El futuro Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez tiene tarea acumulada antes de haber celebrado la sesión de investidura, y a las cuatro Comisiones de Investigación comprometidas con Ciudadanos -aeropuerto de Corvera, desaladora de Escombreras, Novo Carthago y contrato de la televisión autonómica-, hay que sumar una quinta, recién registrada: la que ha de investigar la situación del Servicio Murciano de Salud.
Junto a la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, han presentado la solicitud la Plataforma de Usuarios de la Sanidad Pública del Noroeste, la Plataforma Salvemos el Rosell, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, la Sociedad Murciana de Especialistas en Enfermería del Trabajo, la Asociación de Profesionales de la Sanidad Pública de la Región de Murcia y el Sindicato de Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia.
Los mencionados colectivos han solicitado a los representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional la puesta en marcha de dicha Comisión de Investigación de acuerdo con los artículos 72 y 73 del reglamento del Parlamento autonómico: “Les solicitamos que el dictamen de la misma sea elevado al Pleno de la Cámara para su discusión y adopción de las conclusiones que procedan, y esas conclusiones, en caso de ser aprobadas, sean publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y comunicadas al Consejo de Gobierno y a la Administración afectada, así como al Ministerio Fiscal cuando proceda”.
Además, han pedido que las sesiones sean públicas y que antes de celebrarlas, tenga lugar una reunión con la Junta de Portavoces “para explicar mas detalladamente” la solicitud, algo que según han afirmado, ya le han trasladado a la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver.
La deuda del SMS
Como fundamento de la solicitud, los colectivos que la han registrado han explicado que “desde se asumieron las competencias sanitarias, en 2002, todos los presupuestos anuales han sido deficitarios”. “Ya desde el primero se gastó más de lo que se presupuestó y, año tras año, se ha ido aumentando el presupuesto en función del incremento del IPC sobre presupuesto anterior, y nunca del gasto real, siendo éste el verdadero problema de nuestra deuda sanitaria, que pagamos con unos intereses financieros enormes y que nunca tenía que haberse producido si se hubiera negociado mejor y si, sobre todo en los años de bonanza económica, se hubieran ajustado presupuesto y gasto real”, argumentan.
En su solicitud han incluido también los datos de los últimos ejercicios: “En los presupuestos de 2015 para el Servicio Murciano de Salud se planteó un gasto de 1.622 millones de euros cuando el gasto real de 2013 (se desconoce el de 2014) fue de 2.011 millones de euros; obviando el incremento del IPC, la deuda sanitaria de la Región aumentará en 389 millones de euros”.
“Una de las primeras medidas del PP en sanidad fue la anulación de la incompatibilidad del ejercicio profesional público y privado. Queremos saber si esta medida, que racionalmente podría ser fuente de perversión, ha sido suficientemente supervisada y controlada por los responsables sanitarios. La Ley de Transparencia de la Región de Murcia lo convierte en normativa”, añaden. Y prosiguiendo con el capítulo económico, explican que les interesa “conocer si el gasto en tecnología sanitaria se ha ejecutado con criterios de racionalidad, buen uso y ajustado a la ley, sobre todo en los años en los que más se invirtió”. Además, “interesa saber a cuánto se eleva el costo del gasto farmacéutico en hospitales”. “Nos tememos que puede ser muy elevado y que actúa como lastre en los costes reales del SMS”, argumentan.
Los recortes en sanidad
“En los últimos cinco años los ciudadanos hemos visto recortados los servicios que la sanidad pública nos ha estado ofertando. Se ha implantado una exclusión sanitaria que conculca el derecho a la protección sanitaria de los ciudadanos mayores de 26 años, el de los españoles que emigran a otros países europeos o el de los inmigrantes no regularizados en España”, explican en su solicitud.
A juicio de estos colectivos, “se ha disminuido la accesibilidad a los servicios, cerrado puntos de urgencias periféricos y eliminando el horario deslizante de los centros de salud por las tardes. Se han alargado los tiempos para ser atendidos y las listas de espera son más voluminosas (crecieron en 2013 un 22%), no hay transparencia en los procesos que nos afectan. No sabemos por qué se nos deriva a centros privados sin consultarnos, desconocemos los criterios empleados en la derivación, estas externalizaciones y conciertos con clínicas privadas no han aliviado la espera pero sí han afectado nuestra inseguridad. No existe información pública sobre las empresas a las que se deriva, costos reales y condiciones de concertación”.
Entre los numerosos puntos negros que señalan en la sanidad murciana, continúan subrayando que “se siguen cerrando plantas hospitalarias, no se cubren las jubilaciones ni se sustituyen a profesionales sanitarios, y la precariedad de los trabajadores sanitarios está repercutiendo en la calidad asistencial que se presta, especialmente en Atención Primaria”. Y más: “Se ha abandonado el Hospital del Rosell pese a la falta de camas y a las tremendas listas de espera en el Area de Salud II, en contra de la resolución de la Asamblea Regional que por unanimidad aprobó mantener el Hospital con todos sus servicios”.
Por otro lado, también señalan que “la Receta Electrónica no ha sido una medida suficiente para evitar que los pensionistas paguen más de lo legalmente establecido”. “La única explicación que se nos ha dado es la situación de crisis económica, pero envuelta en una gran falta de transparencia, tanto en las decisiones políticas como en su gestión, que ha condicionado al menos una duda razonable sobre la veracidad de la situación y el buen gobierno”, indican.
La Asociación de Usuarios y el resto de colectivos que han urgido a la creación de la Comisión de Investigación, creen que “sólo un análisis riguroso y exhaustivo de la situación actual y la de, al menos, los diez últimos años del SMS permitirá sentar las bases sobre las que articular una acción de gobierno creíble y sensata, sometida al control parlamentario que ha surgido de la nueva realidad política de la Región”. “Lo importante es afrontar los problemas desde el rigor y el conocimiento, y que los ciudadanos tengamos la información necesaria sobre la gestión del Servicio Murciano de Salud que financiamos entre todos”, concluyen.
Puntos a investigar
Como líneas fundamentales en la Comisión de Investigación, los colectivos del ámbito sanitario prononen los siguientes:
- Investigación sobre la situación de las Listas de Espera Quirúrgicas por especialidades y por procesos, las de Pruebas Técnicas y las de Consultas de segundo nivel asistencial. Se ha de conocer las razones por las que no se cumple la ley de plazos máximos. Cuáles son los criterios que se aplican en los llamamientos de esas listas y aquellos otros por los que se deriva a clínicas privadas. Se ha de saber por qué hay diferencias tan significativas entre diferentes áreas sanitarias. Se ha de comprobar si la publicación de las mismas cumple la legislación.
- Investigación sobre las derivaciones a clínicas concertadas, contratos con esas clínicas con indicación de su importe y destinatario. Informes técnicos previos que establecen la necesidad de concertación con cada una de ellas. Coste efectivo y real de estas derivaciones y cantidad de pruebas que se han derivado. Informes de evaluación de los servicios concertados. Investigación sobre el tratamiento de datos personales en los llamamientos a pruebas e intervenciones en clínicas concertadas.
- Una investigación de los aparatos y servicios que están infrautilizados en los hospitales y centros sanitarios públicos.
- Investigación sobre la actual situación del Hospital El Rosell. Informes previos que justificaban cerrar servicios y plantas.
- Informe sobre la situación actual del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del H. Virgen de la Arrixaca.
- Investigación del gasto farmacéutico en Hospitales y servicios.
- Investigación del proceso de puesta en marcha de GISCARMSA y sus consecuencias sobre las arcas públicas.
- Investigación y relación de los empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público o reconocida la compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas. En esta relación se incluirá, al menos, la denominación y descripción del segundo puesto o actividad pública o de la actividad privada, el horario a realizar y la fecha a partir de la cual se autoriza o reconoce tan compatibilidad.
- Investigación sobre la situación económico-financiera del Servicio Murciano de Salud.