La FAPA Juan González denunciará a la Consejería de Educación de Murcia por no aplicar la ley educativa: “Fomentan centros de élite y guetos”

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González de la Región de Murcia (FAPA) llevará a los tribunales a la Consejería de Educación de la Comunidad, a la que acusa de incumplir y alterar las directrices de la LOMLOE, conocida como ley Celaà. 

La FAPA considera que desde la cartera de Educación se han vulnerado ciertos puntos que marca la normativa estatal, lo que supone un “riesgo para toda la comunidad de estudiantes”. La Federación, la más representativa de la Región, ha decidido recurrir los dos aspectos de la ley que considera más “lesivos”: la escolarización y la titulación. 

El decreto de escolarización de la ley Celáa establece como principal criterio de elección del centro educativo la cercanía con el domicilio familiar. Un parámetro que desde la FAPA aseguran que no se está cumpliendo. La Comunidad murciana ha dispuesto un mapa de escolarización donde se especifican las zonas, todas ellas englobadas en el municipio, y que a la misma vez, éstas tienen sus zonas de proximidad. Al ser tan amplia la distribución de zonas del municipio, el criterio de cercanía al centro no se aplica y por tanto, obliga a ciertas familias a desplazarse kilómetros para llevar a sus hijos a los centros educativos. Marisa Maldonado, presidenta de la Federación, asegura que, de esta forma, no se aplica el decreto de escolarización, y que el objetivo es “segregar” a los alumnos en función de su poder adquisitivo entre “centros de élite y guetos”.

El incumplimento de los nuevos criterios de evaluación y promoción de segundo de bachillerato, conocida como titulación, es el segundo punto que se va a denunciar en los tribunales. Mientras que la LOMLOE deja la puerta abierta a superar dicho curso con una asignatura suspensa, siempre y cuando ésta no pertenezca a la rama de las materias troncales que curse el alumnado, la normativa educativa regional dicta que sólo podrán titularse de bachillerato aquellos alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas.

Según la presidenta de FAPA, se puede “estar a favor o en contra” de los criterios que dicta la ley, pero señala que no se puede “añadir o quitar lo que no les parezca bien”. Desde la Federación, consideran que este tipo actos van en contra de los derechos de “todos los alumnos pertenecientes a la Región, perjudicando más a aquellos 'no privilegiados'”. 

La FAPA Juan González considera que en las decisiones de la Consejería de Educación entran en juego cuestiones “ideológicas”, y les pide que velen por “los derechos de los estudiantes, en lugar de incumplir la normativa estatal”. Maldonado insiste en que la Administración regional trabaja solo para “una parte de la sociedad: los que tienen la posibilidad de elegir determinados centros educativos, ya sea por su nivel social y económico”. Maldonado pide soluciones ante esta agravada situación, pero sobre todo, que se trabaje sobre primar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes de la Región de Murcia, para que ninguno “se descuelgue del sistema educativo”. 

Desde la Consejería de Educación de Murcia han señalado que la normativa regional está cumpliendo con lo establecido tanto en la LOMLOE, como en los Reales Decretos publicados. “Nuestros servicios jurídicos están analizando los correspondientes expedientes”.