La Policía Nacional cree que la trama, liderada por dos ex miembros del IRA, llegó a blanquear hasta 10,5 millones de euros procedentes del contrabando de tabaco y alcohol. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades inmobiliarias, según explica la Policía en una nota de prensa en la que informa del desmantelamiento de esta red tras la detención de un total de siete personas y once registros en Canarias, Alicante, Málaga y la Región de Murcia.
Entre los detenidos figuran el máximo responsable de la trama y su pareja, Leonard Hardy y Dora Maguire, ambos ex miembros del IRA. Hardy, a quien se atribuye su participación en varios atentados terroristas, fue enviado a prisión eludible con una fianza de 100.000 euros, mientras que su esposa quedó en libertad con comparecencias periódicas en el consulado más cercano a su domicilio, que se encuentra en Irlanda, para que pueda cuidar de sus cuatro hijos menores de edad.
Se dedicaban a la adquisición de inmuebles en distintas provincias españolas de la costa mediterránea y la creación de empresas instrumentales. Lo hacían con la colaboración de una serie de personas con distintas responsabilidades dentro de la organización. A todos los arrestados se les imputan indiciariamente los delitos de contrabando, blanqueo de capitales y financiación de organización terrorista.
En concreto, además de los ex miembros del IRA, también fueron arrestados otros tres ciudadanos de nacionalidad irlandesa, uno de los cuales quedó en libertad con la obligación de prestar una fianza de 100.000 euros, así como un abogado español y una ciudadana noruega de mediana edad. El matrimonio fue arrestado en Lanzarote y las otras cinco personas en las provincias de Alicante, Málaga y Murcia. También se llevaron a cabo once registros en las residencias de los detenidos y en centros logísticos de la organización desmantelada.
Fuentes jurídicas cifraron inicialmente en seis millones el dinero blanqueado por esta organización procedente del contrabando de tabaco, si bien la Policía eleva ahora esta cifra en una nota en la que incluyen además actividades de contrabando de alcohol.
Once inmuebles valorados en 5,5 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tomó declaración el pasado 31 de diciembre a seis de los siete detenidos y adoptó varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la prohibición de disponer de 11 inmuebles ubicados en Málaga, Alicante y la Región de Murcia, valorados en más de 5,5 millones de euros, así como el bloqueo de más de 90 cuentas bancarias y productos financieros en España. También se han cursado comisiones rogatorias a Irlanda y Reino Unido para el aseguramiento de otros bienes y posiciones bancarias.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF Central adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y ha contado con la colaboración de efectivos de la Comisaría General de Información, el HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) de Reino Unido y el CAB an Garda Siochana de Irlanda. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige Pablo Ruz y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y EUROJUST.