“Nos encontramos con la difícil tarea de distinguir entre el derecho de todo ciudadano a tener una ideología propia y a poder expresarla y la prohibición de emitir ideas con la intención de fomentar el odio o la violencia contra determinados grupos por razón de su sexo, raza, origen, orientación sexual, etc...”, se puede leer en la sentencia de la Audiencia Provincial número 2 de Murcia por la que finalmente se condenó el pasado jueves por un delito de odio al exjuez Fernando Ferrín Calamita a 16 meses de prisión, 900 euros de multa y otros 3.000 por daños morales a las madres “de C”. Decenas de medios de comunicación digitales y organizaciones como Hazte Oír se hicieron eco, al tiempo que miles de tuits actuaban entonces como caja de resonancia. Así, como todos, se extendió el bulo que el antiguo magistrado de familia había publicado en septiembre de 2020 en su cuenta de Facebook en forma de carta a la entonces menor C., en la que afirmaba que sus madres la habían “abandonado y entregado a los servicios sociales”.
“Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia”, añadía el exjuez. En 2009 el Tribunal Supremo había aumentado de dos años y tres meses a diez años la sentencia de su inhabilitación cuando Calamita la recurrió por impedir la aplicación de la ley de adopción a sus madres, quienes se habían casado recientemente. La Fiscalía fundamentó en su día la pena por cinco resoluciones del exmagistrado, que revelaron una actitud prevaricadora y una condición homófoba. En 2019 se cumplió el tiempo de inhabilitación y el Tribunal Supremo impidió su vuelta a la magistratura cuestionando su “rehabilitación” y achacándole “una auténtica compulsión homófoba”.
Una de las madres, S., relata a elDiario.es el tiempo angustioso que pasaron aquellos días: “Es imposible imaginar los miles y miles de mensajes de odio que pusieron con nuestras caras y nuestros nombres. No había quien lo parara y, con la edad que tenían los niños, ya adolescentes, se enteraban de las cosas. Además, cuando trabajas en un centro grande, como el mío, tienes que dar muchas explicaciones y te sientes constantemente cuestionada”.
Para la la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem) era “muy importante que la condena fuera por delito de odio y, al final, así ha sido. Estaba clarísimo: extender el odio en redes, inventarse cosas y, más, una persona que ha sido juez de familia. Es de un fanatismo extremo”.
Doble estigmatización
“La prensa las machacó. Incluso un periódico regional publicó el contenido de la carta sin contrastarlo previamente con las madres y, después de que les llamaran, solo añadieron unas frases en las que ellas lo negaban categóricamente”, cuenta la portavoz de la asociación. “Ante el discurso de odio y la imagen que dan muchas veces de nosotros y de nuestros hijos lo único que nos quedan son las leyes. Pero si te encuentras con jueces que son homófobos, entonces estamos desprotegidos. Por eso son tan importantes los colectivos LGTBI y, encima, se nos pone la etiqueta de chiringuitos. Es una doble estigmatización”, añaden.
“Imagina dos personas que se casan, hacen un proceso de reproducción asistida para tener a su hija y luego se encuentran con un juez que les retrasa dos años el proceso de adopción. Pero es que llegaron a ese juez porque ya tuvieron problemas en el registro. Esto es un caso de homofobia institucional de principio a fin”, abunda la portavoz de Asfagalem. Esta asociación, de hecho, surgió a raíz de los problemas de varias parejas de lesbianas para registrar a sus hijos en Murcia. S., matiza, en cambio, esta afirmación: “En la Fiscalía, por ejemplo se han portado muy bien. De hecho, al llevar la documentación, actuaron de oficio”.
S. y V. estaban casadas desde 2005 y C. nació en 2006, dos meses antes de que entrara en vigor la posibilidad de que la filiación de su hija a la madre no biológica se produjera de forma inmediata, de modo que tuvieron que recurrir a la adopción. “Había registros, como el de Alicante, que lo daban con carácter retroactivo, pero nosotras dimos en el registro con otro como Calamita. Luego nos concedieron la filiación inmediata de forma retroactiva. Éramos dos mujeres casadas legalmente que decidimos ser madres y después nos divorciamos como otras tantas parejas”, cuenta.
“Temí que nos quitaran a la niña. Lo pasamos fatal durante los dos años en los que Calamita nos mandaba autos amenazantes y me pedía exámenes psicosociales a los que me negué: había tenido a mi hija, como todo el mundo, la había parido. Las psicólogas y las trabajadoras sociales se portaron fenomenal. En la última carta me llegó a decir que estaba dispuesto a buscar entre todos los psicólogos de la Región de Murcia para que me hicieran la prueba”, recuerda S. Más tarde, la pareja se decidió a buscar a un abogado que se atreviera a recusar a un magistrado. “Nos hizo sufrir tanto que pensamos en el daño que iba a hacer en un tribunal de familia. Luego nos llegaron muchas quejas de personas que habían intentado divorciarse siendo él el juez”, añade la madre.
“No puede realizar proclamas sabiendo que, en atención al contenido falso de la información publicada [...] va a provocar actuaciones de odio por parte de algunos de sus seguidores en la red social y, dada su difusión, va a humillar y menospreciar a las perjudicadas, como así sucedió”, se puede leer en la sentencia de condena por un delito de odio a Calamita, en la que también le inhabilitan para cualquier profesión relacionada con la educación durante cinco años. “El daño ha podido afectar a la niña pero, de manera indudable, las expresiones contenidas [...] van dirigidas hacia las madres y, no por cualquier razón, sino por su condición de homosexuales , y la supuesta incapacidad de las mismas, simplemente por ese motivo, de ejercer bien esa función”, añaden.
'Víctima de la cristofobia'
En 2012 Ferrín Calamita publicó el libro Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España, en el que se identifica como católico, defiende la postura de sus acciones en la obstaculización de la adopción de la menor, y niega que antepusiera sus creencias en el proceso de adopción.
El exmagistrado encontró durante el proceso judicial aliados en el sector ultraconservador español. En 2007 HazteOír encabezó una plataforma 'pro Ferrín Calamita' formada por el Centro Jurídico Tomás Moro, la asociación ProJusticia, el diario Ya y el diario Hispanidad.com.
En 2012, unos cuarenta juristas de Madrid, según el propio exjuez narra en una entrevista concedida a Religión en libertad, pidieron su indulto a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno del PP. El propio Calamita aseguraba no tener “muchas esperanzas” en que saliera adelante, y así fue: a comienzo de 2013 se rechazó la petición. En la misma entrevista, Calamita aseguró que el “colectivo de las lesbianas tiene mucha fuerza”: “Hay muchos intereses de por medio, ideológicos y económicos. Todo parte del mayo francés de 1968. Grandes multinacionales y Bancos financian el lobby”. De hecho, HazteOír hizo al poco tiempo su propia recogida de firmas para intentar que el jurista murciano volviera a la carera judicial, rozando las 30.000, una iniciativa que tampoco fructificó.
También la cuenta de Twitter de Vox-Provincia de Murcia denunció en esos momentos que Calamita estaba “siendo perseguido por la ideología de género y por ser cristiano”.