El observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó el pasado lunes 13 de julio datos que arrojan un incremento del 4,3 % en el número de víctimas de casos de violencia sexista registrado en los juzgados de la Región durante el primer trimestre de este año, en relación al mismo período de tiempo durante el pasado año 2019.
Tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la tasa de víctimas por violencia de género a instancias del poder judicial en España ha sido de 14,4 por cada 10.000 mujeres, siendo las Islas Baleares la comunidad con mayor porcentaje de denuncias, seguida de Murcia, Canarias, Andalucía y Madrid.
Los territorios con un índice más bajo en lo que respecta a casos denunciados de violencia de género son Aragón, Galicia, Extremadura y Castilla y León.
Desde la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género se expone que esta cifra corresponde al número de mujeres que se han atrevido a denunciar su situación de vulnerabilidad en los juzgados, lo que concluye que los servicios de atención a víctimas, así como la impulsión de la campaña “Si la oyes, llama” por parte de la Institución, han desarrollado una buena labor en base a las circunstancias.
Los datos arrojados corresponden al período de tiempo en que tuvo lugar la declaración del estado de alarma, primer lapso de tiempo en situación de colapso sanitario, que dio lugar al consiguiente confinamiento de la población, decretado el pasado 13 de marzo en la Región de Murcia. Se trata de unas circunstancias determinantes, que han afectado en gran medida al estado general de la población, y al ritmo de ejecución de los trámites administrativos y judiciales.
“Coacción a las víctimas”
Maria José García Méndez, directora general de Mujer y Diversidad de Género, explica que “el número de llamadas que hemos estado recibiendo en nuestros dispositivos de emergencia por violencia de género durante este período ha disminuido bruscamente. La coacción a las víctimas por parte de su agresor se ha incrementado, imposibilitando en algunos casos ejercer su derecho a denunciar”.
Sin embargo, aunque el número de víctimas por casos de violencia de género declaradas en los juzgados de la Región de Murcia ha sufrido una variación del 4,3%, la cantidad de denuncias registradas, así como el de órdenes de protección solicitadas, no ha experimentado apenas alteraciones en relación con aquellas contabilizadas en el mismo período de tiempo durante el año pasado, siendo esta alteración de un 0,5%.
Expertos en la materia apuntan que el estado de reclusión familiar al que ha sido sometida la población española ha incrementado y agudizado el número e intensidad de episodios de violencia sexista a los que cotidianamente están expuestos los ciudadanos, que se verán reflejados paulatinamente en los juzgados en función del avance de la “nueva normalidad”.
“Mayor incidencia post-COVID”
Gloria Alarcón García, profesora de la Universidad de Murcia, Doctora en derecho y Vicesecretaria general de Economía e Igualdad, expone que “donde hay mayor incidencia de casos de acoso y violencia de género es en el post-COVID, es decir, una vez que las mujeres han dejado de estar confinadas, sus agresores han arremetido contra ellas. El confinamiento ha significado, para el agresor, el mejor de los escenarios posibles”.
Por otro lado, la variación de los procesos de denuncia y atención a víctimas en los juzgados durante estas circunstancias ha he hecho más compleja la situación. La atención telefónica y por videoconferencia, así como el aumento de la probabilidad de sufrir problemas técnicos, han derivado, en muchos casos, en la ralentización de los tiempos de trabajo.
Ascensión Garriga Puerto, psicóloga clínica, apunta que “la utilización de recursos de protección a víctimas de violencia de género de tipo online (whatsapp, correo electrónico…) ha aumentado en un 400%, lo que significa que este tipo de medidas han funcionado de manera oportuna en función de las circunstancias en las que nos hemos encontrado.”
La difusión y puesta en marcha del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID-19 en el que se han desarrollado una serie de medidas estratégicas para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias del confinamiento en la vida de las víctimas de violencia de género, ha impulsado la implicación social general en la detección de casos y el apoyo a las víctimas en la Región de Murcia.
Así, mediante la procuración de números específicos de atención telefónica 24h, la puesta en funcionamiento de aplicaciones digitales para la escucha y asesoramiento profesional y policial a las víctimas, y el desarrollo de recursos asistenciales gestionados y organizados por la CARM durante el estado de alarma, se ha pretendido mostrar a las damnificadas el compromiso de apoyo y protección por parte de las Instituciones.
La aprobación en el congreso de un Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género el pasado 29 de abril en España contó con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, dos de las fuerzas con mayor porcentaje de voto en la Región de Murcia en las pasadas elecciones generales. La formación de extrema derecha se sitúa en contra de la utilización de recursos públicos para proteger a las víctimas de violencia de género, argumentando que se trata de “propaganda feminista marxista” o que “es lamentable que con 25.000 fallecidos y en la debacle económica estemos hablando de violencia de género”.
Ascensión Garriga Puerto señala que las “políticas que visibilicen la violencia de género y protegen que las mujeres que la sufren, a sus hijos e hijas, son imprescindibles para conseguir erradicarla y así poder avanzar a una verdadera igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.