El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM), José Molina, ha presidido este lunes la última reunión de su mandato, iniciado en 2015, que ha estado caracterizado, según ha declarado, por el “torpedeo” y la “obstrucción” a su labor por parte del Gobierno regional.
En una rueda de prensa, Molina ha resumido su trayectoria al frente del CRTM criticando a la comunidad por haber “torpedeado” con “malas excusas legales” el plan estratégico que diseñó, “laminar” su independencia y haberle suministrado dos empleados públicos con la misión de “obstaculizar” su labor desde el interior del ente.
Tras asegurar que “tanta tensión” acumulada en estos cinco años en su relación con los responsables autonómicos de la pasada legislatura le provocó un ictus, el presidente del consejo ha resumido que las reclamaciones presentadas en sus cinco años de mandato han sido 465, destacando principalmente por su número las relacionadas con salud y educación.
En este sentido, ha subrayado que las reclamaciones presentadas contra el Servicio Murciano de Salud (SMS) permitieron que se empezara a publicar por parte de la comunidad los datos sobre listas de espera, derivaciones a la sanidad privada y el cierre de plantas hospitalarias.
De las 465 reclamaciones presentadas, 100 fueron estimadas por el CTRM, 15 desestimadas y 92 tuvieron otras formas de finalización, mientras que hubo 258 inadmitidas por no cumplir los requisitos marcados por la ley, fundamentalmente las 167 cursadas en 2018 referentes a las listas de aspirantes seleccionados para ser profesores de secundaria.
Molina, que ha valorado el “talante imparcial” de la consejera actual del ramo, Beatriz Ballesteros, respecto a sus predecesores en el cargo, ha abogado por implantar un régimen sancionador para el funcionario o cargo público que se niegue a facilitar la información, poniendo como ejemplo que en Chile son sancionados con la suspensión de sueldo.
El presidente del CTRM se ha mostrado decepcionado respecto al comportamiento de los cargos públicos de la comunidad, que no han revertido, en su opinión, “tanto clientelismo y enchufismo y tanta corrupción encubierta”, añadiendo que, si la transparencia fuera un valor asumido por la administración, se generaría un 1 por ciento del PIB regional (unos 300 millones de euros).
Respecto al sucesor que elija el próximo miércoles el pleno de la Asamblea Regional, Molina ha considerado una “aberración democrática” que uno de los dos candidatos propuestos lo sea por los partidos del Gobierno regional, administración a la que esta figura debe controlar.
“Deseo que prosperen los valores democráticos y de respeto a la ciudadanía que se van a poner a prueba frente a los intereses particulares de un partido en el gobierno”, ha remachado antes de concluir que dependerá de su sucesor “demostrar que es independiente”.