La policía se plantó hace un mes en la vivienda de Natalia y sus dos hijos en el municipio murciano de Alguazas para desahuciarla sin notificación previa. La cita oficial se produjo ayer por la mañana, pero Natalia no había tenido tiempo para irse “a otro sitio”. “¿Dónde me metía con los niños?”, dijo a eldiario.es. Una treintena de miembros de la PAH aparecieron desde las 7h de ayer en la puerta de su casa y consiguieron aplazar el lanzamiento tras vivirse momentos de bastante tensión.
“No voy a dar lugar a pasar otra vez por esta situación que he sufrido ayer y hoy. Ahora entiendo cuando salen estas noticias en la tele y dices, madre mía, se ha tirado por la ventana porque la iban a desahuciar. No he sentido lo que sentí anoche en mi vida, ni siquiera con los malos tratos”, dijo Natalia.
La procuradora de la gestora de servicios inmobiliarios SATEK, que a su vez tiene un contrato firmado con la promotora DRINTING, llevaba unos días amenazando a Natalia por teléfono y en persona para que se fuera de la casa ya que llevaba dos años sin pagar el alquiler. Llegó acompañada por la guardia civil y la policía local y hubo un enfrentamiento tenso con la familia y los miembros de la PAH reunidos en la casa. Finalmente la guardia civil se fue del lugar.
“Nos cambiaban el número de cuenta para ingresar cada vez que les daba la gana”, dijo Natalia. “De hecho, yo me he ido con el contrato a Haciendo y me han dicho que es ilegal”, añadió.
De los 48 duplex construidos solo unas cinco o seis familias pagan el alquiler. Dos familias presentaron una querella contra SATEK por estafa. “Las casas estaban sin terminar de construir, cada vez nos daban un número para hacer los ingresos, además de que se comprometieron a arreglar los desperfectos y nunca sucedió”. Por otra parte, muchos de los habitantes de la urbanización entraron rompiendo la puerta. “Yo soy la primera que me quiero ir de aquí”, dijo Natalia.
Natalia es víctima de violencia de género por parte de su exmarido quien, además, desde hace cinco años no le pasa manutención para sus hijos de 14 y 7 años. Desde que se enteró que tenía una nueva pareja no paraba de amenazarla por teléfono. “Vive en Marbella. Me hacía la vida imposible. Desde que me levantaba por la mañana y tenía el móvil en las manos yo lloraba porque veía que este tío un día se venía hasta aquí y me quitaba de en medio”, contó.
La mujer de 35 años lleva unos meses trabajando través de una ETT días sueltos como operaria en un fábrica de plásticos en Molina de Segura, aunque hace tres meses tuvo un accidente en la carretera y está de baja de laboral, con lo que está cobrando de forma extraordinaria los 31 días del mes.
La concejala de Asuntos Sociales de Alguazas, Consuelo Asís, también acudió a la vivienda a las 9 de la mañana del miércoles y trató de hacer una labor mediadora para evitar que la familia fuera desahuciada de la casa.
Además, Cajamar ha demandado por impago a la promotora DRINTING. De hecho, el 27 de diciembre de 2016 la procuradora de Cajamar le pidió al juzgado competente la subasta de estas propiedades. “Por lo visto, no la pagan y lo dejan en manos de una gestora de inmobiliarias para que la explote. Es posible que SATEK esté reclamando unos importes que no le corresponden”, señaló Pedro Ortas, miembro de la PAH de Torres de Cotillas.
“Lo que es grave es que el juez que ordenó el desahucio no tuviera todo esto en cuenta, además del hecho de que hay menores viviendo en la casa”, añadió Ortas.
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