; Fernández Capalleja; General Pedro Pourtau; Antonio Soler Bans; Trece de Septiembre; José Antonio; Primo de Rivera; Pla y Deniel; Ruiz de Alda; Federico Casal; una placa de la construcción de un edificio de viviendas que todavía conserva, lustrosos, el yugo y las flechas en la avenida de los Toreros.

Las fuentes consultadas del Gobierno local de PP y Vox reafirman que “la retirada efectiva” de todas ellas “ocurrirá cuando se cree y se publique el catálogo nacional”, e inciden en que estudiar cada caso concreto para “llegar a conclusiones y emitir informes” es “largo y farragoso”.

“Es la razón que utilizan para no mover un dedo. Tienen capacidad para actuar y dilucidar si una calle cumple con la ley y eliminarla si no es así. El catálogo solo serviría para evitar conjeturas y dilaciones. Pero esta corporación es hermética e inmóvil. Las calles José Antonio, la calle Pla y Deniel, la medalla de oro de Franco. Nada de eso necesita de ningún catálogo ni de ningún estudio que determine que son franquistas”, esgrime al respecto Bernardo Sánchez.

“El orgullo por la dictadura aún permanece en la derecha”

La realidad de Cartagena es extrapolable a gran parte de la Región de Murcia. Nunca ha existido una ley autonómica de Memoria Histórica para acelerar las actuaciones. Sin ir más lejos, la Asamblea Regional, con los votos a favor de populares y ultraderechistas, elevó el pasado 3 de junio una petición al Gobierno de España de “abandonar las políticas de memoria sobre los hechos del pasado para que se garanticen las libertades de pensamiento y de cátedra”.

En Murcia, la capital, todavía impresiona la inscripción en honor a José Antonio Primo de Rivera en las paredes exteriores de la catedral. En esa misma ciudad, el Ayuntamiento del PP trató de derribar en febrero los muros de la Cárcel Vieja, un penal donde más de 500 republicanos fueron fusilados entre 1939 y 1948, para convertirlo en un restaurante. En el puerto de la cadena, entre Murcia y Cartagena, se alza un ángel de los caídos al que alguien se ocupa de llevar con frecuencia ramos de flores frescas. En otras poblaciones, como la costera de San Pedro del Pinatar, los turistas y veraneantes pasean al calor de junio por calles como Vallejo-Nágera, Carrero Blanco o Queipo del Llano. Este municipio también está gobernado por el PP.

“El orgullo por la dictadura aún permanece en la derecha. No hay derecha en España que se declare antifranquista, y la ultraderecha no se esconde”, reflexiona al hilo Bernardo Sánchez. “Ni PP ni Vox ven mal que todos esos nombres sigan aludiendo a espacios públicos. Eso no va con ellos”.

“Hay que limpiar con hondura esta basura fascista de las calles, pero no hay posibilidad de que se haga algo ahora mismo, salvo que se vaya por la vía judicial”, sentencia Pedro Egea, resignado. Sabe que para cuando concluyan las actuales legislaturas, en el año 2027, ya se habrán cumplido dos décadas de la aprobación de la primera ley de Memoria Histórica, que ya obligaba a los municipios, de la misma forma que obliga la actual, a desprenderse de esas sombras vivientes de una de las etapas más oscuras del pasado.