Las consecuencias judiciales por el asalto violento en Lorca a un pleno de su Ayuntamiento siguen su curso. La irrupción de unos cincuenta manifestantes en las instalaciones públicas en las que se iba a aprobar el pasado 31 de enero una moción para limitar la expansión de las macrogranjas porcinas, se pagó con la detención de siete involucrados en el asalto. El pleno pudo retomarse unas semanas después, el 22 de febrero. Entre los detenidos se encuentran trabajadores del sector en la zona o personas con vínculos entre las principales empresas y asociaciones relacionadas con el sector del cerdo, y que veían un perjuicio de sus intereses si se aprobaba una moción en contra de las macrogranjas.
Las siete personas identificadas tienen fijada la fecha del juicio para el próximo 13 de junio, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El juzgado número siete de Lorca instruye el caso y la magistrada Cristina Ojados ha citado también a declarar a los denunciantes, entre los que se encuentra el concejal de Izquierda Unida de Lorca Pedro Sosa, el Ayuntamiento y tres de los agentes que intentaron frenar a los asaltantes.
La jueza investiga los actos que –según el auto– “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de desórdenes públicos (terrorismo)”. El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ya se pronunció al respecto del caso asegurando que “trascendencia penal tiene, y bastante”; aunque pidió prudencia y esperar a finalizar la investigación para conocer si los detenidos pueden ser acusados de “delito contra bienes jurídico superiores”.
El 5 de abril han citado a declarar a Francisco Román Quiñonero, presidente de Adespolorca (Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino), uno de los convocantes de la manifestación previa al asalto. Esta asociación agrupa a unos 800 miembros. Quiñonero rechazó los actos violentos ese mismo día, aunque los justificó en parte al entender que se había llegado a esa situación “por no querer hablar, por no querer escuchar”. Al igual que hicieron desde PP y Vox.
Uno de los encausados es un familiar de Román, Francisco R. B., también ganadero, y que presume en sus redes sociales del buen estado de sus instalaciones. Junto a él, se encuentran los dos hermanos de Quesos el Roano, Pedro y Jaime G.R. El primero reconoció un día después del asalto su participación en los hechos, se mostró arrepentido y pidió “disculpas”. A ambos se les ve en repetidas ocasiones en las filmaciones de ese día encabezando al tumulto, con actitud exaltada y vestimenta de estética militar. Francisco Román Quiñonero declinó hacer declaraciones “por el momento” con respecto al asalto al pleno y la detención de su allegado.
Unos meses antes, en noviembre de 2021, se fotografiaba Pedro con el equipo de gobierno de Lorca tras ser galardonados sus quesos con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en los World Cheese Awards, junto a otras cuatro marcas del municipio. Días después del asalto al pleno, sus quesos recibieron un aluvión de apoyos en Twitter, entre ellos el del periodista Javier Negre que le escribía “Siempre con quesos El Roano. Consuman cada producto que boicotee la izquierda”. Según fuentes de su entorno, ambos hermanos son simpatizantes de Vox.
Entre los detenidos más conocidos en el sector porcino tanto en Lorca como en Fuente Álamo se encuentra Fernando F.M., empresario con un número elevado de cebaderos en ambos municipios y mucha influencia. “El día del asalto acompañó a la alcaldesa de Fuente Álamo, del PP, a Lorca para participar en la manifestación”, cuentan a elDiario.es Región de Murcia testigos presenciales. Las mismas fuentes relatan que tiene 107 expedientes de infracción urbanística, y está siendo investigado en el juzgado Número 7 por un delito ecológico, al estar aprovechándose del agua del río Turrilla para abrevar sus granjas porcinas en las pedanías de las tierras altas de Lorca. La primera edil fuentealamera condenó el asalto horas después de que ocurriera.
José G.C., quinto encausado, también está relacionado con el sector de la ganadería al proceder de una familia que se dedica al oficio. Y José M.R. es conocido por dar servicio a los empresarios del sector con cubas y contenedores. Mientras que Juan Antonio S.M. está vinculado con la comercialización de ganado y su transporte nacional e internacional.
Organizaciones políticas
Cinco ediles del Partido Popular y otros dos de Vox se reunieron con los ganaderos impulsores de la manifestación el fin de semana previo al asalto al pleno. Entre ellos se encontraban Fulgencio Gil, exalcalde de Lorca y representante municipal de los populares, y el exconcejal de Agricultura Ángel Meca, además de los ediles de los de Santiago Abascal, Carmen Menduiña, y José Martínez. El encuentro, que se celebró en el salón de bodas Faroli, congregó alrededor de un centenar de personas y terminó convirtiéndose en un mitin de ambos partidos políticos con la intención de fidelizar el voto de agricultores y ganaderos.
Lorca cuenta con una población que ronda los 100.000 habitantes y cerca de un millar de explotaciones porcinas. Con una extensión de 1.675 kilómetros cuadrados, 40.000 de sus habitantes viven diseminados en 39 pedanías, muchos de ellos vinculados a la agricultura y la ganadería. A ellos se dirigió un vehículo con megafonía el día anterior al pleno llamándoles a participar en la concentración bajo el argumento de que la reglamentación que iba a aprobar el ayuntamiento “nos afectará a todos”.
Sin embargo, los afectados directamente son nueve empresas cuyos expedientes están a la espera de una resolución pero que habían actuado por su cuenta ampliando los cebaderos, contrayendo préstamos y contratando personal en lugar de hacerlo con la licencia en la mano. Fuentes consultadas por este medio han señalado que, un mes después de la aprobación de la moción para introducir limitaciones a las macroganjas porcinas, no se ha cerrado ninguna instalación: “Solo buscaban meter miedo algunos interesados”. Las mismas fuentes recuerdan que las normas introducidas no tienen carácter retroactivo, por lo que no se cerrará ninguna instalación que ya estuviera aprobada y en funcionamiento con anterioridad, aunque no cumpla con los nuevos parámetros.