La sección sindical de CGT en Transportes de Murcia ha denunciado a la empresa –unión temporal de empresas que asume el transporte público de viajeros en el área metropolitana de Murcia- por mantener, desde el mes de diciembre de 2014, una actitud de “hostigamiento” a su labor sindical y por vulnerar la libertad sindical. Entre los incidentes se encuentran las sanciones a los empleados que presentaron la denuncia y la prohibición de acceso a órganos de representación de los trabajadores –de los cuales son miembros de pleno derecho-.
Desde el sindicato señalan que la actitud de la empresa Transportes de Murcia se viene produciendo desde que comenzaron a exigir una reorganización del trabajo. Con esa reorganización, CGT pretende acabar con los problemas psicosociales de muchos de los trabajadores de la empresa, provocados por la exigencia en el cumplimiento de las horas en las rutas.
En la primera denuncia fechada el 18 de diciembre de 2014, el sindicato de trabajadores señalaba que la empresa propietaria de 'los coloraos' –como se les conoce coloquialmente a estos autobuses urbanos-, aplican una medición de tiempos para los trayectos alejada de la realidad, lo que provoca que los conductores no “puedan cumplir con la hora prevista para llegar a las correspondientes paradas”. Ello da como resultado impuntualidad y una sanción a los conductores, provocando situaciones de estrés.
Un fallo del Juzgado de lo Mercantil obligó a la empresa a comprometerse a solucionar a la “mayor brevedad y junto a la representación de los trabajadores y el Ayuntamiento de Murcia, las irregularidades existentes en la configuración de la duración del trayecto del transporte público”.
Desde el sector sindicato CGT de transportes de Murcia señalan que “este compromiso aún no ha sido cumplido por la empresa”, habiéndose producido numerosas sanciones a los “dos miembros de la Sección Sindical que interpusieron la denuncia”, y con ello impedir que puedan participar en las reuniones. Por ello, el sindicato ha decidido interponer nuevamente una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ya que consideran que existe una “vulneración flagrante del derecho a la libertad sindical”.