Historia del veto parental: una batalla contra la diversidad afectivo-sexual en las aulas de Murcia

Un alumno de sexto de Primaria del municipio murciano de Molina de Segura no puede asistir a una actividad complementaria de su colegio sobre los obstáculos de movilidad a los que se enfrentan los discapacitados en la arquitectura de una ciudad cualquiera. Otro niño de segundo de Infantil de la ciudad de Murcia tampoco puede asistir a un cuentacuentos sobre la esclerosis múltiple. Sus padres han olvidado firmar la 'autorización' exigida por muchos centros educativos en Murcia a raíz del veto parental a estas actividades impuesto por Vox al Gobierno regional.

Estas actividades, evaluables y obligatorias según la ley, y elegidas por los profesores según estándares educativos, son impartidas por personal ajeno al centro y ahí está el problema para Vox. La formación de extrema derecha quiere que los padres tengan la posibilidad de impedir que sus hijos acudan a las charlas sobre violencia de género y diversidad afectivo-sexual impartidas por asociaciones LGTBI.

Suspensión de las charlas afectivo-sexuales en 2018

En mayo de 2018, la que era consejera de Educación del PP, Adela Martínez-Cachá, se hizo una fotografía con el colectivo LGTBI 'No te prives', tras concederles una subvención para impartir charlas de formación en diversidad afectivo-sexual. A los pocos días el Foro de la Familia manifestó que había convencido a la consejera para que “se anularan las charlas, ya que los padres tienen derecho a elegir”, cuenta Jesús Costa, presidente de 'No Te Prives'. A pesar de que esta decisión supuso la reprobación de la exconsejera de Educación en la Asamblea Regional, durante el curso 2018-19 ya se enviaron por primera vez unas instrucciones parecidas a las actuales. “Ahí empezó el movimiento en algunos centros y ya estamos hablando de un 'pin parental' encubierto. Los centros educativos empezaron a censurar”, añade Costa.

En consonancia con el Foro de la Familia, Vox asumió políticamente el rechazo a que los alumnos recibieran formación LGTBI o en contra de la violencia de género al considerar que afectan a “la religión y a la moral” de las familias. Éste fue uno de los puntos aceptados el pasado mes de julio durante la negociación para formar el Gobierno de PP y Ciudadanos e investir al popular Fernando López Miras al necesitar el apoyo externo de la formación de extrema derecha y, de nuevo, durante el mes de enero para aprobar los presupuestos de la Región de 2020.

La instrucción para el curso 2019-2020

En el nuevo curso lectivo la Consejería de Educación emite una instrucción a los colegios e institutos que exige comunicar a las familias las actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al cuerpo de profesores, a diferencia de lo que determina la ley educativa tanto nacional como de la Comunidad Autónoma. Esta información debía llegar a los padres a través de los tutores “por medio de una relación detallada al inicio del curso escolar” para que pudieran manifestar, o no, su conformidad.

Este requerimiento lleva a que muchos centros educativos de la Región pidan autorización expresa a los padres para cada una de estas actividades, o en caso contrario el alumno no entra al aula.

“Si se incumple, no hay sanción” hasta la fecha

A día de hoy, la instrucción sigue generando incertidumbre en los centros, que se ven perdidos ante la falta de concreción de la medida y no saben cómo actuar. “Los inspectores no tenemos orden de controlar que se cumpla esta instrucción”, aseguran fuentes de la inspección. De hecho, el propio presidente de la Región admitió en la Cadena Ser que no era consciente de que se hubiera producido ninguna queja sobre este tema en la Consejería de Educación.

“Si detectamos durante otra actuación que algún centro la está incumpliendo, asesoramos y no se aplica sanción si no hay denuncia”, añaden.

“Si la Consejería se viera obligada por Vox y presionase a los inspectores, estos saben que podrían acogerse a la normativa superior, con la que choca la instrucción. No hay miedo a sanciones”. Cada director –según refieren las mismas fuentes cercanas a la inspección– está actuando con criterio propio, “unos han pasado, otros han cumplido discretamente y otros piden autorización para cada actividad”.

Las negociaciones del presupuesto de la Región

Tras varias semanas de duras negociaciones, la noche del 16 enero el Gobierno de coalición en Murcia anunció un acuerdo con Vox para los presupuestos de la Comunidad. A cambio, la extrema derecha quería endurecer el veto parental y blindarlo por ley. 

Su pretensión era que la autorización de los padres fuera imprescindible, homogénea y completamente detallada para todos los centros educativos. Alfonso Galdón, profesor de Secundaria y expresidente del ultracatólico Foro de la Familia, fue uno de los responsables de rescatar el concepto del llamado 'pin parental' junto a Vox: “Ellos sí que llevan este punto en su programa electoral y lo han hecho valer”.

El 17 de enero, la ministra Celáa emitió un requerimiento al Gobierno de Murcia alegando que el llamado 'pin parental' era contrario a ley, por lo que exigía su supresión a todos los niveles. Desde entonces el Ejecutivo regional se ha movido en un tira y afloja sobre un tema que le ha desbordado y que le ha situado en un laberinto de difícil salida. 

La 'ley Wert' y las actividades complementarias

El marco por el que se rige la elección de los centros educativos de las actividades complementarias es el decreto ley de la LOMCE, también conocida como 'ley Wert', aprobada en 2013. Esta norma educativa tuvo su reflejo en los decretos aprobados posteriormente en las comunidades autónomas y establece los estándares para evaluar cada materia. Dichas actividades tienen que estar vinculadas a los criterios de evaluación, los contenidos y los estándares de aprendizaje. “No es que cualquiera pueda venir a dar una charla. Y, evidentemente, hay diferencias entre Primaria y Secundaria”, señala Eliseo García, director del CEIP Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura.

Uno de los temas que se repiten en todas las materias, de hecho, es la actitud de tolerancia, el respeto a los demás, el fomento de los valores democráticos y la cooperación entre iguales. La LOMCE habla, por ejemplo, de la importancia del “desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

El futuro incierto del decreto y el rechazo de Vox

La Consejería de Educación murciana está decidida a blindar el veto y convertir la instrucción en un decreto. El decreto estará listo en un plazo de tres meses, aunque desde el Ministerio de Educación han insistido al Gobierno murciano que reflexione y paralice las instrucciones que ya están en marcha. En el texto se establece que las charlas impartidas por funcionarios, como un policía, un juez, o un bombero, no necesitarán autorización, así como las de carácter sanitario a cargo de médicos o enfermeras. Para quedarse fuera de las actividades complementarias ahora será necesario el 'no' expreso de los padres. 

Francisco Peñaranda, uno de los impulsores de la ultracatólica Plataforma Escuela Libre de Ideología, considera, sin embargo, que el veto parental en la Región “tiene poco recorrido porque la ley está por encima; quieren aprobar los presupuestos y seguir en el sillón”.

Ante la posibilidad de que se modifiquen los decretos, el docente Eliseo García indica que “en ese caso a los centros no les quedará más remedio que aceptar el veto parental”. “Lo veo muy mal. Entonces, los propios profesores nos tendremos que formar en diversidad afectivo-sexual o igualdad de género, pero nunca va a ser igual para los alumnos que si se les habla de ello una persona que ha sufrido violencia de género u homofobia”.

No obstante, Vox  ha tachado de insuficiente el veto parental propuesto desde el Gobierno de Murcia y amenaza con no apoyar los presupuestos regionales. En declaraciones a EFE, el presidente de la dirección regional de la formación, José Ángel Antelo, ha asegurado que si el decreto no incluye la autorización parental para las charlas de contenido moral o afectivo-sexual, sean impartidas o no por funcionarios, sus diputados no apoyarán las cuentas anuales de la Región.