“La situación es insostenible”, apunta Marisa Maldonado de la FAPA Juan González de la Región de Murcia. La Policía Antidisturbios y la Nacional disolvieron el pasado jueves por la tarde al más de millar de personas llegados de todas partes de la Región que se habían concentrado inicialmente frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y que, sobre las 20h, se desplazaron hasta la Gran Vía, donde cortaron el tráfico para “mostrar su cabreo ante un problema tan grave” como ha sido el caótico inicio de curso escolar.
El mes de septiembre ha concluido y en la comunidad murciana todavía hay “5.000 escolares sin transporte, otros 2.000 instalados en barracones sin habilitar, alumnado que lleva un mes sin profesor y hasta personal de los centros que ha tenido que salir a comprar comida porque no había para todos”.
En la Región, continúa Maldonado, “todo está encaminado a privatizar y concertar puesto que todos los problemas están en la educación pública. Y, encima, presumiendo de de igualdad y de libertad: no se está respetando ni la libertad ni la igualdad de las familias que queremos una educación pública de calidad”.
Entre 2010 y 2022 la inversión en la red pública regional ha crecido solo un 9,17%, 410 euros por alumno, mientras que en la privada subvencionada se ha incrementado en un 43,38%, 1.283 euros por cabeza. “Los de la pública son niños y niñas de segunda, vivimos en un apartheid; privatizar y segregar son dos caras de la misma moneda”, ejemplifica Vladimir Solá, maestro en la pública y coportavoz del sindicato STERM-i.
Tampoco pintan mejor las cosas en materia de infraestructuras. La tuitera murciana Maestra Enfurecida señala que desde 2010 -según datos de Transparencia- no se construye ningún centro. “Está registrado un centro en Jumilla, pero fue uno que tuvieron que reformar porque se caía a pedazos y consta en registro como nuevo; eso sí, es constante el cierre de líneas en la pública para reforzar la concertada hasta en bachillerato”. Según Susana Navarro, protavoz de Docentes Unidos en la Región, “asistimos al desmantelamiento de la educación pública por la concertada; es una seña de identidad de los gobiernos del PP”.
Como muestra, la Región es la comunidad con peores datos en educación pública, según el informe 'Socieducación 2023' elaborado por la Asociación Sociedad Civil por la Educación. Le sigue Madrid. Ambas, gobernadas por el PP. Según el informe, Murcia es la tercera comunidad que destina a educación más porcentaje de su PIB; pero también es la tercera (por la cola) que menos inversión destina a la pública.
Isabel Saturno y Olga Catasús presiden la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Secundaria y Primaria de la Región de Murcia. Ambas insisten en la necesidad de planificar mejor para evitar problemas estructurales en el sector de la educación pública e inicios de curso “un poco caóticos en algunos aspectos” como el presente. “Son muchos problemas variados, en el servicio del comedor y transporte, la instalación de barracones... pero que no han afectado a todo el alumnado por igual; el problema fundamental es la falta de planificación y trabajar con antelación”, apunta Olga Catasús.
5.000 alumnos, sin transporte escolar
El conflicto del transporte escolar es el último que le ha estallado al consejero murciano de Educación, Víctor Marín, a quien las familias han pedido la dimisión. En junio de 2021 las empresas de los autocares escolares de la Región organizaron su primer parón ante el Acuerdo Marco que planteó la Administración regional para regular los precios. En este comienzo de curso hasta 10.000 alumnos se quedaron sin poder acudir al colegio, cifra que se ha reducido a la mitad en la actualidad, porque las empresas se negaron a arrancar sus autocares. “Nos plantean un acuerdo que es deficitario. Tras las protestas del año pasado cedimos, pero ahora tenemos las cuentas sobre la mesa y perdemos dinero; no somos una ONG”, explican desde las empresas de transporte.
“Llegó septiembre y la consejería decidió no moverse un ápice. Ya llevábamos avisando desde hacía tiempo que este año se jubilaba mucha flota de autobuses, lo cual implica inversiones muy potentes para las compañías; por no hablar del precio de la gasolina o la necesidad de tener plataformas en los vehículos para el alumnado con necesidades especiales”, añaden. El 28 de agosto la consejería murciana se puso en contacto con el sector para proponerles un contrato de emergencia al precio del Acuerdo Marco que las empresas no aceptaron. “Entendemos que en la consejería han jugado al póquer”, apuntan. De nuevo se han negado al aumento del 30% del precio ofrecido por Marín “porque se trata de un parche para tres meses”.
Desde la consejería afirman que los “precios que han sido ratificados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales” y que se ha ofrecido crear “de inmediato un grupo de trabajo de carácter técnico con los representantes del sector”, además de que “el incremento de precio por motivos contractuales y legales se puede producir a partir de 2024”.
El IES José Planes de la pedanía murciana de Espinardo es un centro que tiene 454 alumnos afectados por el transporte y “no es posible imaginar la que se lía todas las santas mañanas a la entrada y salida del centro”, señala Sergio, presidente del AMPA. “Yo tengo una empresa privada y si mi sector de ventas me dice que cuando tengo que vender el producto no está listo el transporte, está en la calle”. Maldonado subraya que “las familias tienen que perder horario laboral para llevar a recoger a su hijo y les está ocasionando enormes problemas, por no hablar de los económicos para quienes tienen que pagar un taxi para los niños con problemas de movilidad”.
Trabajadores de centros escolares, pagando la comida del comedor
Al Director General de Centros Educativos e Infraestructuras de la consejería murciana de Educación, Jesús Pellicer, le costó el cese el pasado 22 de septiembre los problemas generados tanto en el transporte como en el suministro de algunos comedores de colegios públicos. Desde CCOO habían informado dos días antes que Pellicer había ampliado la licitación de suministro para 75 colegios a la empresa Catering 45 sabiendo desde hacía cinco meses que la compañía tenía “irregularidades laborales” como el impago de las nóminas, e incluso el hecho de que trabajadores de dichos centros “habían tenido que poner aportaciones económicas para elaborar la comida y que este dinero no les había sido abonado por la empresa”.
“Hay niños becados a los que no se les está ofreciendo la comida porque no hay espacio en el centro, o también nos encontramos en algunos comedores escolares con menús racionados. O alumnado diciendo que se tienen que repartir la fruta porque no hay suficiente para todos o que no pueden repetir”, enumera Maldonado, visiblemente molesta.
Segregación del alumnado
El sistema regional tiene como “máxima” la segregación étnica y de clase, analiza Vladimir Solá, maestro en la pública y coportavoz del sindicato STERM-i. La planificación, continúa, es una “pesadilla social”. El 87% de alumnado extranjero está en la pública. Y concreta que los que nacen aquí, pero de origen migrante, no computan como extranjeros, “pero van al gueto igual”. Vienen en un 52% de Marruecos, un 12% de Ecuador o un 5% de Bolivia, y “son sistemáticamente segregados como ganado al calor de la privatización educativa”. Nueve municipios tienen más de un 20% de alumnado extranjero, especialmente en la zonas del Guadalentín y Campo de Cartagena, las áreas de barracones por excelencia.
Toda esta ingeniería social “aberrante”, critica Solá, tiene también objetivos electorales, “puesto que los centros privados tienen ideología; funciona con procesos de escolarización, des-zonificación, baremación, reserva de plazas, para que los centros privados subvencionados perpetúen la reproducción social”. A través de “cuotas ilegales y gastos por servicios”, señala, “se confina a las clases populares en la pública”.
Con casi 23.000 seguidores en Twitter, Maestra Enfurecida coincide con Solá: “No hay integración; debería haber una regulación para la población migrante que no tiene el idioma, que se estableciesen cupos -también en los concertados-, porque hay clases y colegios con porcentajes muy elevados de niños que necesitan apoyo y es muy difícil sacar esos grupos adelante”. Maestra Enfurecida critica que muchos colegios se han convertido en auténticos guetos, como el CEIP Cuatro Santos, en Cartagena; conocido en el vecindario como el 'colegio moro', el centro cuenta con 193 alumnos, de los que un 70% son musulmanes.
“Sucede también con el alumnado de muy bajos recursos, con problemas de aprendizaje, absentismo... y por mucho que la Consejería mande más recursos, se lastra el funcionamiento del centro”. La tuitera echa la culpa al distrito único: “Antes la escolarización se hacía donde te tocaba, pero ahora al poder escoger nos vamos organizando en diferentes dimensiones y cada uno no ve la del otro”.
La solución pasa por “planificar mejor”. Maestra Enfurecida pone el acento en que los colegios concertados “hacen estudios para ver qué tipo de familias escolarizar; por ejemplo, cómo puede ser que en un área de urbanizaciones de 17.000 personas en Molina de Segura no haya ni un solo colegio público, pero sí que encuentres concertados o privados”, se pregunta.
Otra vía de segregar en la concertada, apunta, son las altas cuotas que a veces hay que afrontar para formar parte del AMPA. “En Murcia llegó a pasar que en el Antonio de Nebrija bajaron a un niño del escenario durante un festival porque su familia no había pagado el impuesto revolucionario”. Una sentencia fijó que el centro tenía que afrontar una indemnización de 300.000 euros, “pero la Consejería dejó que prescribiera la multa”.
Veto parental
Susana Navarro, portavoz en la Región de Murcia de Docentes Unidos, se muestra despreocupada en cuanto a la posible aplicación del veto parental en las aulas. “Poco pueden hacer, ya quedó claro con la intentona del curso 2018-2019, y hasta la exconsejera ultra de Educación, Mabel Campuzano, tuvo que reconocer que no era posible legalmente su aplicación” y buscar otras fórmulas para endurecer las condiciones de acceso a estas actividades. Lo “único” que se pudo implementar fue el informar previamente a los padres de las actividades del centro. “Pero estamos hablando de actividades obligatorias a las que tienen que asistir los alumnos y que son temas transversales muy importantes”, señala Navarro para quien dirigir la atención hacia el veto parental no es más que una escaramuza del Gobierno regional para no afrontar “la falta de inversión en la pública y que estamos a la cola de todos los indicadores, con unas ratios desorbitadas, muchísimos barracones, infraestructuras obsoletas, tasas elevadas de abandono escolar y muchos problemas detectados en materia de salud mental”.
Para Mar Tornero, presidenta del colectivo LGTBIQ+ Galactyco, “el veto parental es una reclamación del conservadurismo más rancio para tratar de evitar la educación en igualdad que exige nuestra legislación”. Y sigue: “Vulnera la Ley de Igualdad LGTBI regional, aprobada por unanimidad antes de la presencia de Vox en nuestras instituciones, la Ley de Educación y los diferentes decretos que la regulan, sobre lo que se consideran enseñanzas curriculares; y por supuesto vulnera la nueva Ley de Igualdad LGTBI estatal”. Es decir, que es “completamente ilegal, tal y como se demostró, y por lo que el PP tuvo que retractarse”. Para Tornero, “ciertamente, los progenitores tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, pero no a costa de las libertades y derechos del resto de la ciudadanía, ni incumpliendo toda nuestra legislación en materia de educación e igualdad”.
En su opinión, “pretenden imponer un modelo educativo que perpetúa no ya solo la LGTBIfobia que aprenden en casa, también el machismo y la xenofobia; son muchos los jóvenes que aún hoy en día se encuentran en situación de vulnerabilidad por el rechazo de sus propias familias solo por ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans; por lo que las administraciones públicas tiene el deber de proporcionar herramientas para luchar contra toda desigualdad y prejuicios por razón de sexo, origen, orientación sexual o de género, lacras que habitan en el seno de las familias”.
Barracones sin habilitar
Entre los colegios e institutos de la Región hay diseminados 75 barracones. “Es por el afán de la Consejería de no construir, que en realidad es mucho más económico que el alquiler que se paga mensualmente desde hace años a la empresa adjudicataria de los módulos”, explica la portavoz de Docentes Unidos, Susana Navarro. “Son construcciones portátiles que no protegen del frío o del calor, ni contra las lluvias, ni son dignas para un país europeo y moderno del siglo XXI”, afirma Navarro.
El caso más mediático en este arranque de curso ha sido el de los centros de Los Alcázares, que llevan desde 2015 dando clase en barracones. De las 75 aulas prefabricadas en la Región, un total de 17 se encuentran en este municipio costero. De estas, de nueve están en el IES Menárguez Costa, uno de los centros más afectados, donde entre 240 y 250 de sus alumnos han empezado las clases de forma online por el atraso en la instalación de las aulas modulares al expirar a final de curso el contrato con la antigua adjudicataria. El Menárguez Costa es un centro diseñado para atender a 450 alumnos y alberga a 1.144, por lo que además de instalar nueve barracones ha sido necesario convertir todas las zonas comunes en aulas.
“No han resuelto el problema todavía; sí que hemos ubicado a los estudiantes que tuvieron que empezar el curso online, pero los barracones no están equipados al cien por cien, no hay acceso a internet y el mobiliario es escaso”, se queja la concejala de Educación de Los Alcázares, José Lajara, quien adelanta que se está organizando una concentración de protesta a las puertas de la Consejería en Murcia el próximo viernes 6 de octubre. “En los Alcázares las aulas están instaladas y los alumnos, dando clase desde el martes”, apuntan desde la consejería murciana de Educación.