Recientemente hemos puesto en marcha el servicio de asesoramiento jurídico a las personas refugiadas del campo de Ritsona. Hemos podido iniciar este proyecto, que mantendremos de forma periódica, gracias a la colaboración del Infobus, un proyecto que conocimos en Khora, un centro social autogestionado en el barrio ateniense de Exarchia.
En este barrio, principal foco del activismo griego, se encuentran gran parte de los squats (edificios ocupados) que desde hace un año se han convertido en el hogar de miles de personas refugiadas, así como varios centros sociales autogestionados que ofrecen distintos servicios, como atención dental, actividades formativas, distribución de ropa o comedores sociales, que cubren las graves carencias de la atención que reciben las personas refugiadas de forma oficial.
El City Plaza es el emblema de este movimiento. Un hotel cerrado y abandonado hace años, situado en la céntrica avenida Acharnon de la capital griega, en el que viven cerca de 400 personas en una realidad muy diferente a la de los campos de refugiados. La horizontalidad y la solidaridad son los principios en los que se sustenta la actividad de este refugio, que el próximo 22 de abril celebra su primer aniversario bajo la amenaza de desalojo.
El pasado 13 de marzo, la policía ya desalojó uno de los squats atenienses, el de la calle Alkiviadou, a petición de la Cruz Roja griega, propietaria del edificio. Las doscientas personas que residían en él fueron detenidas sin tener acceso a un abogado, despojadas de sus posesiones y trasladadas a campos de refugiados, en el mejor de los casos, mientras que aquellas que se encuentran en situación irregular fueron encarceladas y se enfrentan a la posibilidad de ser deportadas.
El fenómeno de los squats y centros autogestionados surgió hace aproximadamente un año como una respuesta política a la situación de las personas refugiadas, frente a la respuesta humanitaria que suponen los campos. Porque la naturaleza de la llamada crisis de los refugiados es política. Surge de decisiones deliberadas, como la de establecer cuotas de acogida por países, que luego se incumplen sistemáticamente.
Para aquellos que llegaron a Grecia antes del 20 de marzo de 2016, los programas de reubicación o reasentamiento, por los que podían optar a obtener asilo o residencia permanente en alguno de los Estados miembros de la UE, suponían un atisbo de esperanza. Pero hoy por hoy, las cifras de acogida ni se acercan a las anunciadas, y ya se prevé el incumplimiento de los compromisos europeos.
Muchos de los residentes del campo de Ritsona llevan más de un año esperando la resolución de sus expedientes, enfrentándose a la incertidumbre, a la desinformación y a la cronificación de su situación. Todo ello como consecuencia de las decisiones conscientes de los gobiernos y las instituciones europeas, que se han desentendido del efecto que sus políticas tienen en los países de origen de las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra y la persecución.
Hace unos días, un refugiado sirio falleció tras prenderse fuego en el campo de Vial, en la isla griega de Chios, en protesta por las deportaciones a Turquía que el Gobierno griego realiza al amparo del acuerdo entre dicho país y la UE, y por las condiciones de los campos de refugiados en Grecia.
Para aquellos que llegaron a Grecia después del infame acuerdo de la UE con Turquía, la perspectiva es aún más desalentadora. Tendrán que quedarse en Grecia, un país fuertemente golpeado por la crisis económica y el desempleo, y además tendrán que esperar durante un periodo que empieza a eternizarse.
El Gobierno griego ya está poniendo en marcha diversas medidas que parecen apuntar a que los campos de refugiados persistirán durante mucho más tiempo. Los cambios en el sistema de distribución de alimentos o la posibilidad de establecer pequeños negocios gestionados por los propios refugiados dentro de los campos suponen la confirmación de lo que muchos sospechábamos hace tiempo.
Esta no es una situación temporal, sino que supone el establecimiento a largo plazo de miles de personas en campos alejados de los centros urbanos, sin acceso a servicios básicos como la atención médica o la educación, en lo que supone una violación constante de sus derechos y de los principios de la UE, así como el incumplimiento de la normativa internacional sobre asilo y refugio.
Ante esta situación, parece imprescindible abrir nuevas vías de colaboración que permitan el empoderamiento de las personas refugiadas, sometidas desde hace muchos meses al aislamiento físico y social. Centros como Khora y el City Plaza presentan formas alternativas de gestionar la situación, y además se encuentran cerca de los núcleos en los que encontrar trabajo o acceder a servicios son posibilidades reales, al contrario que en las zonas aisladas en las que se encuentran la mayoría de los campos de refugiados. Trasladar esas prácticas a los campos es uno de los principales objetivos que las organizaciones independientes debemos plantearnos, como alternativa a la desinformación y la exclusión de los procesos de toma de decisiones en los que se encuentran sumidos los miles de refugiados que siguen, más de un año después, atrapados en Grecia.
*Amanda Gómez Carruthers es activista de la Asociación Amigos de Ritsona