Es posible que, dentro de la memoria colectiva, se haya olvidado el caso Ninette. No es para menos: esta trama de corrupción urbanística en la Región de Murcia estalló hace 17 años. Este martes vuelve a la primera plana tras conocerse que el titular del juzgado de Instrucción número 2 de San Javier ordena la apertura de juicio oral a 15 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, malversación y blanqueo, en relación con la adjudicación de proyectos urbanísticos y parcelas municipales, según los casos.
Corría el año 2008 cuando el entonces alcalde de Los Alcázares, el socialista Juan Escudero, fue detenido e identificado junto al que fuera el arquitecto municipal -Mariano Ayuso-, el ex secretario del Ayuntamiento, el hermano del arquitecto municipal y a dos empresarios locales. Se les acusa de, presuntamente, tratar de controlar todo el mercado inmobiliario y proyectos arquitectónicos del municipio de Los Alcázares.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación en el que solicitaba penas que suman 20 años de cárcel para Mariano Ayuso, principal acusado, multa de más de 800.000 euros y hasta 27 de inhabilitación absoluta. Penas a las que se adhiere la acusación popular y la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Los Alcázares.
Igualmente, con distinto grado de implicación, las acusaciones se dirigen contra el exalcalde Juan Escudero, empresarios y allegados de aquellos responsables públicos.
Las tres acusaciones solicitan, además, la responsabilidad civil derivada del delito. En el caso de la acusación pública pide que se indemnice al Ayuntamiento de Los Alcázares con 3,7 millones de euros.
Fianza de 4,9 millones
En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere a la mercantil Garcerán Construcciones SL y los dos responsables de la empresa una fianza de 4,9 millones de euros, de la que debe responder solidariamente Mariano Ayuso. Al exalcalde Juan Escudero y otra investigada les corresponden hasta 246.495 euros, de fianza. Y una fianza de 1,3 millones a dos acusados más y a las mercantiles Dorma Golf SL e Ilka Baley SL. para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.
El juez mantiene la obligación de comparecer en el juzgado para seis investigados, si bien debido al tiempo transcurrido sin que haya habido incumplimiento de esta medida cautelar, la espacia, de dos veces al mes a una cada dos meses.
El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.
Por último, se acuerda el alzamiento de las medidas civiles respecto de aquellos acusados para los que no se solicita responsabilidad civil.
Una vez recibidas las actuaciones, los acusados deberán formular en el plazo de 10 días escrito de conformidad o disconformidad con la acusación, proponiendo las pruebas de las que intenten valerse.
Contra este auto no cabe recurso.