La denuncia presentada por la Fundación San Antonio, propietaria de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), contra funcionarios de la Consejería de Cultura por un delito de prevaricación ha sido inadmitida por el juzgado número 8 de Murcia.
El motivo de la desestimación es que el juez David Castillejos ha considerado que la penal no es la vía adecuada, ya que se trataría de un conflicto “jurídico técnico”.
La demanda denunciaba el supuesto bloqueo a la UCAM para la obtención de licencias para la edificación de un aulario y un espacio deportivo en Guadalupe, donde se ubica el campus principal de la Universidad.
En la querella, la UCAM defiende que María Comas –exdirectora general de Bienes Culturales- y Miguel San Nicolás –jefe del Servicio de Patrimonio Histórico- “realizaron de manera grosera y deliberada actuaciones muy perjudiciales para la fundación, hasta el punto de venir a fijar en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil”, según informa el diario La Verdad.
La Fundación plantea que se habría producido durante años “una acción conjunta y deliberada de esos funcionarios, primero por omisión y permisión en la caducidad de un expediente de 2008 y después con el expediente sancionador y medidas cautelares derivadas del derribo de El Corralazo”.
Según refleja el juez en el auto, el planteamiento de la denuncia es “endeble”, “flaquea” y “no se sostiene” siendo “un plan insostenible que demuestra la creación puramente artificial de la querella”.